Mordidas eficientes del ‘caso Púnica’

La investigación detalla cómo el constructor David Marjaliza logró el apoyo de políticos locales para adjudicar 250 millones a Cofely a cambio de comisiones

OPERACION PUNICA. Registor en el ayuntamiento de parla.(DVD 697)
OPERACION PUNICA. Registor en el ayuntamiento de parla.(DVD 697)Jaime (EL PAÍS)

Ahorrar en el recibo de la luz fue el aliciente que los gobiernos de media docena de municipios de la Comunidad de Madrid, la mayoría en manos del PP, utilizaron para poner en marcha concursos públicos de eficiencia energética en busca de empresas que les garantizasen una mejora en ese servicio. Se trataba de modernizar sus instalaciones para mejorar a medio plazo sus cuentas municipales. Esos procesos administrativos culminaron en todos los casos con la adjudicación del contrato de eficiencia energética a Cofely, empresa de la multinacional francesa GDF Suez. En conjunto, esta firma logró los trabajos para modernizar instalaciones de al menos siete localidades por 160 millones de euros y se puso manos a la obra.

Esas adjudicaciones se hicieron sin ninguna polémica ni denuncias de amaño. Nadie sospechó que detrás de los nuevos contratos se escondía una trama de corrupción con derivadas millonarias. El caso desembocó en medio centenar de detenciones a finales de octubre, entre ellas la del que fue mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y el PP regional, Francisco Granados.

Una extraña carambola desbarató el sistema fraudulento. En diciembre de 2013, la fiscalía suiza comunicó a la española que Granados ocultaba dinero en bancos de ese país junto a su amigo, el constructor David Marjaliza. La información desencadenó la dimisión de Granados, que entonces simultaneaba su trabajo de diputado autonómico con su escaño de senador del PP. La Fiscalía Anticorrupción investigó el patrimonio de Granados y puso el caso en manos del juez Eloy Velasco, quien en secreto ordenó diversas diligencias, entre ellas pinchazos telefónicos a los implicados en el supuesto delito contra la Hacienda pública. De esas intervenciones telefónicas surgieron abundantes pistas sobre diversas formas de corrupción en administraciones públicas de Madrid, León y Murcia. Muchos de los indicios apuntaban al mecanismo de fraude para la adjudicación de los concursos de eficiencia energética en municipios madrileños.

La responsable del pago a proveedores y cobro a clientes de Cofely, en el centro de todas sus sospechas, reconoció al juez Velasco que sus jefes le apremiaban todos los meses para que pagase a cuatro proveedores y enviase por correo electrónico al constructor Marjaliza una relación con las deudas que los distintos Ayuntamientos mantenían con la empresa de eficiencia energética.

El mecanismo del fraude

Media docena de localidades madrileñas introdujeron hace varios años mecanismos de eficiencia energética en sus instalaciones municipales para ahorrar. Para ello, convocaron concursos públicos que ganó Cofely, empresa dependiente de la multinacional francesa GDF Suez.

Contratos amañados. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción investigan desde hace meses si esos contratos se amañaron a cambio de comisiones ilegales pagadas por Cofely a través de un intermediario, David Marjaliza, constructor de Valdemoro y amigo del ex consejero Francisco Granados.

Pliego de condiciones. La investigación judicial, basada en la intervención de comunicaciones, el testimonio de implicados y la documentación requisada en distintos registros, sostiene que la empresa Cofely consiguió, a través de Marjaliza, articular un sistema por el cual participaba directamente en la redacción de los pliegos de condiciones de los concursos; recibía información de las ofertas de sus competidores y, finalmente, resultaba adjudicataria del millonario contrato.

Pagos a intermediarios. En varios pliegos de condiciones se establecía que una empresa, distinta a Cofely, se encargaría de supervisar el servicio a través de una especie de auditora externa. En los distintos municipios que adjudicaron el servicio a Cofely, las empresas auditoras, al menos cuatro sociedades según la investigación judicial, eran controladas, directamente o a través de testaferros, por David Marjaliza. El constructor amigo de Granados facturaba a Cofely por la auditoría externa que en realidad no hacía.

Reparto de comisiones. Ese dinero cobrado por Marjaliza mediante facturación falsa de empresas que controlaba servía en parte para pagar a los políticos que habían favorecido la adjudicación del contrato a Cofely.

La directiva de Cofely dio el nombre de cuatro empresas a las que pagaban mensualmente y que supuestamente se encargaban de auditar los trabajos de eficiencia energética en los municipios madrileños. Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que esas empresas, que administraban supuestamente testaferros del constructor David Marjaliza, facturaban por servicios que en realidad no prestaban. El dinero que ingresaban de Cofely, según la investigación, era para el pago de comisiones ilegales a los políticos que habían favorecido las adjudicaciones a Cofely.

Entre esas sociedades que cobraban de las administraciones públicas supuestamente por hacer un seguimiento de los ahorros en la factura de la luz figuraba Ruta Energética. Tanto el juez como las fiscales anticorrupción sospechan que se trata de una “empresa fantasma”.  “Han pasado por aquí ocho testigos y ¿nadie conoce su personal, no sabían a quién le estaban pagando?”, preguntó el magistrado Eloy Velasco a la jefa de compras de Cofely, Mónica García del Nero, testigo en este caso.

La directiva de la empresa se encogió de hombros: “Cuando nos adjudicaban el contrato, ya estaba en el pliego [de los gobiernos municipales, redactado presuntamente por Cofely según los investigadores] que había que pagar [a Ruta Energética] por que hiciese estudios de eficiencia, lo cual no me cuadraba mucho porque nosotros hacemos ese tipo de estudios. Si viene en un pliego, yo no soy nadie para no pagar”.

Algunos de los técnicos municipales detallaron al juez y al ministerio fiscal las condiciones leoninas que Cofely imponía a las administraciones públicas. La interventora municipal de Serranillos del Valle, cuyo alcalde por un partido independiente, Antonio Sánchez Fernández, fue encarcelado y tuvo que dimitir por este caso, las expuso con toda crudeza: “Me lo pasaron por correo y la anterior secretaria decía que no veía una concesión a 40 años. Me parece una barbaridad que si voy a sacar una concesión para el mantenimiento, tenga yo que pagar las costas del mantenimiento de esas instalaciones, como luz o agua. Entonces no se ahorra nada”.

¿Había presiones del Ayuntamiento?, preguntó el juez. “Presionaba a todos”, aseguró la interventora.

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