Los diputados se irritan ante los reiterados silencios de los imputados

El presidente se muestra “dolido” ante el desprestigio de la Cámara andaluza

El ex director general de Trabajo, Daniel Rivera, a su entrada en el Parlamento.
El ex director general de Trabajo, Daniel Rivera, a su entrada en el Parlamento.Julian Rojas

“¿No cree que el silencio también es un arma política? Es una auténtica tomadura de pelo (...) El pueblo interpretará su silencio. ¿Cómo puede decir que está molesto? Hay que tener mucho valor”. La indignación de la diputada Alba Doblas (IU) ante el exviceconsejero y número dos de la Consejería de Empleo Agustín Barberá, que se negó a responder ante la comisión de investigación del Parlamento sobre los ERE, fue patente ayer. Era la gota que colmó el vaso tras el desprecio de ocho protagonistas del escándalo a la Cámara, que han alegado estar imputados para justificar su mutismo.

Tras tres días de evasivas, tanto los diputados de Izquierda Unida como del PP elevaron el tono de su protesta y los interrogatorios fueron en ocasiones muy duros. Los ocho comparecientes habían leído alegatos de defensa, pero ninguno contestó preguntas, más allá de ciertas puntualizaciones. Algunos incluso amenazaron a los diputados con denunciarles porque consideraban un acoso el estar obligados a escuchar sus interrogatorios. Ante este “silencio concertado”, Doblas estaba irritada: “¿Me quiere decir qué tiene que ver su condición de imputado con que describa su día a día y decisiones normales en la Consejería?”, le espetó a Barberá, viceconsejero durante seis años (2004-2010).

“El pueblo interpretará su silencio”, dijo una diputada a Barberá

Mientras, Teresa Ruiz, del PP, denunció “el silencio orquestado, urdido por el PSOE” para que los ocho comparecientes no contestaran. Ante esta acusación, el PSOE protestó por los “atropellos del PP”. Los diputados socialistas han optado por respetar el derecho a no declarar de los comparecientes y han entregado sus preguntas por escrito, excepto tres de ellas formuladas a Guerrero. Una de ellas versaba sobre si fue director general de Trabajo y otra sobre si ratificaba su declaración judicial.

“No se le está dando la importancia que tiene al Legislativo”, se quejó el presidente

El presidente de la comisión, Ignacio García, puso el dedo en la llaga sobre el daño que este silencio ha provocado en la credibilidad del primer grupo de trabajo creado en el Parlamento en 17 años. “Estoy sorprendido y dolido por esta actitud de los comparecientes, cuya obligación es informar. No se le está dando la importancia que tiene el Parlamento como Poder Legislativo”, lamentó. A pesar de todo, defendió la “eficacia” de la comisión y pidió que sea valorada tras culminar su investigación. Mientras, García ha pedido un informe a los servicios jurídicos para estudiar la posible revelación de aspectos del sumario judicial para evitar “filtraciones interesadas”.

Hoy cambia la pauta y el diputado Viera responderá a los diputados

Las respuestas solo aflorarán hoy con la comparecencia de los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, y el exviceconsejero Justo Mañas. Al menos el diputado socialista Viera arrojará luz sobre el caso, según confirmó ayer, pese a estar señalado por la Guardia Civil por desempeñar un “papel esencial” para ayudas millonarias bajo sospecha concedidas en la Sierra Norte sevillana: “Contestaré a cualquier pregunta que me hagan”, aseguró.

Ayer el ex director general de Trabajo imputado Daniel Rivera defendió su investigación interna del pasado invierno. “No existe ninguna persona intrusa o con irregularidades administrativas que no haya sido descubierta por Empleo. El juzgado no ha descubierto ni uno”, presumió. Los diputados le recordaron que en el juzgado admitió tener responsabilidad política pero no penal, para instarle a que les contestara. Sin éxito. Rivera replicó que mantenía responsabilidad política por los actos de sus subordinados, algunos de los cuales no merecieron su confianza, y no de su actuación.

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Mientras, el antecesor de Rivera Juan Márquez alegó que nunca cometió una ilegalidad. “No he cobrado ni un solo euro más allá de mi sueldo y tampoco tuve conocimiento de que nadie se hubiera lucrado”, sostuvo. Doblas le recriminó su silencio, pero este no se inmutó: “Está dejando por los suelos la institución que representa ante la opinión pública. Se lo pido profesionalmente. Es necesario. Se lo pido en nombre de IU y de todos los ciudadanos”.

Tras las comparecencias de Márquez y Rivera, fue el turno de Barberá. Y este negó haber tenido una clave de la Seguridad Social para conocer datos. “No tengo ninguna clave para conocer esos datos. Es un acceso restringido. No tengo ninguna clave”. A continuación, Ruiz informó de que existe un oficio interno de Márquez solicitando para Barberá esa clave. Y mentir ante la comisión supone cometer un delito castigado con prisión.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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