La derecha se queda sola con un desaforado ataque a la ley de eutanasia

Los aliados del Gobierno y Ciudadanos garantizan un amplio apoyo al proyecto en el pleno del Congreso

Gran lona desplegada en el centro de Madrid en una campaña contra la ley de eutanasia.
Gran lona desplegada en el centro de Madrid en una campaña contra la ley de eutanasia.Europa Press

España regulará por primera vez el derecho a la eutanasia con una ley que se ha garantizado un amplio apoyo del Congreso, más allá de la habitual base parlamentaria del Gobierno. El proyecto une a toda la izquierda y también a los liberales de Ciudadanos y del PDeCAT o a una formación de raíz cristiana como el PNV. Otra cosa es la derecha nacional, que no gana para catástrofes. PP y Vox, juntos en este caso, advirtieron este jueves con términos ominosos de la nueva hecatombe que se cierne sobre España. Para el PP, se trata de un “proyecto de ingeniería social” que abrirá entre los ciudadanos una “herida difícil de cerrar”. Vox advierte de “consecuencias aterradoras”: un Gobierno convertido “en señor de la vida y de la muerte de las personas”, con carta blanca para consentir el “asesinato”.

El texto casi definitivo del proyecto, que se debatirá la próxima semana en el Pleno del Congreso, salió este jueves de la Comisión de Justicia con ese respaldo transversal, tras incorporar aportaciones de los grupos a través de enmiendas. La ley, que establece un proceso de un mes desde que el paciente solicita la eutanasia —petición que está obligado a ratificar en cuatro ocasiones—, debería entrar en vigor en las primeras semanas del año, según los socialistas, sus principales promotores.

La regulación de la eutanasia ha provocado afinidades muy poco habituales. Ciudadanos y los independentistas catalanes defendieron este jueves al mismo tiempo que el proyecto supone un “avance en los derechos de las personas”. Varios portavoces aludieron a que la sociedad está ya “madura” para abordar el asunto. Entre ellos, el del PNV, Joseba Agirretxea, quien señaló que es necesario “legislar más allá de las creencias propias”. Carolina Telechea, de ERC, subrayó que la ley “no obliga a nadie, solo da un derecho para quien lo necesita”. Sara Giménez, de Ciudadanos, hizo el gesto de retirar una enmienda sobre la regulación de los cuidados paliativos, cuestión que los socialistas prefieren abordar aparte. Todos concordaron con la exministra de Sanidad María Luis Carcedo, del PSOE, en que el texto es “extremadamente garantista”. Incluso en exceso, según la diputada de Unidas Podemos Rosa Medel, aunque lo disculpó en aras del acuerdo con otros grupos.

La ley saldrá la semana próxima del Congreso con el presumible apoyo de unos 200 de los 350 diputados. Las encuestas señalan que el respaldo de la sociedad a la regulación de la eutanasia es aún mayor —hasta de un 85%, según un sondeo de Metroscopia de abril de 2019— y no ha dejado de crecer. Pero ni cifras así pueden conseguir que desfallezca la decidida vocación por el juego de ataque de diputados veteranos como José Ignacio Echániz. Frente a la gelidez de los números, el diputado popular opuso la ardiente certeza de sus propias impresiones: esto es, que no hay una “demanda social” sobre el particular, que él ni siquiera conoce “datos demoscópicos” al respecto y que, en cualquier caso, lo que está meridianamente claro es que “el conjunto de la sociedad española se ha manifestado en contra”. ¿Qué entiende Echániz, médico, exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y ahora portavoz nacional de asuntos sanitarios del PP, por “el conjunto de la sociedad española”? Pues, según detalló, los colegios médicos, los sanitarios, las sociedades científicas o catedráticos de Derecho Constitucional de más de 30 universidades. Todos juntos, enfatizó Echániz, para frenar una ley que va a “cambiar los pilares básicos de nuestra sociedad” y tendrá “graves consecuencias sobre la vida y la muerte”.

Vox venía avisando de que el Gobierno “socialcomunista” y sus adláteres van a romper España, derrocar la Monarquía, sustituir la democracia por un régimen bolivariano y dejar que los inmigrantes implanten el “terror multicultural” en los barrios de las ciudades. Y ahí no se acaba la cosa: también existe algo parecido a un plan de exterminio. “Esta es una ley eugenésica maquillada de bonhomía”, alertó la diputada Lourdes Méndez Monasterio, asombrada por el “escalofriante” texto que se va a aprobar. Se trata, explicó dirigiéndose a los diputados de la mayoría, de “eliminar aquellas vidas que ustedes crean que carecen de valor”. Con varios objetivos finales: provocar en la sociedad una “transgresión cultural”, evitarse el problema de las “cosas despiadadas” que han sucedido en los geriátricos por la pandemia y, en última instancia, practicar el “asesinato” para “aliviar económicamente el sistema”.

Los grupos que apoyan la ley fueron aguantando sin protestar -”como un sepulcro”, según la exministra Carcedo- hasta que Méndez Monasterio sentenció: “Ahora tu propio hijo se puede convertir en una amenaza”. Los demás diputados ya no pudieron reprimir los murmullos de desagrado, como tampoco lo hicieron los del PP y Vox durante la última y apasionada intervención de Carcedo, quien señaló que la ley solo pretende ocuparse de un asunto “que está en la condición humana”. La diputada socialista pidió “respeto” a sus oponentes y les dejó un mensaje final: “Les deseo de todo corazón que ni ustedes ni su entorno tengan que utilizar nunca esta ley”.

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Xosé Hermida

Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.

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