Barreiro reconoce sus tratos con Púnica pero niega el desvío de fondos públicos

La senadora del PP declara en el Supremo, no dimite y complica que Ciudadanos apoye los Presupuestos

Pilar Barreiro, hoy a su llegada al Tribunal Supremo.J. V.undefined

La senadora del PP Pilar Barreiro ha reconocido este lunes ante la juez del Tribunal Supremo Ana Ferrer que mantuvo contactos con el experto informático de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejoraran su imagen en Internet. Sin embargo, negó en todo momento que dichos trabajos –que aseguró que no se habían llegado a realizar- fueran a ser pagados con fondos públicos, sino que los mismos iban a ser cubiertos por su partido. El abogado de la senadora, Raúl Pardo Geijo, ha anunciado a la salida de la declaración que en los próximos días presentará un escrito para pedir el archivo de la causa y el sobreseimiento de su cliente.

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En consecuencia, Barreiro no dimitirá como senadora, lo que complica que el Gobierno apruebe los Presupuestos de 2018. Ciudadanos, socio imprescindible para que el Ejecutivo saque adelante las cuentas públicas, condiciona el apoyo de sus 32 diputados a que el PP logre la renuncia de su representante. Mientras tanto, los consejeros de Mariano Rajoy se inclinan por esperar a las próximas decisiones del Supremo.

“Tras la declaración, el juez tendrá que decidir si sigue adelante con el proceso o no”, ha argumentado una fuente de la dirección nacional del PP. “Si decide seguir adelante, [Barreiro] tendrá que dejarlo”, ha añadido. “Y si se decide archivar el caso, se acabó”.

El alto tribunal decidió abrir una causa contra Barreiro en octubre pasado por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada. El alto tribunal decidió investigar a la exalcaldesa de Cartagena asumiendo los argumentos de la exposición razonada que envió en mayo pasado el juez Eloy Velasco, que hasta junio estuvo al frente del caso Púnica en la Audiencia Nacional. Velasco no podía investigar a Barreiro debido a la condición de aforada de la actual senadora y que, cuando se produjeron las primeras detenciones en octubre de 2014, era diputada.

Velasco pidió al Supremo que lo hiciera al considerar que la exalcaldesa de Cartagena había contratado con dinero público a uno de los principales implicados en la Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse presuntamente vinculada al supuesto caso de corrupción Nova Carthago. Por esta causa también tuvo que declarar ante el Supremo, pero entonces el alto tribunal sobreseyó las acusaciones contra ella.

En su declaración de este lunes, Barreiro ha desligado el pago de 4.840 euros a las empresas de De Pedro por parte del Ayuntamiento de Cartagena de los trabajos de reputación online. Según su versión, esta cantidad se abonó para la inclusión de banners de publicidad de dos exposiciones que patrocinaba el Consistorio, nunca para mejorar su imagen en las redes sociales. En este sentido, la senadora ha argumentado que si con dicho dinero se pagaron supuestos trabajos de reputación, por qué De Pedro le envió en un mes después un "informe de percepción" en el que se aseguraba, precisamente, que "no existe una estrategia de reputación y posicionamiento en buscadores ya que la practica totalidad de resultados provienen de fuentes externas y no controladas". Al término de la declaración, su abogado ha incidido en la misma idea al asegurar que “se contrató una publicidad, se hizo y se pagó. Y luego se contrató una reputación que no llegó a terminarse y que iba a pagar el partido”. Por todo ello, ha concluido que “no hay delito alguno” en la actuación de su cliente.

A Barreiro se le atribuye su supuesta participación en dos acuerdos para defraudar fondos públicos: uno, en el Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de Murcia, que en aquel momento encabeza el que luego sería presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Respecto al primero, la investigación recoge indicios de que Barreiro asistió a reuniones donde, “con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena”, puso en marcha un “plan defraudador” basado en crear cuentas de redes sociales y un diario digital a su servicio que costearía el Consistorio.

Entre los indicios contra ella destacan cuatro facturas que Fiscalía Anticorrupción tilda de falsas y que supuestamente fueron manipuladas por la entonces alcaldesa de Cartagena y sus colaboradores para justificar la utilización de 4.840 euros de dinero de las arcas municipales para sufragar las actividades del experto informático de la trama. El desvío supuestamente se camufló con un contrato para incluir banners de publicidad en la red de periódicos digitales de De Pedro para promocionar las "Fiestas de cartagineses y romanos" y la exposición sobre el "Tesoro de la Mercedes". La documentación que remitió el Ayuntamiento fue calificada por la fiscalía en sus escritos de "escueta" ya que se redujo a las cuatro facturas (tres de ellas de 968 euros y la última de 1.936 euros), distintos impresos de "propuestas de gastos", anotaciones contables electrónicas y capturas de pantalla de las inserciones publicitarias. No apareció ningún contrato.

En este punto, Fiscalía destacaba las supuestas irregularidades detectadas en estas facturas y, sobre todo, en la fecha que plasman los sellos de registro de entrada de dichos documentos en el Ayuntamiento. El primero es del 28 de octubre de 2014, solo un día después de que la Guardia Civil detuviera en la primera fase de la Operación Púnica al experto informático de la trama y a su socio, el exalcalde socialista José Antonio Alonso Conesa, estrechamente relacionado con la propia Pilar Barreiro. Los otros sellos son del 12 de diciembre de ese mismo año y del 27 de enero de 2015. Para Anticorrupción, este detalle evidencia que fueron registradas en el Consistorio cuando este ya había efectuado el pago. De todo ello, la Fiscalía hace responsable directa a la propia Barreiro, a la que considera máximo responsable de dar el visto bueno al pago.

Sobre el acuerdo para defraudar a la Consejería de Educación, el juez describía indicios de que la aforada participó en un plan para que el Gobierno regional pagase a De Pedro por otro trabajo más completo de reputación on line a favor de ella y del entonces presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, ya procesado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por estos hechos. En el sumario consta la declaración de un trabajador de De Pedro que reconoce a Barreiro como la persona que junto a Sánchez se reunió con el experto informático de la trama 22 de septiembre de 2014 en el Hotel Las Artes para concretar los trabajos para ambos cargos públicos del PP.

En el ordenador de este mismo trabajador aparecieron durante los registros dos documentos relacionados con la senadora. Uno recogía los resultados obtenidos en las distintas redes sociales con los términos de búsqueda "Pilar Barreiro Álvarez" y "Alcaldesa de Cartagena". El segundo era una propuesta para realizar trabajos de reputaciòn 'online' a la política. En el mismo se concretaba que los mismos consistirían en "la creación de soportes y contenidos para la consolidación de una imagen positiva" de la dirigente 'popular', entonces a punto de encabezar la lista de su partido en las elecciones municipales de 2015.

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