Condenado un cura a 20 años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro menores en Córdoba

Los jueces destacan la “profunda desprotección” de las víctimas, de entre 10 y 13 años

El edificio de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, en una foto de archivo.
El edificio de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, en una foto de archivo.

La Audiencia de Córdoba ha condenado a 20 años de cárcel a un cura y profesor de religión del colegio Santa María de Guadalupe de la ciudad andaluza por abusos sexuales continuados a cuatro alumnas de entre 10 y 13 años en 2013 y 2014. La sentencia destaca la “profunda desprotección” de las niñas, cuyos padres llegaron a dar credibilidad al testimonio del sacerdote sobre el de una menor que denunció los abusos. “Hasta sus propios padres estaban tentados de conceder más fiabilidad al adulto que de ellas estaba abusando, incluso cuando una se lo revelaba”, censuran los magistrados.

El juicio se celebró hace un mes en la ciudad cordobesa y ahora la Audiencia condena al religioso, de iniciales J. M. R. G., por cuatro delitos continuados de abusos sexuales, le absuelve de dos delitos por los que fue procesado y le prohíbe cualquier contacto con menores en su labor docente durante los próximos 32 años, además de al pago de 16.000 euros de indemnización.

En 2014, el cura era párroco de una parroquia cordobesa cuando las menores sufrieron sus abusos. El sacerdote las “sometió a tocamientos” en sus partes íntimas mientras las menores estaban en el aula, “sentándolas en sus rodillas, de forma habitual, al corregir las tareas o aprovechando que se quedaba allí a veces con las niñas durante el recreo, tocamientos que efectuaba guiado por un ánimo libidinoso y sin emplear fuerza ni intimidación para ello”, destaca el fallo.

El tribunal relata que el religioso le pidió en 2014 a una niña que asistía a un campamento organizado por el propio colegio que fuera junto a otra alumna “con él a su despacho con la excusa de recoger chucherías para los niños”, de forma que, una vez allí, “sentó a las menores encima de sus piernas”. El cura abusó sexualmente de una de ellas, que más tarde contó a sus padres el episodio, pero estos no denunciaron los hechos, sino que informaron por carta al director del colegio. El centro se limitó a trasladar al profesor a otra población y tampoco lo denunció, mientras la menor fue diagnosticada por su pediatra con un trastorno de adaptación. “La menor recibió asistencia en la unidad de salud mental comunitaria porque experimentaba miedo a los hombres que pudieran acercársele y cuando pasaba por delante del despacho”, refleja la resolución.

Solo un lustro después, en 2019, esta niña contó a varios agentes de la policía local cordobesa su drama tras una intoxicación etílica durante unas fiestas, lo que originó la investigación policial que derivó en el caso. Tras las pesquisas de los agentes y el juicio, los magistrados destacan ahora que la prueba fundamental de cargo contra el fraile son las manifestaciones efectuadas por las víctimas. “La correspondencia del relato en lo fundamental con lo primeramente relatado a la Policía, unida a la ausencia de móviles espurios que explicaran las imputaciones (...) permite acreditar el relato de las menores”, reza el fallo.

La sentencia subraya “la fiabilidad del testimonio de las víctimas”, un relato que contiene “la verdad de lo acontecido” sobre los abusos sexuales cometidos por el religioso. Pero también destacan los jueces cómo el sacerdote proporcionó “plurales corroboraciones del relato de las niñas” y cómo “no parece descartar el acusado roces con las menores, desvinculados de las tareas propias de la enseñanza”.

Sin embargo, la orden de Frailes Menores Franciscanos arropa al religioso arropa al religioso y ha defendido en un comunicado su presunción de inocencia, después de anunciar que ha recurrido la sentencia condenatoria ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La orden religiosa asegura estar a disposición de “las presuntas víctimas y familiares”, “lamentando el daño que la denuncia haya causado”. “Es un deber ineludible conocer la verdad de los hechos”, dice la orden religiosa, que abunda: “Reiteramos nuestra firme voluntad de trabajar a favor de la protección de menores, previniendo y denunciando cualquier abuso sexual, de autoridad o de cualquier otra conducta punible”.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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