¿Puede ser una empresa alemana responsable por daños causados en Argentina?

En 2023 entrará en vigor una ley que obliga a las grandes empresas de Alemania a garantizar que sus proveedores respeten los derechos humanos y protejan el medio ambiente. El comercio de la soja es un ejemplo del dilema moral y legal que se plantea

Griselda Ruiz, granjera de 60 años, y su marido pasean por los campos de soja.
Griselda Ruiz, granjera de 60 años, y su marido pasean por los campos de soja.Felie Zernack

Griselda Ruiz avanza encorvada por su finca cerca de Campo Largo, en la provincia de Chaco, en el norte de Argentina. Ella y Jorge, su marido, cultivan maíz. Entre sus plantas crecen toda clase de hierbas que hacen que su campo parezca casi verde en comparación con las enormes parcelas que lo rodean. Las propiedades vecinas están sembradas con maíz y soja, pero no se ven malas hierbas. Ella conoce la causa: los pesticidas. “El veneno está en todas partes”, denuncia. Cuando el viento sopla del norte, como ahora, les trae las sustancias químicas de los campos de soja.

Ruiz, agricultora de 60 años, se levanta una manga de la camisa y señala las pústulas del tamaño de una moneda que tiene en el brazo: “Estoy cubierta de ellas”. A su marido le diagnosticaron cáncer de riñón en 2010. El médico le preguntó si vivía en una zona rural, porque los síntomas eran los típicos.

La soja es uno de los principales productos de Argentina, y Alemania, que es el mayor productor de carne de Europa, importa cada año más de tres millones de toneladas

Pueblos fumigados”, así llaman los habitantes de la zona a los lugares en los que viven. Las empresas agrícolas que les compran la soja dicen que es una zona de riesgo. Según estudios realizados por el Gobierno, en la provincia de Chaco el número de casos de cáncer se multiplicó por tres entre 1997 y 2009, y el de malformaciones congénitas por cuatro.

La soja es uno de los principales productos de Argentina, y Alemania, el mayor productor de carne de Europa, importa cada año más de tres millones de toneladas, en su mayoría para alimentar a los cerdos, las vacas y las gallinas. Así que el problema de Griselda y Jorge Ruiz también es un problema alemán. Un problema moral, de momento, y pronto también legal.

En 2023 entrará en vigor en Alemania la Ley de cadena de suministro. La norma responsabilizará a las empresas alemanas con más de 3.000 empleados de garantizar que sus proveedores de todo el mundo cumplan con las obligaciones de diligencia debida, respeten los derechos humanos y protejan el medio ambiente. En principio, las exigencias también se aplican a los campos de soja argentinos contaminados con pesticidas. Según Johanna Kusch, de la agrupación de ONG Initiative Liferkettegesetz [Iniciativa a favor de una Ley de cadena de suministro], las infracciones abundan, sobre todo en los primeros eslabones de la cadena. Kusch espera que algo cambie cuando la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas en una economía globalizada también recaiga en la acomodada Alemania.

En el futuro, las compañías tendrán que realizar análisis de riesgo y recoger información de sus proveedores. Cuando haya indicios de una sospecha concreta, deberán hacer un seguimiento y poner fin a los abusos. Sin embargo, nadie podrá exigirles una compensación o una indemnización por daños y perjuicios. La Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones solo puede imponer multas por “inacción”.

Pero quien intente seguir el rastro de la soja descubrirá que muchos compradores ni siquiera saben exactamente quiénes son sus proveedores, o no quieren saberlo.

Cuando, en la temporada de la soja, las avionetas de fumigación rugen casi a diario por encima de la propiedad de Griselda Ruiz, ella se levanta de un salto, las sigue y las graba. Esos vídeos movidos registrados con el teléfono móvil son lo único que tiene para demostrar que los pilotos vuelan demasiado cerca de la escuela y las fuentes de agua, además de hacerlo sin permiso, afirma la agricultora. Ha denunciado unas 30 veces a la policía las rociadas de pesticidas, la última en diciembre. Tiene apuntados los casos en un cuaderno con el título “Respuestas”. Sin embargo, hasta ahora las esperadas reacciones no han llegado.

