Los letrados del Congreso rechazan los vetos del Gobierno

Un informe jurídico respalda que la Mesa no frene iniciativas de la oposición

Algunos miembros del Gobierno este jueves en el Congreso.
Algunos miembros del Gobierno este jueves en el Congreso. B.Perez

Un informe legal de los letrados del Congreso avala la posición de la Mesa de la Cámara de rechazar vetos del Gobierno a proposiciones de ley de la oposición. El informe detallado lo firma la letrada jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Congreso, Paloma Martínez Santa María, será estudiado en los próximos días por la Mesa del Congreso, y formará parte de las alegaciones de las Cortes en su conflicto con el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

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El Gobierno ya ha vetado 23 iniciativas de la oposición en aplicación del artículo de la Constitución que le permite hacerlo cuando afectan a los Presupuestos. En dos casos concretos , la reforma del estatuto de los trabajadores y la ley de Educación, la Mesa hizo caso omiso de los vetos y siguen el trámite de enmiendas parciales, tras ser aceptado en el pleno. Y la Moncloa decidió ir al Constitucional por entender que las Cortes no pueden limitar su facultad, es decir que es ilimitada. Está en juego el desarrollo de toda la legislatura y saber si la Mesa puede levantar esos vetos. El informe de los letrados deja claro que esa capacidad de veto “Debería configurarse en términos excepcionales y restrictivos”, porque “se impide que las Cámaras ejerzan la potestad legislativa”.

Y puede ser aún más importante porque en teoría el veto puede puede establecerse también para las enmiendas a los Presupuestos, es decir, que el Gobierno puede utilizar ese instrumento en el trámite parlamentrio de las cuentas del Estado, con el argumento de que las descuadra.

Hasta ahora los tres representantes del PP en la Mesa se oponen siempre a que se rechacen los vetos del Gobierno. Los dos del PSOE y los dos de Unidos Podemos cuestionan la mayoría y, en todo caso, defienden la potestad de la Cámara de limitarlos.

Y los dos miembros de Ciudadanos mantienen una posición intermedia en la que admiten la limitación pero casi siempre apoyan al PP y, por tanto, los vetos que proceden de La Moncloa. Es decir, a falta de un pronunciamiento del Constitucional que aún no tiene fecha siquiera para empezar a debatir una resolución, se discute uno a uno cada uno de los vetos que comunica el Gobierno.

El informe legal asegura claramente que “el Parlamento debe poder modificar la actuación del Gobierno, pero ello es imposible si tiene limitada la posibilidad de realizar sus propias propuestas legislativas”. Es decir, que si el Congreso se limitara a darse por enterado de los vetos del Gobierno, quedaría en nada su capacidad para actuar como poder del Estado que establece la Constitución.

El informe hace un recorrido histórico y de la jurisprudencia del Constitucional para desmontar los argumentos del Gobierno y concluir que la “capacidad de calificar de la mesa está avalada” por el Tribunal.

 Potestad limitada

"La potestad del Gobierno se configura como una potestad limitada que no puede ser ejercida arbitrariamente o de forma manifiestamente irracionable por el Gobierno. Y, en esos mismo límites, controlable por la Mesa del Congreso. La limitación del citado veto deriva de la Constitución", añaden los letrados del Congreso.

Incluye un análisis de contexto político y cocial para concluir que “lo que ahora se exige al Parlamento, integrado por los representantes directos de los ciudadanos, es capacidad de interactuar con la realidad ciudadana y de responder adecuadamente a las necesidades legislativas planteadas por los ciudadanos”.

Los vetos, según la Constitución, deben referirse estrictamente a proposiciones de ley que afecten a los Presupuestos en vigor. Sin embargo, los letrados del Congreso enmiendan el argumento del Gobierno y señalan que en algunos casos no se refieren a las cuentas en vigor sino a las futuras y ni siquiera “se identifican las partidas presupuestarias”.

La crítica de los letrados incluye el reproche a que ni siquiera se aclaran las partidas cuando el Congreso les pide explicaciones. Reiteradamente, según le dicen al Ejecutivo, evita aclarar esos datos. Por ello, el informe explica que “las razones no son objetivas y suficientes”.

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