Interior traslada a una pareja de presos etarras para acercarlos a su hija

La menor abandonó hace unos días la cárcel de Valencia, donde convivía con su madre, al cumplir tres años, la edad máxima permitida por la ley

Miles de personas acuden a la manifestación en Bilbao por el acercamiento de los presos etarras.
Miles de personas acuden a la manifestación en Bilbao por el acercamiento de los presos etarras.Fernando Domingo-Aldama

El Ministerio del Interior ha comunicado este miércoles el próximo traslado a una cárcel más próxima al País Vasco de los presos de ETA Patxi Uranga Salbide y Olatz Lasagabaster Anza. Condenados a 12 años de prisión, ambos son pareja y estaban hasta ahora recluidos en la prisión de Picassent (Valencia), donde ella convivía en el módulo de madres con la hija de ambos. Su situación cambió hace unos días al cumplir la pequeña los tres años, edad límite en la que los hijos de las reclusas deben dejar de residir dentro de un centro penitenciario. Este ha sido uno de los motivos que ha llevado al departamento de Fernando Grande-Marlaska a ordenar su traslado, según fuentes jurídicas.

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Sin embargo, el acercamiento de ambos al País Vasco será relativo, ya que pasarán a ocupar sendas celdas en el centro penitenciario de Aranjuez (Madrid), situado solo 200 kilómetros más cerca de Gipuzkoa, donde reside ahora su pequeña, que la cárcel de Valencia donde han estado hasta ahora. El motivo, según detallan fuentes jurídicas, es que Lasagabaster está de nuevo embarazada y la prisión madrileña es la más cercana al País Vasco que cuenta con una unidad de madre, donde se atiende a todas las reclusas en su situación y tras tener a sus hijos. Esta cárcel cuenta también con un módulo de familia, en el que se permite la convivencia de parejas de presos.

Uranga y Lasagabaster fueron detenidos en junio de 2009 por su integración en el comando Mikelats, que operaba en Gipuzkoa pero que aún no había actuado. En su domicilio se intervino 75 kilos de material para fabricar explosivos y 23 metros de pentrita o cordón detonante, así como una bandera con el anagrama de ETA, una mira telescópica y esposas. Fueron condenados por colaboración con banda armada y depósito de armas. Ambos forman parte del grupo de más de 120 presos de ETA de los 217 que permanecen en cárceles españolas que en el último año y medio han presentado escritos en los que acatan la ley con el fin de mejorar su situación penitenciaria. Ambos lo consiguieron y fueron clasificados en segundo grado penitenciario, lo que les permite solicitar permisos de salida. En junio de 2018 habían cumplido tres cuartas partes de la condena y su excarcelación está fijada para el verano de 2021.

Con estos dos nuevos traslados, Interior confirma la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por flexibilizar la política penitenciaria con los presos de ETA que anunció tras asumir la Presidencia en 2018. Los más de 30 acercamientos y mejoras de la situación penitenciaria registrados desde entonces fueron un goteo constante que, sin embargo, se interrumpió el pasado junio. Desde entonces y hasta el pasado mes de diciembre, no se produjo ninguno. Sin embargo, a finales del año pasado se volvió a reactivar con el acercamiento del exjefe de ETA José María Arregui Erostarbe, Fiti, uno de los tres dirigentes terroristas detenidos en 1992 en un caserío de la localidad francesa de Bidart; y la concesión de la semilibertad a un segundo etarra, Gorka Fraile.

Lo que rechaza el Gobierno de Sánchez es acercar a todos los presos etarras en bloque, independientemente de sus condenas y de que hayan renegado o no de la banda armada, como ha pedido públicamente el Ejecutivo vasco, que encabeza Iñigo Urkullu (PNV). Este anunció que iba a presentar a Madrid un plan para acercar en bloque a las tres cárceles del País Vasco y las cuatro más cercanas a los 200 presos que aún no están en ellas. Argumenta que ello facilitaría su reinserción. Sin embargo, el Gobierno insiste en que los acercamientos seguirán siendo individualizados después de que los presos hayan dado pasos del reconocimiento del daño causado o de la legalidad penitenciaria.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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