Ceuta reabre la batalla por su estatus

La ciudad se toma como afrenta una sentencia que decreta que solo puede nombrar consejeros ateniéndose a la ley que rige los ayuntamientos

Barcos de compañías marítimas que operan entre los puertos de Algeciras (Cádiz) y Ceuta.
Barcos de compañías marítimas que operan entre los puertos de Algeciras (Cádiz) y Ceuta.EFE

Ciudades españolas radicadas en otro continente, en plena frontera sur de Europa y lindando con un estado, Marruecos, que no las termina de reconocer. La evidente singularidad de Ceuta y Melilla parece fuera de toda duda. El Estado las considera una suerte de híbrido entre autonomía y ente local, ciudades autónomas con estatuto propio. ¿Pero cuánto tienen legalmente de municipio y cuánto de comunidad? Justo en los límites de la respuesta es donde surgen los más acalorados debates. El último ha llegado de la mano de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que considera que Ceuta debe nombrar a sus consejeros limitándose a la Ley de los ayuntamientos, no de las autonomías.

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En la práctica, para el TSJA no hay lugar a dudas de que los consejeros y viceconsejeros de Ceuta solo pueden serlo si son también diputados de la Asamblea. Es decir, al igual que ocurre en los Ayuntamientos, donde los cargos de las juntas de gobierno no pueden estar desempeñados por concejales no electos. Así lo ha determinado el Tribunal en una sentencia del 30 de marzo de 2017 que, en lo político, el Gobierno de Juan Jesús Vivas (PP) se ha tomado como una lucha por su autonomía. Desde Ceuta ya han dejado claro que defenderán su estatus “ante todas las instancias competentes” y con el apoyo de Melilla, según ha defendido la propia Ciudad en un comunicado.

Es la respuesta a un pronunciamiento judicial en el que el TSJA deja claro que “la naturaleza de entidad local de la ciudad de Ceuta es incontestable”. “Su condición política y administrativa de ciudad autónoma, no desdice en modo alguno la naturaleza de entidad local, cuya especialidad no ampara el nombramiento de un viceconsejero que no ostente la condición de concejal electo”, añade la sentencia. El fallo es el enésimo capítulo de una guerra que la Ciudad libra desde 2012 contra el sindicato UGT, entidad que no es la primera vez que lleva el nombramiento de consejeros no electos a la Justicia.

“UGT no entra en política, solo defendemos a los trabajadores. Esto comenzó cuando Vivas decidió nombrar a dedo a cuatro subdirectores generales”, rememora Ramón Lladó, abogado del sindicato. UGT impugnó el nombramiento porque entendían que “eran funciones públicas y se habían cubierto al margen de convocatorias oficiales”. Un juzgado de Ceuta les dio entonces la razón. “La ocurrencia del alcalde fue convertirlos en viceconsejeros”, denuncia el letrado. El sindicato subió un escalón en su lucha y decidió ir también contra estos nombramientos, al considerar que eran “inconstitucionales”.

Se basaron en la jurisprudencia creada por una sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de abril de 2013 en la que se determinaba que no podían formar parte de las juntas locales ediles no electos. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo dan la razón a UGT, pero el Gobierno de Ceuta consigue que el TSJA estime su recurso. “En las tres anteriores, nos la tumban, pero porque no entraron a valorarla Estimaron la apelación de la Ciudad en la que argumentaban que no el sindicato no estaba legitimado para impugnar estos nombramientos”.

En el caso de la entonces viceconsejera de Empleo, Adelaida Álvarez (actual gestora de Servicios en la Consejería de Medio Ambiente) el fallo del TSJA ha cambiado. “En el escrito de oposición al recurso, convencimos al Tribunal de que sí estábamos legitimados”, resume Lladó. La sentencia argumenta su cambio de parecer debido “al interés profesional proyectado sobre las eventuales decisiones que en razón de sus funciones se adopten en el cargo nombrado”. Pese a la existencia del Estatuto de Autonomía de Ceuta de 1995, el TSJA se basa en sentencias anteriores del Tribunal Superior y del Constitucional en las que se deja claro que “Ceuta no constituye una Comunidad Autónoma, por lo que no cabía atribuir naturaleza parlamentaria a la actividad del Pleno de la Asamblea”.

Aunque la sentencia es solo aplicable al cargo de esta viceconsejera, el revuelo político no se ha hecho esperar, por las posibles implicaciones presentes y futuras. El Gobierno de Vivas ya eliminó la figura del viceconsejero, pero, tras un reciente caso de corrupción que llevó a la dimisión de dos diputadas, el presidente ha cubierto las vacantes con dos consejeros no electos. La oposición, integrada por PSOE, Ciudadanos o el partido local MDyC, pide que se cumpla la jurisprudencia creada por la sentencia y los remueva de su cargo, pero el PP se muestra contrario.

Autonomía híbrida

“Lucharemos por la defensa a ultranza del derecho a ser autonomía, frente a los que defienden que Ceuta es un Ayuntamiento”, dijo en una comparecencia el portavoz accidental del Gobierno, Néstor García. Anunció, además, que la ciudad recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo en un recurso de casación que ya están elaborando sus servicios jurídicos. Sin embargo, Fátima Hamed, portavoz MDyC en la Asamblea, tilda de “inmoral” esta división entre dos bandos planteada por el Gobierno: “Queremos las mayores competencias para Ceuta, pero dentro de la ley”.

Lo cierto es que el Gobierno de Vivas deja clara su intención de tocar a todas las puertas necesarias ante lo que considerarían una pérdida de su “estatus singular”. Esgrime que participa en órganos del Estado donde no están las entidades locales, como son la Conferencia de Presidentes y recibe recursos del sistema de financiación autonómica. Se basa también en un dictamen emitido por el Consejo de Estado (que solo tiene capacidad consultiva), de julio de 2016, en el que determina su “potestad de autoorganización, reconocida estatutariamente y refrendada por la jurisprudencia constitucional”.

En Melilla, siguen de cerca el proceso por las implicaciones que pueda acarrearle. El Gobierno (también del PP) incluso ha encargado un informe a la Dirección General de Desarrollo Jurídico Administrtivo de su Consejería de Economía. En él, comparten las tesis del Gobierno ceutí, fundamentadas en que “disponen de una autonomía singular intermedia entre las Comunidades Autónomas y los Municipios (…). “Se trata de un ente territorial de carácter peculiar, un híbrido”, remacha el informe.

Lladó, por su parte, prefiere no entrar en la polvareda política suscitada por la victoria judicial de su sindicato. Reitera que lo suyo es “la defensa de los trabajadores”. Eso sí, recuerda cómo, a diferencia de las comunidades, Ceuta no tiene capacidades legislativas o en las áreas de Trabajo o Sanidad. Y le lanza un mensaje a Vivas: “Aquí todo el mundo sabe que esto es un Ayuntamiento. Nuestro alcalde quiere vivir en una ficción de autonomía”.

Sobre la firma

Jesús A. Cañas

Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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