tribuna
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En la lucha final

Una consecuencia de la polarización es que cada elección se presenta a los ciudadanos como una batalla escatológica entre el bien y el mal, una estrategia eficaz pero que acaba legitimando la sublevación contra la legalidad

Martin Elfman

El resultado de las elecciones parciales en Estados Unidos parece haber conjurado, al menos por el momento, el riesgo de una involución democrática en la que sigue siendo la potencia hegemónica mundial. Sin embargo, más allá de que los resultados no hayan avalado la deriva a la que el antiguo presidente Donald Trump desea arrastrar al Partido Republicano, especialmente peligrosa en una coyuntura internacional como la provocada por la invasión rusa de Ucrania, el problema que deja detrás esta convocatoria de los norteamericanos a las urnas, y que desborda las fronteras de Estados Unidos, es por qué elecciones que en otras circunstancias se inscribirían en un procedimiento constitucional reglado y hasta rutinario adquieren, de pronto, la dimensión de un conflicto escatológico entre tiranía y democracia. El fenómeno no solo afecta a Estados Unidos, sino que, con creciente intensidad, está produciéndose en la mayor parte de los sistemas democráticos, sin importar la latitud ni el continente, como demuestran los recientes casos de Italia o Brasil. También en España algunos líderes políticos no han dudado en dramatizar el voto hasta el extremo de afirmar que unas simples elecciones autonómicas decidirían nada más ni nada menos que entre el comunismo y la libertad, mientras que, desde el otro extremo, se sostenía que lo que se jugaba en esas mismas urnas agónicas era la libertad o el fascismo.

Por descontado, excesos como estos responden a la asfixiante polarización de la vida política en todo el mundo. Pero la polarización, por su parte, ¿a qué responde? Vincularla a los estragos provocados por la crisis de 2008 forma parte de un recetario sociológico del que no se puede disentir, pero que tampoco contribuye a identificar causas más concretas ni, en consecuencia, a entrever una solución. Porque la crisis de 2008 no fue una catástrofe natural ocurrida en un entorno económico y social surgido de manera espontánea, sino el fracaso de una política que se impuso tras el final de la Guerra fría, y que, a diferencia del modelo keynesiano desde el que las democracias habían hecho frente a la Unión Soviética, sostenía que la igualdad no debía ser un objetivo explícito de la acción gubernamental, y que, por tanto, el Estado redistributivo debía reducir su tamaño. Lo sorprendente de la crisis es que en 2008 sucedió lo que, al menos desde comienzos del siglo XX, la literatura económica estaba en condiciones de anticipar que sucedería, y es que las fuerzas del mercado, libradas a su propia dinámica sin reglas, eran incapaces de detener la lógica absorbente de la optimización de beneficios un paso antes de la catástrofe. En esta ocasión se llegó a afirmar, incluso, que los ciclos descritos en los más elementales manuales de teoría económica habían sido abolidos por la nueva ortodoxia.

Con todo, el paisaje en ruinas con el que la economía mundial ha debido convivir desde la crisis de 2008 no tenía por qué traducirse en crispación política, como se da por descontado. Es difícil imaginar una devastación mayor que la que enfrentaron los gobiernos tras la Segunda Guerra Mundial, y, sin embargo, fue precisamente esa devastación, fue precisamente la inequívoca conciencia acerca de las políticas que la habían provocado —no solo el nazismo, sino también las reparaciones de guerra impuestas a Alemania en 1918, según denunciaría Keynes— lo que permitió construir un sistema internacional de normas para preservar la paz, la libertad y la igualdad pese a las graves amenazas que persistían. Lejos de aprender del pasado y adoptar una actitud equivalente ante una realidad menos dramática, algunos gobiernos, o, por mejor decir, algunas fuerzas políticas que han aspirado al Gobierno desde 2008, se han ido dejando arrastrar elección tras elección a una estrategia originalmente puesta en circulación por los republicanos del presidente George W. Bush. Elaborada por Karl Rove, miembro de su Gabinete, dicha estrategia consistía, y consiste, en elegir como eje central de campaña asuntos capaces de polarizar a los votantes, de manera que, apropiándose acto seguido de la posición más conveniente según el principio de claridad moral, un partido consigue el pleno de sus apoyos mientras que los rivales pierden la mayor parte de los suyos.

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La estrategia, sin duda, resulta electoralmente eficaz, como bien se ha demostrado esta semana en Estados Unidos, donde, confirmando hasta qué punto una vez que se pone en circulación todos los partidos se ven forzados a seguirla, los demócratas no solo han planteado que las urnas decidirían acerca del futuro de la democracia americana —algo en lo que podría no faltarles razón según quien acabe siendo el candidato republicano a la Casa Blanca—, sino que, según la prensa, en algunos Estados han apoyado a los rivales más extremistas para dar credibilidad a su eje de campaña. Una vez más, el fenómeno desborda las fronteras de Estados Unidos, porque el efecto secundario de dirimir las elecciones en los extremos para, a continuación, apelar al principio de claridad moral, no ha sido otro que ir generalizando poco a poco la convicción de que, en democracia, la legitimidad no solo deriva del voto, sino también de una serie de criterios o valores que se situarían por encima de la voluntad expresada en las urnas, y que, al no estar reglados, al no estar contemplados en los textos constitucionales, los ciudadanos, llegado el caso, podrían invocar espontáneamente para impugnar los resultados electorales que no coinciden con sus preferencias. Los partidarios de Trump asaltando el Capitolio es el ejemplo más dramático, pero no es necesario llegar tan lejos. Cuando Mario Vargas Llosa, por lo demás, un demócrata respetuoso y convencido, a diferencia del expresidente americano, escribió que los ciudadanos pueden votar bien o votar mal, solo podía estar haciendo implícita mención a esos criterios o valores por encima del resultado de las urnas. Y otro tanto cabe decir de Fernando Savater, cuando en un artículo reciente dejaba entrever una cierta comprensión hacia la desobediencia civil frente a algunas leyes aprobadas por el actual Gobierno español con las que no estaba de acuerdo.

A la vista de los crecientes peligros que se ciernen sobre los sistemas democráticos, de los que no cabe excluir la sucesión de elecciones donde, según algunos partidos que concurren, está en juego su ser o no ser, es difícil no evocar sin un punto de sarcasmo los versos de La Internacional en los que sus autores, Eugène Pottier y Pierre Degeyter, llamaban a agruparse en una lucha final a favor de la causa proletaria. Quién podía imaginar en el momento de la caída de la Unión Soviética que una de las huellas más perdurables del comunismo sobre los sistemas democráticos se resumiría precisamente en ese verso de La Internacional. A fuerza de actuar como si cada elección fuera, en efecto, una lucha final, no habría que descartar que esa lucha llegue, sobre todo cuando la amenaza nuclear ha hecho acto de presencia. Pero aun así, tampoco será final, sino un punto y aparte tras el que el mundo, quizá otro mundo, seguirá su curso indiferente, y quienes sobrevivan, si es que alguien lo hace, se verán obligados a comenzar desde el principio. Es decir, a establecer normas que, decidiendo entre programas políticos en procedimientos constitucionales reglados y hasta rutinarios, ajenos a cualquier escatología, preserven la paz, la libertad y la igualdad, o lo que de ellas haya quedado.

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