Carrasco y la hija de la asesina confesa se enzarzaron en una disputa legal

Martínez desconfió de la institución provincial al perder las oposiciones a la Diputación en 2011 La chica pidió ver el examen del ganador y único aspirante que superó la primera prueba La presidenta le reclamó devolver el cobro "indebido" de un plus, pero perdió el primer pleito

El cese de Montserrat Triana Martínez de su puesto de ingeniera de telecomunicaciones en la Diputación de León tan solo puso un punto y aparte en la batalla existente entre la hija de la ahora asesina confesa y la presidenta del organismo provincial, Isabel Carrasco. Un informe interno elaborado por Recursos Humanos refleja, por un lado, el empeño de la líder del PP por perseguir judicialmente a la chica de 35 años; y, por otro, que cada paso que daba la institución levantaba la desconfianza de la extrabajadora, en prisión sin posibilidad de fianza, al igual que su madre. La hija pidió en 2011 ver el examen de la única persona —de 33 aspirantes— que superó la primera de las tres pruebas convocadas para ocupar la plaza de funcionaria que ella había estado desempeñando desde 2007 de forma interina.

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En este test de conocimientos, valorado sobre 10, Triana solo obtuvo una nota de 2,275. Puntuación que la dejaba fuera del proceso, ya que se necesitaba como mínimo un 5 para seguir. Y esa barrera la superó únicamente Javier Casado (5,9), que finalmente se hizo con el puesto; aunque, poco después de tomar posesión del cargo el 6 de mayo de 2011, pidió la excedencia voluntaria para irse a otra provincia y la Diputación terminó amortizando la plaza.

La institución decidió suprimir un puesto que había creado apenas cinco años antes, el 30 de diciembre de 2006, y que solo Martínez desempeñó prolongadamente. Porque ella fue la primera en ejercerlo. El 24 de abril de 2007 se abría una bolsa de empleo temporal para encontrar quién lo ocupase. "Obteniendo Triana la mayor puntuación", reza el informe de Recursos Humanos. Y, en menos de un mes, el 14 de mayo, apenas dos semanas antes de las elecciones municipales, la chica accedía como interina a la Diputación por un decreto directo de la Presidencia. En ese instante, la hija de la asesina confesa era la número 7 de la candidatura del PP en Astorga.

Se iniciaba entonces una relación que terminó truncada en 2011. La chica perdió su puesto de ingeniera —se encargaba de la redacción de proyectos relacionados con la banda ancha y la televisión digital terrestre— y sus aspiraciones políticas se acabaron. El PP prefirió no ocupar la plaza de edil que quedó vacante en Astorga y que le correspondía a Triana, que se había quedado a un puesto de acceder al pequeño consistorio leonés. Los populares alegaron que quedaban pocos meses para las municipales. Pero, unas semanas después, el partido tampoco la incluyó en su lista para las elecciones. Fuentes del partido en Astorga resaltan que la presidenta dio la instrucción.

La detenida solo sacó 2,27 puntos en la primera de las pruebas celebradas para ocupar el puesto que había desempeñado durante cuatro años

La batalla salta entonces a los tribunales. La Presidencia firma un decreto en octubre por el que reclama 11.046 euros a Martínez por "cantidades indebidamente percibidas" al haber cobrado un complemento de exclusividad, pese a que lo compatibilizaba con otras actividades económicas fuera de Diputación. Triana, que tenía un sueldo anual cercano a los 45.000 euros, lo recurre ante el contencioso-administrativo. Y gana el pleito en 2012. "Debió acudir al procedimiento de declaración de lesividad y no a la corrección de un mero error aritmético", le advierte el juez a la institución en una sentencia firme.

Un fallo que, para Carrasco, no podía suponer el punto final. La presidenta se empeñó en la vía judicial y firmó otro decreto en febrero de 2013 para iniciar el expediente de declaración de lesividad que se tradujo en una demanda en los tribunales. La Diputación le reclamó —aún lo hace— 6.583 euros a Triana. "Considerando prescrita la diferencia entre dicha cantidad y los 11.046 euros reclamados inicialmente", apunta Recursos Humanos. Pese a todo, la exclusividad del móvil ecómico se cae, según avanza la investigación. Martínez tiene un contrato con el Parlamento de Navarra para un servicio de asistencia técnica por 10.200 euros, según Efe, aunque solo ha cobrado hasta ahora 5.545 euros por el estudio que presentó.

La vista del juicio por la reclamación de los 6.583 euros está prevista para julio. Carrasco nunca sabrá el fallo. Y Triana lo vivirá, si la jueza no la deja libre antes, desde la cárcel.

Sobre la firma

J. Jiménez Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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