A diferencia de lo que ocurre en Alemania, en Argentina no existe una ley nacional que regule el uso de pesticidas, explica Javier Souza, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Solo existen normas locales, y según el experto en pesticidas, siempre están vinculadas a los intereses políticos de la zona. En Chaco, un de las regiones más pobres del país, el cultivo de soja generó en 2021 alrededor de 350.000 puestos de trabajo y casi 20 millones de euros en exportaciones. La fumigación aérea con plaguicidas a menos de un kilómetro y medio de zonas habitadas está prohibida, y es obligatorio avisar a la población al menos con 48 horas de antelación. Sin embargo, el control es casi nulo, reconoce Souza.

En Chaco, un de las regiones más pobres de Argentina, el cultivo de soja generó en 2021 alrededor de 350.000 puestos de trabajo y casi 20 millones de euros en exportaciones

Una de las rutas comerciales de la soja hacia Alemania empieza justo delante de la casa de Griselda Ruiz. Es un día caluroso de diciembre, el comienzo de la temporada de la soja. Las camionetas circulan por un camino de grava que conduce al pueblo. Algunos de los campos de soja a lo largo de la pista son propiedad de Héctor Capitanich. El agricultor, con gafas de sol y reloj de pulsera plateado, se dirige ese mediodía en su camioneta a sembrar su campo. Para protegerse del sol, el joven tractorista lleva una sudadera con capucha. Para protegerse de los pesticidas, que se suelen rociar poco antes o incluso durante la cosecha, no lleva nada. Capitanich forma parte de un imperio regional: dirige la hacienda, su hermano es el gobernador de la provincia de Chaco, y uno de sus primos alquila máquinas fumigadoras.

Calcula que este año cosechará 7.000 toneladas de soja. En un granero de la finca se almacenan los productos fitosanitarios. Uno de ellos es Stack, producido por la empresa argentina Sigma. Cuando se le enseñan fotos de los pesticidas almacenados, Javier Souza, el agrónomo de Buenos Aires, explica sus efectos. En la Unión Europea Stack está prohibido, entre otras cosas, porque contiene el ingrediente activo imidacloprid, que puede alterar el equilibrio hormonal. Lo mismo ocurre con otros preparados del granero de Capitanich, que Souza identifica como “pesticidas altamente peligrosos”. Sin embargo, en Argentina están permitidos.

Esto supone un problema para las empresas alemanas. ¿Se las puede culpabilizar a ellas de que sus proveedores utilicen sustancias permitidas en sus países, aunque, ateniéndose a las normas alemanas, sea incomprensible?

Nadie sabe de dónde viene la soja

Todavía quedan muchas preguntas por responder, dice el abogado Max Jürgens, que actualmente trabaja con otros compañeros de profesión en un manual práctico para la Ley de la cadena de suministro. Aunque lo disposición no pueda fijar directamente nuevas normas en otros países, “intenta hacerlo indirectamente, claro, logrando que las empresas se comprometan por contrato a comprar solo soja que no se haya cultivado utilizando pesticidas”.

En el Chaco, una zona árida y calurosa, es imposible cultivar la leguminosa sin utilizar plaguicidas a gran escala, señala Capitanich. A continuación, se reclina en su silla de plástico y da un sorbo a su mate. Niega que los pesticidas puedan ser causantes de las náuseas, los mareos, las pústulas, e incluso del aumento de los casos de cáncer. Según él, los fabricantes se aseguran de que los productos sean respetuosos con el medio ambiente. A la pregunta de a dónde se exporta su soja, el agricultor responde encogiéndose de hombros. “Tengo la ventaja de la incertidumbre. No lo sé. Esa es la verdad”, declara. Lo único que le interesa es el mejor precio.

A la pregunta de a dónde se exporta su soja, el agricultor responde encogiéndose de hombros. “Tengo la ventaja de la incertidumbre. No lo sé”. Lo único que le interesa es el mejor precio

Héctor Capitanich, propietario de campos de soja

Un intermediario se ocupa de conseguirlo. Él se hace cargo del negocio en cuanto la soja sale de la finca de Capitanich. Se llama Ariel Ojeda, y cuenta que tuvo suerte y pudo formarse en la Bolsa de Comercio de Rosario. En realidad, procede de una región que adolece de una debilidad estructural, pero hoy en día negocia con las grandes empresas exportadoras. En 2021 vendió la soja de Capitanich a cuatro compañías agrícolas: Cargill, Bunge, Viterra y Cofco. Ojeda afirma que no sabe lo que hacen con ella.

