Penas mínimas para la red de extorsión etarra del ‘caso Faisán’

La Audiencia Nacional afirma que el chivatazo policial hizo que en los registros del bar de Irún "nada se pudiera encontrar"

El chivatazo al dueño del bar Faisán de Irún que en mayo de 2006 frustró una operación contra el aparato de extorsión de ETA —por lo que fueron condenados dos mandos policiales— ha terminado teniendo un reflejo en la sentencia dictada contra los propios cobradores del impuesto revolucionario. La Audiencia Nacional ha condenado penas de hasta cuatro años de cárcel a dos de las cinco personas procesadas por formar parte o colaborar con la red de financiación etarra con centro en el bar Faisán, ubicado en la zona fronteriza de Behobia. Los otros tres imputados han resultado absueltos por falta de pruebas.

Desde que ocurrieron los hechos, el principal imputado, Joseba Elosua, dueño del Faisán, ha fallecido. En la sentencia, la Sección Primera de la Audiencia señala que “cuando se esperaba encontrar dinero de las extorsiones se produjo una filtración (...) nada se pudo encontrar en los registros, con la única excepción de cuatro pasquines (...) y 20.000 euros que se encuentran en un garaje de Joseba Elosua”. No obstante, señala la sentencia, el chivatazo “no ha impedido” dar por acreditado que “el bar Faisán era el lugar utilizado por ETA para, a través de su propietario, materializar la exigencia del impuesto revolucionario”.

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El principal condenado por esta trama es Jean Pierre Harocarene, alias Txanpi, un periodista deportivo de Irún que reconoció ante el juez de instrucción que había remitido las cartas de extorsión a distintos ciudadanos. Harocarene, que ha sido condenado a cuatro años de prisión por integración en organización terrorista —se le ha aplicado una atenuante de dilaciones indebidas— manifestó que ante el juez y previamente ante la policía se encontraba “desorientado”. Sin embargo, las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía permiten al tribunal concluir que Txanpi está relacionado con el cobro de la extorsión. También ha sido “fundamental” para su condena el testimonio de una persona que medió ante Harocarene para que ETA dejara de exigir dinero a un amigo suyo.

El segundo condenado es Emilio Castillo, quien reconoció que Harocarene le dio unas cartas que echó al buzón, pero dijo que no sabía que eran de extorsión, pero la sala recuerda que Harocarene le incriminó.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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