Un juzgado anula la multa a feministas por el 8M en Valencia ante “la falta de imparcialidad” del informe policial

El movimiento feminista de Valencia tiene pendientes todavía dos juicios derivados de las 20 multas impuestas durante las jornadas de huelga de 2018 y 2019

Protesta feminista ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, coincidiendo con el primero de los juicios de faltas durante la huelga del 8M.
Protesta feminista ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, coincidiendo con el primero de los juicios de faltas durante la huelga del 8M.Mònica Torres

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia ha anulado las multas impuestas a las feministas que participaron en piquetes informativos durante las huelgas del 8M de 2018 y 2019 en la ciudad al ver “falta de imparcialidad” en el informe policial. Así se desprende de la sentencia, facilitada por el Movimiento Feminista, que se produce a las dos semanas de celebrarse una vista en los juzgados por este asunto, el primer juicio derivado de las multas.

El juez declara contraria a derecho la resolución de la Delegación del Gobierno que imponía una sanción por falta de respeto a la autoridad, en aplicación de la ley mordaza y, por tanto, la anula. En la resolución se indica que no hay prueba de cargo suficiente para imponer la sanción al considerar que la ratificación de los agentes de la Policía Nacional está privada de objetividad e imparcialidad, puesto que incluía valoraciones sobre la lengua y la denominación País Valenciano que nada tenían que ver con los hechos.

El informe policial empieza: “Los abajo firmantes no conocen el idioma valenciano ni catalán ya que no tienen la obligación de conocerlo, así mismo manifiestan que no conocen institución alguna con el nombre Delegació del Govern Espanyol al País Valencià”.

El juez recuerda al respecto que estas afirmaciones son “totalmente superfluas” en cuanto a la infracción y carentes de valor en cuanto al procedimiento y, además, “dejan entrever una cierta acritud que para esta juzgadora se traduce en que el informe quede privado de la imparcialidad y objetividad atribuida a los informes emitidos por funcionarios públicos”.

Maria Josep Martínez, abogada de las feministas y miembro de Alerta Solidaria, señaló tras el juicio que estos comentarios eran del todo “innecesarios” en un informe de este tipo y que “sin duda mostraban una animadversión hacia el movimiento feminista que restaba de credibilidad la versión de los agentes”.

Tras la resolución, la Asamblea Feminista de Valencia y Alerta Solidaria han enviado un comunicado conjunto en el que denuncian la hostilidad de la Policía Nacional hacia los movimientos de la izquierda anticapitalista, los feministas entre ellos, y cuestionan la legitimidad del principio de veracidad, “que otorga mayor peso a la versión policial en este tipo de pleito administrativo, y que a la práctica, se traduce en una presunción de culpabilidad imposible, casi siempre, de destruir”, señalan en el texto.

“Denunciamos que este principio de veracidad ampara el abuso policial y la restricción de derechos fundamentales como el de reunión y manifestación, la libertad ideológica y de expresión y el derecho a la huelga”, y añaden que continuarán denunciando la ley mordaza hasta su derogación.

El movimiento feminista de Valencia tiene pendientes todavía dos juicios derivados de las 20 multas impuestas durante las jornadas de huelga de 2018 y 2019; 12 y ocho respectivamente: el próximo tendrá lugar el 28 de octubre, y del tercero todavía se desconoce la fecha. A estas veinte, se los suma otra multa que afecta el movimiento a raíz de los actos celebrados alrededor del 25N de 2019, Día Internacional por la eliminación de la Violencia contra todas las mujeres.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS