El Tribunal de Cuentas pide 100.000 euros a Nacho Villa y otro directivo de la tele manchega por malversación

La instructora califica de “negligencia” que el directivo perdonara a una constructora 90.000 euros

El ex director general de Radio Televisión Castilla-La Mancha, Ignacio Villa.
El ex director general de Radio Televisión Castilla-La Mancha, Ignacio Villa.I. Herrero (EFE)

El Tribunal de Cuentas pide 100.000 euros a Ignacio Villa, director de Radio Televisión Castilla-La Mancha durante la presidencia de la popular María Dolores de Cospedal, y a otro directivo de la televisión castellanomanchega, por presuntas irregularidades cometidas durante su mandato. El órgano fiscalizador está juzgando si Villa cometió una malversación al perdonar a una constructora 90.000 euros.

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Esta es la primera presunta irregularidad durante el mandato del directivo que llega al Tribunal de Cuentas. La gestión de Villa al frente de la radiotelevisión pública también quedó en entredicho en 2015, cuando se conoció que el periodista gastó 133.818 euros en cuatro años con las dos visas oro que le dio el ente público para gastos de representación. La gran mayoría fueron facturas en establecimientos de hostelería, muchos hoteles y restaurantes de lujo, tal como adelantó este diario.

Sin embargo, no son esos gastos –que Villa se negó a que fueran fiscalizados por la oposición durante su mandato—sino su gestión de las obras de reforma del edificio de Radio Nacional en Cuenca los que le llevan ahora frente a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, acusado de un alcance o malversación de fondos públicos.

La instructora del caso cree que Villa y su entonces director financiero y de recursos, Ramón Villaverde, son responsables de no haber deducido de la factura final presentada por la constructora 89.184 euros, el importe correspondiente a la valoración del retraso producido en la ejecución de las obras de reforma del edificio. Considera que cometieron una “negligencia” porque autorizaron el pago del total a la empresa Viales y Obras Públicas, S. A., sin tener en cuenta que existían resoluciones en las que “se especificaba claramente la penalización que debía soportar” la constructora, señala la instructora en documentación consultada por EL PAÍS.

Villa y su directivo “tampoco hicieron constar la existencia de la reclamación judicial existente”, añade la instructora. Pese a saber que se estaban tramitando acciones judiciales, ordenaron el pago de la totalidad de la factura, algo que “no tiene sentido”, escribe la instructora del caso.

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La denuncia ante el Tribunal de Cuentas la presentó el secretario general del ente público el año pasado al detectar la presunta irregularidad y el “posible perjuicio patrimonial” para las cuentas públicas. La primera vista del juicio (procedimiento de reintegro por alcance) se produjo la semana pasada. A Villa y a su directivo se les reclaman 105.038,93 euros (el importe perdonado a la constructora más los intereses).

La gestión de Villa, que durante su periodo al frente de la televisión regional percibía un sueldo bruto anual de 120.000 euros, dietas aparte, fue muy polémica. El PSOE denunció en 2015, al acceder al Gobierno de la Castilla-La Mancha, que Villa había dejado un “agujero” de ocho millones de euros en la televisión pública. Le acusaron también de contratar a 35 directivos con sueldos que alcanzaban los 90.000 euros anuales.

Otra de sus contrataciones también fue muy contestada: un mes después de llegar al cargo fichó a una antigua colaboradora suya en la Cope, para ser corresponsal en Asia por 12.000 euros brutos mensuales. Todos estos gastos afloraron cuando el PP perdió las elecciones, en 2015. El nuevo presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció que prohibiría las tarjetas y anunció una auditoría.

Fuentes de la radiotelevisión castellanomanchega aseguran que está previsto presentar más denuncias por presuntas irregularidades durante la gestión de Villa ante el Tribunal de Cuentas. Este diario intentó repetidamente, sin éxito, recabar la versión de Villa.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano

Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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