‘Redada’ contra la policía en Magaluf

La justicia investiga supuestas extorsiones a comerciantes Cuatro agentes han sido detenidos

Policías municipales patrullan en la zona de Punta Ballena, en Magaluf.
Policías municipales patrullan en la zona de Punta Ballena, en Magaluf. JAIME REINA (AFP)

Una red de policías dedicada a la supuesta protección de determinados negocios está siendo investigada por presuntas extorsiones y complicidades clandestinas con clanes de empresarios en una esquina de Mallorca, Magaluf, en Calvià. Es un imán, una marca de atracción morbosa para el escándalo y los conflictos.

El jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro y dos de sus 144 guardias han caído bajo sospecha judicial y han pisado la cárcel, preventivamente, tras las denuncias documentadas, con vídeos y emails, de unos comerciantes. Los dos policías (el jefe de la unidad canina Miquel Pellicer y su colaborador Antonio Santos) salieron en libertad e imputados tras 12 días de reclusión. Esta semana pasada ha caído otro alfil de la trama, el jefe de la Policía de Marratxí, Antonio Ledesma, que era oficial en Calvià. A los dos días fue puesto en libertad, tras haber “colaborado”, según su abogado.

“Se ha destapado una cruda guerra empresarial”, reconoce un investigador de este caso bajo secreto. “Aparece la supuesta implicación de algunos agentes de policía que habrían extorsionado y amenazado a propietarios de locales no amigos para favorecer a otros”.

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En Magaluf hay “gran voracidad económica” y “conflictos soterrados” por favoritismos, según Pepe Tirado portavoz de la Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios Turísticos. Él cree que el exjefe preso Navarro “se ha comido el marrón de otros”, que es una “víctima” de una trampa en una guerra de clanes.

La investigación será prolija, sobre patrimonios y posible trasvases de fondos de origen sucio. La fiscalía supone que Navarro y Ledesma están ligados a empresarios de Magaluf, a los que protegían. Les tramitaban permisos de trabajadores a través de una gestoría que ambos controlaban. Se cree que tenían una iguala, un sueldo fijo. La pista está en los emails de estos negocios paralelos que aportó un clan de la competencia que se siente perjudicado.

Una juez Carmen González, dura y hermética ordenó el encarcelamiento preventivo de los policías. Las imputaciones son por negociaciones prohibidas a funcionarios, amenazas, extorsiones y omisión del deber de perseguir el delito.

El exjefe Navarro es un hombre gris y tranquilo, licenciado en Derecho y que daba cursos policiales de deontología. Algunos de los comerciantes de la zona le ven como “un sheriff que ha acabado en la cárcel mientras que ahora mandan los forajidos (que le denunciaron). Es el mundo al revés”. Del otro jefe implicado, Ledesma exjefe de Marratxí se sabe que vive al lado del mar, en un apartamento que fue registrado durante cinco horas.

La calle Punta Ballena se presenta como un lugar sin ley. Allí funciona una factoría de dinero por el consumo masivo de alcohol y excesos prohibidos. Ahora se ha destapado una supuesta mafia policial, dos jefes de cuerpos locales y dos guardias han sido detenidos e imputados. Uno sigue preso.

En las madrugadas de verano ruge un volcán en una calle, Punta Ballena, invadida por más de 10.000 jóvenes clientes, turistas británicos, muchos beodos en pleno desenfreno. En 500 metros, apenas nadie habla español. Es un dominio de propietarios y clientes ingleses.

Calvià es una mina con 53.000 habitantes [19.000 extranjeros]. Tiene 59.500 camas turísticas. En verano triplica su población, con otras plazas residenciales alegales. Punta Ballena es un negocio-río: bares, tiendas de licores, sex-shop y discotecas que operan a tope cinco de los 12 meses

De día, desierto, de madrugada llega la masa. La pugna por el bebedor es agresiva. Se busca al cliente en la playa, se le caza con una tropa de tiqueteros. Se incita al consumo de alcohol, con retos y copas de regalo.

El fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, sibilino y enérgico interrogador, está bregado en desentrañar amaños policiales. Quiere tirar del hilo sobre eventuales conexiones de tramas de agentes en distintos municipios turísticos que parece que son tolerantes o exigentes, a la carta.

La mecha del actual escándalo fue la difusión, este verano, de un vídeo privado que documentaba una felación en serie por parte de una chica en “una excursión etílica” programada en pub de Punta Ballena. El local donde se grabó y la empresa que organizó el evento fueron sancionados duramente, amenazados con un año de cierre, una hecatombe financiera. El vídeo situó a Magaluf otra vez en los medios internacionales.

El foco informativo sobre Punta Ballena por el vídeo pornográfico provocó la visibilidad sobre los habituales negocios raros: estupefacientes, música sin tope, alcohol sin límites y otras actividades ligadas a la prostitución. La mano dura oficial hizo estallar las viejas disputas entre competidores y se afloraron las probables complicidades con policías municipales.

Otra cinta de vídeo, ésta con quince meses de antigüedad, de mayo de 2013, salió oportunamente a la luz, poco después de llegar a la mesa de la Fiscalía Anticorrupción. La filtró un denunciante. Destapa un probable montaje de dos policías locales contra un empresario de Magaluf. Esta pieza incriminatoria fue captada por cuatro cámaras de seguridad que montó la víctima en su local de Punta Ballena.

La grabación muestra como un agente coloca una bolsa de droga en un sofá del establecimiento privado para que después la localice un perro husmeador antinarcóticos que dirige un segundo policía. Sin embargo, en el informe de inspección que firmaron ambos agentes no se reseñó que habían hallado droga en el local. “Fue una amenaza, para demostrar lo que son capaces de hacer”, observa una de las personas que conoce el meollo de la investigación. La defensa aduce que era un ejercicio de adiestramiento del perro policía aunque se usó un señuelo de droga al margen del control oficial.

“Esto lleva ocurriendo muchos años”, comenta Alejandro Jara, un empresario que tiene más de siete locales en Calvià y que ha sido uno de los que ha puesto en manos de la justicia el asunto de la aparente corrupción policial. Los denunciantes afirman que los agentes ignoran los locales que los tienen “comprados”, a los que no molestan mientras que al resto “los fríen”, detalla Jara.

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