La Audiencia Nacional imputa a Convergència y el PDeCAT por el ‘caso 3%’

El juez De la Mata ve indicios de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo en las dos formaciones

Registro de la Guardia Civil en la sede de Convergència, en 2015.
Registro de la Guardia Civil en la sede de Convergència, en 2015.MASSIMILIANO MINOCRI

La Audiencia Nacional ha imputado este viernes al PDeCAT, como partido heredero de Convergència, en el caso 3%, la investigación sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública en Cataluña. El juez José de la Mata atribuye a ambas formaciones la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Aunque los hechos que se investigan ocurrieron antes de la constitución del PDeCAT, en julio de 2016, el juez cree que ambas formaciones son “una misma realidad”.

El juez De la Mata asumió en abril la investigación de las presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de concesiones de obra pública. En el caso están siendo investigados altos cargos del partido y empresarios, y el juez ha decidido dar un paso más e imputar a la propia formación. Pero De la Mata ha extendido también la investigación al PDeCAT, aunque las operaciones bajo sospecha se produjeron antes de la creación de este partido.

En un auto, el juez repasa la relación entre las dos formaciones y llega a la conclusión de que el PDeCAT conserva la estructura, funcionamiento, recursos humanos y materiales de CDC, que en muchos casos sigue siendo el titular oficial de estos recursos. De la Mata detalla algunos ejemplos, como que los trabajadores de Convergència, a pesar de estar en nómina de esta formación, prestan sus servicios para el PDeCAT, o que 37 de los 42 inmuebles propiedad de CDC están siendo utilizados como sedes por el partido heredero. Incluso las cuentas oficiales de esta formación en las redes sociales son las mismas (con el nombre cambiado) que usaba Convergència.

Con estos datos, el juez considera que los responsables de CDC decidieron constituir en julio de 2016 un nuevo partido con la finalidad de “desconectarse” de las responsabilidades penales en las que pudiera haber incurrido. Pero se trata, añade De la Mata, de una “mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad”.

En el auto en el que comunica la imputación de ambas formaciones, el magistrado describe el procedimiento por el que CDC presuntamente se financió de forma ilegal durante, al menos, 11 años. La financiación ilícita consistía en utilizar a las fundaciones vinculadas al partido (Catdem y Forum Barcelona) como “sociedades interpuestas” a través de las cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar a la formación comisiones, que simulan corresponderse con donaciones.

El monto total de licitaciones comprometidas asciende por ahora a 218,7 millones de euros. El importe de las adjudicaciones definitivas se eleva a 168,7 millones, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1,7 millones) y las prórrogas (4,5 millones). Es decir, la suma de las adjudicaciones se situó en alrededor de 175 millones, señala el juez. Las donaciones irregulares ligadas a esas adjudicaciones ascienden a más de un millón de euros, según De la Mata.

El magistrado argumenta la imputación de CDC en que no disponía de ningún sistema de control interno que garantizara la adecuada intervención y la contabilidad de sus operaciones. Así se refleja, recuerda el juez, incluso en los propios informes de auditoría interna de Convergència, una circunstancia que destacan también los informes del Tribunal de Cuentas. Por tanto, según De la Mata, los responsables de CDC conocían las irregularidades que pudieran surgir de sus sistemas de financiación. Un sistema que, advierte el juez, el partido ha normalizado y mantenido en el tiempo con independencia de los relevos en la cúpula de la formación.

 

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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