editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Nueva etapa entre Colombia y Venezuela

La voluntad política de resolver el conflicto fronterizo entre ambos países debe respetar el derecho de asilo y refugio

Tránsito de migrantes en el puente Simón Bolívar, entre Colombia y Venezuela, este mes.
Tránsito de migrantes en el puente Simón Bolívar, entre Colombia y Venezuela, este mes.Santiago Mesa

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela es sin lugar a dudas la decisión que más expectación ha generado en la región desde el triunfo de Gustavo Petro en las urnas en junio pasado. Desde entonces ha habido multitud de gestos, aunque el paso decisivo, simbolizado por la reapertura de una frontera porosa e inestable de más de 2.200 kilómetros, todavía no se ha dado y no tiene plazos concretos. Pese a la voluntad de Petro de inaugurar una nueva etapa con el Gobierno de Nicolás Maduro, ese acercamiento es más complejo que un simple borrón y cuenta nueva. No basta con deshacer la política de choque frontal con Caracas adoptada por Iván Duque.

En primer lugar, antes de reabrir de facto la frontera hay que sentar las bases para garantizar condiciones de seguridad en ese territorio, tras siete años de cierres parciales y totales. En 2015 empezaron a interrumpirse por orden de Maduro la relación comercial y el tránsito vehicular entre los dos países. Las tensiones que marcaron los últimos años derivaron más tarde en una ruptura total en 2019. Colombia desempeñó entonces un papel decisivo por la cercanía entre el expresidente Duque con la Administración de Donald Trump. Se convirtió en la principal meta de la migración venezolana, llegando a acoger, según Naciones Unidas, más de cinco millones de personas expulsadas por una brutal crisis económica, la falta de oportunidades, las profundas tensiones sociales y el acoso de las autoridades.

Petro quiere revertir esa deriva diplomática. La letra pequeña de la reactivación de las relaciones pasa ahora por la devolución de una empresa de fertilizantes, llamada Monómeros, que perteneció al Estado venezolano y que Duque expropió para entregársela a Juan Guaidó. Pero más allá de los aspectos jurídicos de la negociación, lo relevante es el alcance de una decisión política que seguramente traerá beneficios económicos a ambos lados de la frontera. El nombramiento de un cercano colaborador como embajador en Caracas, el excongresista Armando Benedetti, demuestra el interés del presidente colombiano en la agenda bilateral. Sin embargo, este paso no debe suponer un cheque en blanco a Maduro ni mucho menos una validación de las violaciones de los derechos humanos. Los migrantes que continúan en Colombia no deberán verse afectados por esta nueva etapa y las previsibles exigencias del Gobierno chavista, especialmente en los casos de refugiados o perseguidos políticos. Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen, ha pedido la extradición de estos últimos y se ha encontrado con el rechazo frontal del propio Petro, que ha asegurado que respetará el derecho a asilo y refugio. Una senda sin espacio para los equívocos es la que debe encauzar la nueva relación.

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