La Casa Blanca descarta ahora la norma que obligaba a irse a los estudiantes extranjeros

Después de provocar el caos en el mundo educativo al amenazar con deportar a los alumnos internacionales si no tomaban clases presenciales, el Gobierno de Trump da marcha atrás por sorpresa

El campus de Harvard en Cambridge, Massachusetts.
El campus de Harvard en Cambridge, Massachusetts.Maddie Meyer (AFP)

El Gobierno de Estados Unidos dio marcha atrás este martes en su decisión de obligar a los estudiantes extranjeros a asistir a clases presenciales o abandonar el país. El anuncio fue igual de semiclandestino que la orden inicial. La retractación de la Administración Trump la hizo un abogado del Estado en la vista preliminar de la primera de múltiples denuncias presentadas a lo largo de la semana pasada por Estados e instituciones educativas, sumidas en el caos a pocas semanas de empezar el curso y con miles de estudiantes sin saber qué hacer.

El pasado 6 de julio, una circular de la Policía de Inmigración dio una patada por sorpresa a todo el ecosistema universitario. Para tener un visado de estudiante en EE UU es condición necesaria que las clases sean presenciales. Cuando llegó la pandemia, a mediados de marzo, Inmigración publicó una excepción a esa norma, ya que todo el sistema educativo se trasladó a Internet. Lo que la nueva circular hacía era avisar de que una próxima regulación iba a eliminar esa excepción, es decir, que los estudiantes estaban obligados a ir a clases presenciales o perderían su visado y pasarían a estar en situación irregular en el país.

Dos día antes, las universidades de Harvard y MIT habían anunciado que el próximo curso comenzaría con las clases online. Decisiones similares se estaban tomando en otras universidades por todo el país, ante la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia en los próximos meses. La norma suponía un dilema para cientos de miles de estudiantes internacionales y para las instituciones educativas: el riesgo de contagio frente al riesgo de destruir los planes. La norma agarró a los estudiantes con becas concedidas, pisos alquilados y planes de vida hechos para el año que viene.

Las universidades de Harvard y MIT presentaron una denuncia en Boston contra la nueva norma. Otras denuncias siguieron a lo largo de la semana, por parte del Estado y las universidades de California y, finalmente, una conjunta de 17 Estados más el Distrito de Columbia, liderados por Massachusetts. Compañías tecnológicas como Google, Facebook y Twitter habían apoyado la demanda diciendo que dañaba su negocio. Estados Unidos concede unos 400.000 visados al año de los tipos que se iban a ver afectados.

La primera de las denuncias era la que se dirimía este martes en un juzgado de Boston. Las universidades pedían que se suspendiera la aplicación de la orden de forma cautelar. El caso se ha cerrado con el desistimiento del Gobierno. La juez, Allison Burroughs, dijo expresamente que el acuerdo es de aplicación en todo el país.

Terminan de esta forma 12 días de angustia para miles de estudiantes internacionales que forman parte de un negocio de miles de millones de dólares para las universidades de Estados Unidos. Según un estudio de la Asociación de Educadores Internacionales (Nasfa), estos alumnos dejaron 36.900 millones de dólares (32.676 millones de euros) en el país en el curso 2016-2017.

La decisión de la Administración se enmarcaba en las políticas extraordinarias sobre inmigración que están afectando a casi todas las formas de entrar legalmente en el país con la excusa de la pandemia de la covid-19. La orden fue criticada desde el principio como un movimiento político, básicamente un intento de presionar a las universidades e institutos para que abrieran sus puertas a las clases presenciales en otoño. Así lo interpretaron gobernadores y congresistas demócratas, las universidades y los propios estudiantes, convertidos en peones de un juego político, como ya les ha pasado a los inmigrantes o a los agricultores que exportan a China.

El presidente Donald Trump ha dejado claro que quiere que la educación reabra en el próximo semestre de forma poco sutil: “LOS COLEGIOS DEBEN ABRIR EN OTOÑO!!!”, escribió en Twitter el día que se lanzó la circular. Todo esto se produce en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre. El principal argumento para su reelección este otoño eran las cifras económicas de estos tres años, los últimos de la década de mayor expansión de la economía de Estados Unidos. La pandemia ha destruido ese argumento. El país registra cifras récord de desempleo y destrucción de actividad.

La vuelta a los colegios es imprescindible para retomar la actividad económica. Sin embargo, las características de la covid-19 hacen muy difícil tomar decisiones de este tipo con antelación, ya que los niños y jóvenes son en su mayoría transmisores asintomáticos del virus y la evidencia científica apunta a que las reuniones en lugares cerrados favorecen especialmente el contagio. Los colegios de Estados Unidos llevan dando clases online desde marzo pasado y estos días tratan de hacer planes para agosto. El lunes, los distritos escolares de Los Ángeles (el segundo más grande de EE UU tras Nueva York) y San Diego anunciaron que el curso 2020-2021 comenzará online.

Sobre la firma

Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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