El PSOE admite el mazazo que suponen las tres dimisiones

El partido no ha dado el menor margen a Chaves, Zarrías y Viera para que dudaran

El PSOE no ha dado el menor margen para que los imputados por el Supremo por el caso de los ERE pudieran titubear. Minutos después de conocerse la imputación, los diputados Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera ponían “a disposición del partido” sus actas y la dirección las aceptó de inmediato. Nada tiene que hacer José Antonio Griñán, porque este ya dejó el escaño. No habrá revuelta interior porque el PSOE está persuadido de que este era el único camino. Sí se reconoce que es un mazazo ante la opinión pública.

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El día de poner en práctica el compromiso político de pedir las actas de diputados a Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera llegó este jueves, y el guion establecido por la dirección socialista se activó de inmediato. Tanto Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, como otros miembros de su dirección deseaban que esa imputación no se produjera, pero ante esta realidad mostraron un tono contundente e incluso de cierta frialdad.

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, comunicó que los tres aforados habían puesto su cargo a disposición del partido “por propia iniciativa” y este lo aceptaba, además de apelar a la “presunción de inocencia”. Poco después se producía un comunicado del secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, mano derecha de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que hacía referencia a lo dicho por el responsable federal.

“El PSOE de Andalucía respeta el proceso judicial y espera que sus defensas puedan demostrar su inocencia”, deseó a los imputados. “Los socialistas cumplimos los compromisos que adquirimos con los ciudadanos. Nos gustaría que el resto de partidos hiciera lo mismo”, apostilló el número dos del socialismo andaluz. Aunque los afectados han dejado su acta ante la dirección federal, al tratarse de diputados nacionales, la presión y el peso de Andalucía han sido determinantes para que no hubiera la menor duda de que no tenían otro camino, salvo la entrega de las actas.

El listón lo colocó Susana Díaz a la máxima altura al comprometerse a que ante una imputación se pediría el acta parlamentaria. Pedro Sánchez asumió de inmediato ese mismo compromiso. Nadie puso objeciones en público, salvo el expresidente del Gobierno Felipe González, para quien, en el caso de los políticos, en general, no se respeta el derecho constitucional a la presunción de inocencia al ponerlos en la picota antes de que haya sentencia.

Juicio oral

Además, no solo no se aguarda a que haya sentencia sino que en el caso del PSOE han ido más allá que lo que establece su propio código ético, aprobado el pasado mes de noviembre. Según ese texto los socialistas deben entregar sus actas de parlamentarios cuando se les abra juicio oral; ese sería el momento, pero con los imputados por los ERE se han adelantado con la pena preventiva. En la negociación para la investidura de Susana Díaz esta fue una cuestión insoslayable. De ahí que el representante de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, no tardara ni cinco minutos en exigir a la presidenta de Andalucía que pidiera las actas a los tres diputados.Pero esta dureza no tendrá contestación dentro del PSOE.

Todo el mundo está persuadido de que no se puede hacer otra cosa tal como está el debate sobre la exigencia a los políticos. La decisión del Supremo se produjo cuando Pedro Sánchez estaba en Bruselas participando en un seminario europeo sobre yihadismo, por lo que no hubo ocasión de que se pronunciara.Hoy comparecerá ante la opinión pública para presentar a su equipo de expertos elegido para elaborar su programa electoral, y no era este el marco que hubiera deseado para tener que referirse a estas imputaciones de socialistas históricos. La ausencia de conflicto interno por este asunto no palía el tremendo mazazo que supone para los socialistas un auto de esta naturaleza, en el que se echa por tierra toda la política de ayudas de la Junta de Andalucía. 

Sobre la firma

Anabel Díez

Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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