editorial
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Planes para frenar el suicidio

El significativo aumento de casos en situación de riesgo obliga a proyectar un plan integral de prevención

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la presentación de la línea 024, el 9 de mayo en Madrid.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la presentación de la línea 024, el 9 de mayo en Madrid.SERGIO PÉREZ (EFE)

Tras años de estigmatización y tabú en torno al suicidio, los métodos de prevención empiezan a ser reconocidos como instrumentos indispensables para mitigar su incidencia. El aumento de llamadas a los teléfonos de prevención del suicidio, en particular tras la pandemia, delata un aumento sustancial de las peticiones de ayuda, a menudo en situaciones límite. Casi siempre son el último intento desesperado de pedir auxilio, por lo que su función es crucial. En cinco meses, el teléfono del 024 creado por el Gobierno ha recibido alrededor de 50.000 llamadas, más de 300 diarias. Desde que se puso en funcionamiento en mayo pasado, ha movilizado los servicios de emergencia del 112 en más de 2.000 ocasiones y ha intervenido en más de 800 suicidios en curso. Los teléfonos habilitados por las comunidades autónomas a través del 061 y otros servicios de ayuda como el Teléfono de la Esperanza o el de la Fundación Anar reportan por su parte incrementos desde 2020 que oscilan entre el 30% y el 64%.

Detrás de esas cifras hay siempre circunstancias personales intransferibles y únicas. La mayoría de los comportamientos suicidas están asociados a situaciones sociales de violencia o de soledad extrema. Muchas de las personas que planean suicidarse lo que quieren no es tanto quitarse la vida como acabar con el sufrimiento que no les deja vivir. Disponer de una línea fácilmente accesible las 24 horas del día es un instrumento de prevención especialmente adecuado para atender esas situaciones, pues permite dar respuesta y soporte emocional a quienes llaman y activar sistemas de ayuda inmediata.

Pero el servicio del 024 debe ser concebido como el último eslabón de la prevención. El servicio fue creado con cargo a la partida de 100 millones adicionales para salud mental anunciada por el Gobierno para afrontar los efectos de la pandemia, pero esa cantidad resulta irrisoria para afrontar el aumento de los casos y las llamadas, y está muy lejos de poder dar respuesta a un problema cuya magnitud requiere un enfoque integral y más intenso.

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En el caso del suicidio, la primera condición para medidas efectivas es poder detectar las situaciones de riesgo a tiempo. Para ello es preciso desplegar un sistema de vigilancia epidemiológica en salud mental que permita observar los grupos y situaciones de alarma. Y mecanismos eficaces de intervención. El instrumento más idóneo es un plan nacional de prevención del suicidio, como ya existen contra las drogas o contra el sida. Ese plan debería coordinar los recursos y las labores de vigilancia, con especial atención al grupo de edad de 16 a 24 años, en el que el suicidio constituye la segunda causa de muerte después del cáncer (y por delante de los accidentes de tráfico). El excepcional éxito de las políticas públicas contra la siniestralidad en la carretera demuestra que cuando existe convicción política, preparación profesional y recursos económicos, la mortalidad desciende. España ha logrado reducir de forma muy potente la mortalidad vial: de 9.344 muertos en 1989 se pasó en 2019 a 1.755, a pesar del incremento de la movilidad. Significa un 80% menos de muertes. En 2020 se registraron en España 3.941 suicidios: una tasa importante de ellos podía haberse evitado con un modelo de intervención y prevención a la altura del drama y tras la evidencia de que la pandemia ha sido en los últimos dos años un factor cierto de desestabilización, en particular entre los jóvenes.

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