Islas Caimán, Islas Vírgenes y Delaware: el entramado de sociedades opacas de Santiago Calatrava

El arquitecto, que vive en Suiza, usó compañías en paraísos fiscales para reorganizar sus empresas, como revela la documentación de los ‘Papeles de Pandora’

Ilustración: Sr. García
Ilustración: Sr. García

Una sociedad instrumental en un paraíso fiscal ha servido de piedra angular de la estructura empresarial de Santiago Calatrava (Benimámet, Valencia, 70 años). El arquitecto, que vive en Suiza y tiene pasaporte suizo, fue designado en 2013 director de una compañía en las Islas Vírgenes Británicas, Anchorgate Management Limited, cuyo objetivo era ejercer de matriz de una compañía en Delaware, minúsculo territorio de Estados Unidos que ofrece secretismo y nula tributación a las sociedades extranjeras. Él y su esposa han estado vinculados además a otras tres sociedades en las Islas Caimán e Islas Vírgenes, una de las jurisdicciones más opacas del mundo, utilizadas para gestionar obras de arte, inversiones millonarias y propiedades inmobiliarias. Sus abogados aseguran que cumple con las leyes allá donde opera.

Los documentos que acreditan estos lazos societarios son parte de los Papeles de Pandora, una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que participan EL PAÍS y La Sexta en España. Se trata de 11,9 millones de archivos de 14 bufetes especializados en la creación de sociedades en jurisdicciones opacas.

Este tipo de sociedades son legales. Se benefician de las normas laxas de los territorios donde están registradas y el problema es qué se hace con ellas y lo que implica su uso: se calcula que los paraísos fiscales cuestan a los gobiernos mundiales entre 400.000 y 800.000 millones de euros en impuestos cada año, dependiendo de las estimaciones.

Santiago Calatrava ha sido sin duda el arquitecto español más internacional del mundo a principios del siglo XXI. “Las grandes ciudades que todavía no tenían una obra suya habían empezado a sentirse incompletas sin ella”, describe Llàtzer Moix en el libro Queríamos un Calatrava. Pero tras las polémicas por los sobrecostes y problemas de sus obras o por su vinculación con casos de corrupción, llegó a convertirse en el paradigma del pelotazo arquitectónico y la megalomanía.

El arquitecto reorganizó sus empresas y sociedades en 2012, un año después de su imputación en el caso Palma Arena. Tuvo problemas legales con el encargo de la Ópera de Palma por el Gobierno balear de Jaume Matas (PP), aunque en 2014 se retiraron los cargos por este asunto. La obra no llegó a realizarse y Calatrava recibió 1,2 millones de euros por dos maquetas, un vídeo y un power point.

En noviembre de ese año trasladó de Madrid a Zúrich la patrimonial Calatrava & Family Investments GmbH, incluyendo la participación que él y su familia tenían en la sociedad suiza Santiago Calatrava GmbH. Tanto en España como en el país helvético la empresa dependía al 100% de SCH I LLC, una sociedad radicada en Delaware. En este Estado norteamericano (al igual que en otros como Nevada o Wyoming) las compañías no tienen que pagar impuestos locales si no operan en la región y apenas tienen que dar información sobre sus beneficiarios.

“Ser matriz de una sociedad en Delaware” era justamente el objeto de Anchorgate Management Limited, la sociedad en las Islas Vírgenes de la que Calatrava y su esposa fueron directores desde comienzos de 2013, según consta en documentos internos de Trident Trust, uno de los proveedores de servicios en el núcleo de la filtración. A su vez, esta sociedad dependía de otra, Calatrava 2013 Middle East Trust, radicada en las Islas Caimán, que ha trabajado con bancos y despachos de abogados hasta al menos 2016. Calatrava en 2016 era además beneficiario de otras dos sociedades en las Islas Vírgenes. Una, Greystone Ltd, tenía como objetivo “invertir en acciones y títulos” en Qatar por un valor estimado de 11,5 millones de dólares. La otra, Stonegray Ltd, servía para poseer “obras de arte de Estados Unidos” con un valor aproximado de 50.000 dólares.

Son años en los que se acumulan los problemas legales para el arquitecto en España. En 2014 la Generalitat valenciana demandaba al arquitecto por no poder garantizar la reparación de la cubierta del Palau de les Arts, uno de los edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el complejo de más de 35.000 metros cuadrados con estructuras y puentes firmados por el arquitecto. Las partes llegaron a un acuerdo. Pero dos años después Calatrava fue condenado por los fallos en la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo, por los que tuvo que pagar a la promotora Jovellanos XXI un total de 2,96 millones de euros.

Los archivos internos de Trident Trust revelan además otras incursiones de las empresas de Calatrava en refugios fiscales. En 2000, un año después de ser galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Artes, creó Park Avenues Asset Management LTD, también en las Islas Vírgenes Británicas. Las acciones de la sociedad pasaron de él a su esposa en 2001. Dos años después el matrimonio compraría una vivienda justamente en la calle de New York al que remite el nombre de la sociedad, Park Avenue, en Manhattan, y donde hoy se encuentra un despacho de Calatrava en Estados Unidos.

A preguntas de EL PAÍS y La Sexta, el abogado del arquitecto subraya que todas las actividades y oficinas que su cliente tiene en el mundo “cumplen con las leyes, normas y regulaciones en las que están situadas” y que “sus empresas realizan todas las declaraciones de impuestos aplicables en los países donde operan”.

Patricia Rodriguez Blanco ha colaborado en la elaboración de esta información.

Sobre la firma

Daniele Grasso

Italiano de nacimiento y madrileño de adopción, es periodista especializado en análisis de datos e intenta contar el mundo a través de ellos. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

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