Rajoy recurrirá si la Mesa del Parlament tramita la investidura a distancia

Un reconocimiento honorífico realizado en Bélgica no sería, en principio, recurrible

Rajoy, a su llegada a un foro económico celebrado en Madrid.
Rajoy, a su llegada a un foro económico celebrado en Madrid. Ballesteros (EFE)

El Gobierno prepara ya la argumentación jurídica ante el Tribunal Constitucional por si la Mesa del Parlamento de Cataluña propicia el debate sobre la investidura de Carles Puigdemont. Un reconocimiento honorífico realizado en Bélgica no sería, en principio, recurrible, pero sí lo es el intento de modificar leyes para que pueda ser elegido a distancia, como pretende Junts per Cataluña en una propuesta que registró el pasado viernes en el Parlament.

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No habrá la menor concesión del Gobierno ante la posibilidad de que el Parlamento de Cataluña pretenda debatir sobre una eventual investidura de Carles Puigdemont. La respuesta jurídica será inmediata en el supuesto de que la Mesa de la Cámara admita a trámite la propuesta registrada por Junts per Catalunya para modificar la Ley de la Presidencia con el objetivo de investir a distancia a su candidato a presidir el Govern, Carles Puigdemont, fugado en Bélgica.

Si el presidente del Parlament, Roger Torrent, admitiera la propuesta y le diera curso para ser debatida, de inmediato el Gobierno presentaría la impugnación ante el Tribunal Constitucional. Este se dirigiría a Torrent para que desistiera, ya que su acción tendrá “consecuencias penales”, como ya le advirtió el pasado 27 de enero, cuando estableció la prohibición de votar la candidatura de Puigdemont “a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario”. “Actuaremos y analizaremos cada paso de acuerdo a la doctrina marcada por el Constitucional”, señalaron este sábado fuentes gubernamentales a preguntas de EL PAÍS.

Solo hay alguna duda sobre si sería recurrible el hecho mismo de que la Mesa admita a trámite la propuesta o habría que esperar a que ese órgano fijara día y hora para el debate. Los servicios jurídicos del Gobierno lo estudiarán, aunque los interlocutores consultados creen que ya la mera admisión a trámite sería recurrible. No obstante, la propuesta puede ser admitida por la Mesa pero que esta no la tramite y quede dormida sine die. Los partidos constitucionalistas, además, se van a oponer a que se creen las comisiones legislativas hasta que no se produzca una investidura y haya Gobierno en Cataluña.

Sí quiere creer el Ejecutivo que Roger Torrent obedecerá al Constitucional si recibe el requerimiento de que no tramite esa propuesta de ley. Desde el Gobierno se recuerda que en la tensión entre los líderes de la lista de Puigdemont y los de ERC —este segundo partido no se ha sumado a la proposición presentada el viernes— prevalece la condición de los republicanos de que las acciones que emprendan no tengan consecuencias penales. Y esta podría tenerlas.

Nueva anulación

Los dictámenes del Tribunal Constitucional se suceden para remarcar la ilegalidad de todas las acciones hacia la secesión. En una nueva sentencia fechada el 5 de febrero y conocida ayer, el tribunal estima un recurso de amparo del PSC y anula el acuerdo de la Mesa del Parlament del pasado 6 de septiembre por el que se negó a los grupos de oposición la posibilidad de pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la tramitación de la ley del referéndum. La Mesa, dice el Constitucional, vulneró los derechos de los diputados de la oposición.

Sobre la firma

Anabel Díez

Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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