La Bolsa de Comercio de Rosario se encuentra en un edificio de piedra clara del centro de la ciudad. Hombres trajeados entran por un torniquete. En una sala con aire acondicionado, las curvas de los precios de las materias primas parpadean en las pantallas. En 2021 se negociaron aquí casi dos millones de toneladas de soja. A la que llega a Rosario se le asigna un código de barras, explica Desiré Sigaudo, analista económica en el parqué del mercado de valores, pero solo sirve para el control de calidad. Trazar la procedencia sin lagunas no es posible. El volumen es excesivo; cada día llegan aquí hasta 5.000 camiones. Incluso en el almacenaje intermedio, las mercancías de diferentes productores se mezclan. Después es difícil separarlas, asegura Sigaudo.

Al norte de Rosario se alinean los puertos de las empresas agrícolas. Caravanas de camiones se abren paso a través de las calles polvorientas. Una de las instalaciones de facturación es propiedad de Viterra, una de las empresas que compró soja a Airel Ojeda en 2021. Cuando se le preguntó, un portavoz de la compañía declaró que están intentando rastrear la procedencia de los granos, si no hasta la finca, sí al menos hasta una región. Sin embargo, no quiso responder a más preguntas “debido a la normativa sobre protección de datos”.

En noviembre de 2021, el portacontenedores Pax atracó frente a la planta de Viterra y succionó más de 27.000 toneladas de soja que depositó en sus bodegas. Destino de la mercancía: Alemania. Tras alrededor de un mes de navegación, el barco arribó a uno de los muelles del puerto de Hamburgo propiedad de HaBeMa Futtermittel GmbH&Co KG, una empresa que, según sus propios datos, produce 400.000 toneladas de pienso al año. La empresa declinó hacer comentarios.

Uno de los clientes de HaBeMa es una comercializadora alemana que declara que suministra piensos a explotaciones individuales y a grandes compradores como Wiesenhof, uno de los mayores avicultores de Europa. La comercializadora está dispuesta a hacer comentarios con el compromiso de que no se mencione su nombre. El director general reconoce que por supuesto que les preocupa la Ley de la Cadena de Suministro. A él también le gustaría saber exactamente de dónde proceden sus productos, afirma, pero en la práctica es difícil.

La Comisión Europea tiene intención de redactar una normativa uniforme para las cadenas de suministro de toda Europa. Las normas serán más estrictas que las alemanas, y ya se aplican a las empresas con 500 empleados

Poco después de la aprobación de la ley el verano pasado, el Tagesspiegel preguntó a los 30 mayores productores de carne, fabricantes de piensos y cadenas de supermercados si sabían de dónde procedía su soja. Muchas de las respuestas parecían sacadas de un informe de sostenibilidad, pero su contenido no iba más allá de eso. La gran mayoría solo proporcionó información geográfica aproximada. Dos dijeron que sabían exactamente de dónde procedía. Ninguna quiso dar los nombres de sus proveedores.

La Asociación Alemana de Alimentos para Animales (DVT, por sus siglas en alemán) también ha preguntado a las empresas que la integran si saben de dónde viene la soja que utilizan. Una tercera parte respondió que sí. Sin embargo, las compañías tienen que confiar en que los proveedores les dicen la verdad, subraya Hermann-Josef Baaken, portavoz del presidente de la DVT. Pero si las materias primas se compran a intermediarios o en una bolsa de valores, ni siquiera eso es posible. Baaken opina que la Ley de la Cadena de Suministro conlleva demasiada burocracia.

De todos modos, es posible que la disposición no tarde en ser revisada. La Comisión Europea tiene intención de redactar una normativa uniforme para las cadenas de suministro de toda Europa. Las normas serán más estrictas que las alemanas, y ya se aplican a las empresas con 500 empleados. Asimismo, seguramente incluirá el derecho a indemnización de los perjudicados.

Aun así, no estaría claro cómo podría demostrarse que una empresa de Alemania es responsable de los daños causados a miles de kilómetros de distancia. Griselda Ruiz, de Campo Largo, en Argentina, ni siquiera puede decir con precisión a dónde fue a parar la soja de su zona más próxima. Lo único que ve son las consecuencias que su cultivo ha tenido para ella y para su marido.

Esta investigación ha contado con la financiación y el apoyo de Netzwerk Recherche e.V., Olin gGmbH y VG Wort.

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