EDITORIAL
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Mantener el fuego a raya

Los bomberos de Castilla y León aciertan en reclamar que no se escatimen medios para prevenir los incendios forestales

Un bombero trabajaba el 28 de julio en la extinción de un incendio forestal en Castrelo de Miño (Ourense).
Un bombero trabajaba el 28 de julio en la extinción de un incendio forestal en Castrelo de Miño (Ourense).Brais Lorenzo (EFE)

Apagados los últimos fuegos del verano, llegan las cartas de despido. Muchos de los bomberos forestales que han participado en las agotadoras tareas de extinción de los incendios que han asolado el país este verano, ven ahora rescindidos sus contratos. Algunos de ellos, contratados por el Gobierno de Castilla y León, han emprendido una marcha de protesta para llamar la atención sobre un error: el desmantelamiento de unos servicios que podrían realizar una importante labor de prevención. Lo que plantean es razonable. Tan importante como disponer de efectivos para apagar los fuegos cuando arden es poderlos evitar. No se trata de dimensionar el servicio permanente con los efectivos necesarios para los momentos de máxima necesidad, porque eso sería insostenible, pero tampoco de resignarse a una política meramente reactiva a los acontecimientos.

La península Ibérica resulta especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. En la última década se han contabilizado las temperaturas más altas desde que se tienen registros. Eso explica las catastróficas cifras de suelo devastado por el fuego este último verano. Hasta el 1 de septiembre, se habían quemado en España y Portugal más hectáreas de bosque (393.283) que en el resto de los 25 países de la UE juntos (352.592). De ellas, 293.326 corresponden a España.

Las condiciones adversas no van a desaparecer de repente. Al contrario, las proyecciones científicas indican que el riesgo de incendios aumentará. Habrá que tomar medidas para mitigar sus efectos y dimensionar los recursos a las nuevas necesidades. Castilla y León, que este año ha perdido 80.000 hectáreas y ha tenido que lamentar tres víctimas mortales, dedica 65 millones de euros anuales a extinción y prevención, lo que supone 13,65 euros por hectárea forestal, frente a los 88,2 euros de Galicia o los 39,2 de Andalucía. Cada comunidad debe adecuar los recursos a la magnitud del desafío.

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Los servicios de extinción están hoy mejor preparados y dotados que en 1985, cuando se batió el récord de hectáreas quemadas (484.475), pero los fuegos son ahora mucho más peligrosos porque han aumentado las condiciones adversas que los propagan: temperaturas mucho más altas, baja humedad y bosques cada vez más densos y extensos, con una gran masa calórica acumulada. El abandono de cultivos ha propiciado que se formen grandes masas de bosque continuo que, una vez que el fuego alcanza determinada potencia, ya es muy difícil de parar. Sobre el aumento de temperaturas no se puede incidir en el corto plazo ni a nivel local, pero sí podemos intervenir sobre las condiciones en que se encuentran los bosques, desbrozando, retirando la leña seca, abriendo corredores y cortafuegos, entre otras medidas preventivas que se deben hacer en invierno. El dinero que se gaste en prevención nunca estará mal gastado.


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