El Gobierno y las comunidades buscan un “plan de choque” para las residencias

Sindicatos y patronal exigen que se les tenga en cuenta en la toma de decisiones para elaborar un plan de alerta temprana

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia en la manifestación de este lunes para reivindicar unas pensiones públicas dignas. Entre las pancartas, algunas denunciaban las muertes en las residencias por la covid-19.
El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia en la manifestación de este lunes para reivindicar unas pensiones públicas dignas. Entre las pancartas, algunas denunciaban las muertes en las residencias por la covid-19.Miguel Toña (EFE)

El Gobierno y las comunidades autónomas están preocupados por la situación en las residencias de ancianos y personas con discapacidad, que ya suponen el 7,4% de los brotes activos de España, según datos del Ministerio de Sanidad. Para responder a este reto, la Vicepresidencia de Servicios Sociales se ha reunido este lunes por tercera vez con las autonomías para elaborar un plan de alerta temprana y comprometerse a monitorizar la situación de estos centros. De la reunión ha salido el compromiso de elaborar un “plan de choque” para estos centros, aunque no medidas concretas que se sumen a las tomadas hace 10 días de forma coordinada por las comunidades (limitación de visitas a una por persona y día, PCR a los nuevos ingresos...).

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Fernando Simón, director de Emergencias del ministerio, ha destacado este lunes que las infecciones en las residencias están “subiendo progresivamente” y se empieza a registrar un “suave incremento de casos”, y reconoció que esta situación es la que “más preocupación” causa. El epidemiólogo ha asegurado que en los geriátricos “es donde más esfuerzos se están haciendo para reducir los riesgos”. Simón abogó por medidas que no dejen de lado el carácter social de estos centros —”no se puede aislar completamente [a los mayores] del mundo”— y por buscar un equilibrio entre intentar que no haya brotes y que los mayores “no pierdan calidad de vida”. El problema no es solo de las residencias, dijo Simón, sino “de todos”: “Si sigue aumentando la transmisión en la comunidad, el virus acabará entrando [en los centros]”.

El experto ha señalado que los brotes en residencias tienen un promedio de 14 casos, pero hay una decena de brotes con un número muy importante de afectados. Así, la semana pasada se identificó uno de ellos en el geriátrico de Candeleda, un municipio de Ávila de unos 5.000 habitantes, y este lunes se ha conocido que los afectados ascienden ya a 84 personas (tan solo tres son trabajadores). Mientras, otra residencia en Tudela ha sumado este lunes cinco contagiados a los 16 de la jornada anterior.

La reunión entre Gobierno y comunidades de este lunes constató la necesidad de impulsar un “plan de choque” para reforzar el sistema de Dependencia, tal y como explicó el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Cada autonomía expuso en la reunión telemática las medidas que han aplicado hasta ahora. Los gobiernos autonómicos solicitaron fondos para adaptase a la covid-19. “Todas las actuaciones que se desarrollen desde el Gobierno han de llevar implícitas un compromiso de financiación estatal”, apuntaron fuentes de la Consejería de Murcia. La conselleira de Política Social de Galicia, Fabiola García, ha reclamado dinero para adaptar las residencias de mayores y los demás servicios sociales “a la nueva realidad”. María Victoria Broto, consejera de Derechos Sociales de Aragón, ha demandado otro fondo covid para nuevas medidas. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales de Madrid, ha exigido la presencia de los interlocutores sociales.

El Gobierno mantiene diálogos paralelos con los agentes sociales, pero patronales y sindicatos criticaron no haber sido convocados al encuentro de este lunes. “Somos los que conocemos a la perfección la realidad de puertas para dentro. Es importante que ellas también nos oigan”, dijo Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO. José María Toro, secretario general de CEAPS, patronal que agrupa a unos 2.000 centros privados, celebró las medidas que se están tomando pero lamentó que lleguen tarde: “Nosotros llevamos dos meses y medio advirtiendo de cuáles eran las líneas a seguir. Y la reunión es hoy”. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha señalado: “Hay que verlo en el BOE y presupuestado. Si no, no es serio”. Y ha lamentado que “hay comunidades a las que esto llega tarde”: “En Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid, estamos cerca del desastre”.

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