El juez investiga a una ONG de adopciones internacionales por estafa y fraude de subvenciones

La entidad, amparada por la Xunta de Galicia, quebró tras facturar más de cuatro millones de euros frenando los trámites de un centenar de familias españolas

Una pareja juega con su hijo en adopción.
Una pareja juega con su hijo en adopción.Uly Martín

Nueve familias afectadas por la quiebra de la Entidad Colaboradora de Adopción InternacionaI (ECAI) Adiss Galicia que cerró sus puertas en febrero alegando inviabilidad económica y dejando sin culminar un centenar de trámites, han presentado querella criminal contra la entidad y contra cada uno de sus integrantes. Los acusan de un delito continuado de estafa agravada y de otro de fraude de subvenciones. La querella, admitida a trámite este jueves por el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, estima provisionalmente en 1,7 millones de euros la responsabilidad civil de la entidad. Los demandantes sostienen que la “inverosímil inviabilidad económica” alegada por la ONG y por la Xunta de Galicia que la acreditaba “oculta la comisión de una estafa agravada” toda vez que la ECAI, sin ánimo de lucro, “facturó más de cuatro millones de euros desde su habilitación” por el Gobierno gallego. Los querellantes destacan la “indudable responsabilidad civil que en su momento deberá afrontar la Xunta”.

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El pasado febrero, y tras cinco años gestionando adopciones internacionales en Burundi, Etiopía y Burkina Faso, la ECAI Addis Galicia, con sede en Vigo, se declaró en quiebra. Se lo comunicó a las familias afectadas la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia explicando que la ONG no podía cumplir “con el plan de viabilidad económica” avalado por el Ejecutivo autonómico.

Una semana antes, la misma consellería había autorizado a la entidad el cobro a las familias de unas tarifas extraordinarias para poder continuar con los trámites de las adopciones en marcha. Las tasas eran de 6.700 euros para cada uno de los adoptantes en Burundi y de 14.000 para los de Etiopía a mayores, en todos los casos, de los más de 10.000 que cada familia se había comprometido a aportar mediante contratos adaptados al modelo oficial aprobado por la Xunta firmados cinco años antes y que habían satisfecho en su mayor parte: cada pareja había abonado ya en torno a 8.000 euros.

El conselleiro de Política Social del Ejecutivo gallego, José Manuel Rey Varela, autorizó el aumento de las tarifas propuesto por la ONG después de “haber estudiado con todo el rigor”, aseguró entonces, las nuevas condiciones económicas de la ECAI. Finalmente, justificó el cierre de la entidad argumentando que no se había conseguido el mínimo de 20 familias dispuestas a asumir el aumento de las tasas “imprescindibles” para garantizar la continuidad de Addis Galicia.

Las 18 personas (nueve parejas) que firman la querella habían suscrito con esta ONG, entre octubre de 2012 y julio de 2013, un contrato de intermediación para la adopción en Etiopía. Entre los querellantes entregaron 71.882,15 euros “teniendo en cuenta que la Administración autonómica ejercía funciones de auditoría, seguimiento y control en la mediación de Addis Galicia” con el país de origen de los niños.

Aseguran que acudieron a esta entidad porque para poder tramitar las adopciones en los países citados “era por ley perceptiva la intermediación de una ECAI” y Addis Galicia era una de las habilitadas expresamente por la Xunta, “sometida por imperativo legal a su control y delimitada por la Ley de apoyo a las familias y a la convivencia de Galicia”. No obstante, se quedaron sin los hijos, sin el dinero y sin recibir explicaciones sobre la gestión.

Tras cinco años de supuestos trámites, nadie de Addis Galicia ni del Ejecutivo autonómico que la tutelaba ha rendido cuentas ni informado de las actuaciones realizadas a los afectados que se preguntan por el destino final de las “millonarias cantidades desembolsadas” a favor de la ECAI así como por la supervisión de la Xunta “para evitar la comisión de los graves hechos delictivos”, aseguran los adoptantes. Ni siquiera, sostienen, se han liquidado los contratos.

La querella admitida a trámite, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, fija inicialmente la responsabilidad civil derivada del supuesto delito de estafa agravada en la cantidad equivalente a la que entre todos ellos aportaron: 71.882,15 euros más intereses. Junto a ello, estima en 1,5 millones de euros los daños morales ocasionados y en 125.000, el supuesto delito de fraude de subvenciones. En total, más de 1,7 millones.

Los demandantes afirman que tanto la ECAI como la Xunta han incumplido sus obligaciones legales. Entre otras, disponer de un fondo de reserva para responder de las contingencias imprevistas que afecten a la continuación de los expediente "y que no podrá ser utilizado sin autorización de la Dirección Xeral de Familia" del Gobierno autonómico. Sostienen, además, que estas entidades están obligadas por ley a remitir a la Consellería de Familia documentos contables de cada ejercicio así como a informar del “salario y situación contractual del personal”.

Los afectados cuestionan la inviabilidad económica argumentada por Addis Galicia y la Xunta para justificar el cierre: “Sencillamente, se ha distraído una cantidad millonaria bajo la apariencia de una ONG que no era tal: no han existido actuaciones que justifiquen la descomunal facturación y posterior vaciamiento patrimonial de la ECAI”.

Tampoco se explican que el Ejecutivo gallego hubiese autorizado a Addis Galicia a elaborar “nóminas desorbitadas e incompatibles con una ONG, contrataciones opacas con familiares de la junta directiva, viajes en avión en primera clase con escalas en destinos turísticos incomprensibles desde el punto de vista profesional, alojamientos sin justificación en hoteles de lujo, desvío de fondos y dietas desproporcionadas y sin encaje, desplazamientos internacionales con acompañantes ajenos al personal de Addis y sin fines profesionales y gastos no vinculados a Addis Galicia y su actividad”.

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