Una sala del Supremo plantea el ‘procés’ como una rebelión atípica

El tribunal dice que la justicia alemana apreció la violencia con “ligereza y superficialidad” y rechaza levantar el procesamiento de Serret y Comín

Toni Comín, en una entrevista en septiembre de 2017.
Toni Comín, en una entrevista en septiembre de 2017.MASSIMILIANO MINOCRI

Nueve días después de terminar el juicio del procés, una sala del Tribunal Supremo distinta a la que ha de redactar la sentencia ha descrito la tentativa independentista catalana del otoño de 2017 como una especie de rebelión atípica. “Se está ante una fragmentación del Estado en la que es una de sus nacionalidades la que se segrega y desconecta del territorio estatal, a diferencia de las rebeliones clásicas en las que lo que se pretendía es tomar por la fuerza el núcleo del poder del Estado”, escribe el tribunal en una resolución en la que rechaza dejar sin efecto el procesamiento de los exconsejeros de la Generalitat Meritxell Serret y Toni Comín, que huyeron a Bélgica con el expresident Carles Puigdemont tras declarar la independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017.

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En el auto, notificado este viernes, tres magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo señalan que hay que tener en cuenta este factor de novedad a la hora de analizar el delito de rebelión. “Ello contextualiza la modalidad y el grado de violencia que es preciso utilizar (…), cuando menos hasta que se entra en la fase de consolidación de la secesión de una Comunidad Autónoma como la de Cataluña, que tiene una estructura institucional muy sólida y asentada”, afirman los jueces.

“Para desagregar [a Cataluña] institucional y políticamente del Estado [se] contaba con una hoja de ruta en la que solo tuvo enfrente realmente la fuerza pública estatal el día de la celebración del Referéndum [ilegal del 1 de octubre]”, señalan en un auto del que ha sido ponente Alberto Jorge Barreiro.

La defensa de Serret y Comín apoyaba su petición de anular el auto de procesamiento contra ellos en la sentencia del tribunal alemán de Schleswig-Holstein que rechazó entregar a España a Puigdemont por delito de rebelión al apreciar que en el procés catalán no se dio con claridad el elemento de la violencia. El alto tribunal español vuelve a rechazar las tesis de los magistrados alemanes, que compararon el 1-O con la ocupación violenta de la pista del aeropuerto de Francfort para impedir su ampliación en 1983.

El Supremo considera que el tribunal alemán examinó “con cierta ligereza y superficialidad el complejo elemento normativo de la violencia” al alegar que el 1-O solo resultaron lesionados 58 policías de un total de 6.000 y sostener que no se produjeron grandes disturbios callejeros ni saqueos. Los magistrados españoles reprochan a los alemanes el haber “obviado” que “salieron a votar casi dos millones de personas en las diferentes zonas del territorio autonómico, una masa de ciudadanos que había sido convocada por los responsables del Procés contradiciendo las resoluciones del Tribunal Constitucional.

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La Sala concluye que hay que plantearse “cuántos policías serían necesarios para obligar a cumplir las normas y las resoluciones judiciales que se estaban infringiendo” (…) ante “la actuación de una masa de personas que ha sido convocada a ejecutar una conducta incuestionablemente ilegal e inconstitucional, y que necesariamente iban a entrar en confrontación con los agentes que representaban la ley y el Estado de derecho y que tenían encomendado impedir su vulneración”.

“Nuestro rechazo de las tesis del Tribunal alemán no es una cuestión de mero voluntarismo recalcitrante, sino que se basa en razones jurídicas de peso que nos impiden ubicar la calificación jurídica de los hechos en un escalón sustancialmente inferior al del tan traído y llevado caso de la manifestación pública de protesta realizada en un aeropuerto alemán”, añaden los magistrados españoles.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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