El juez autoriza la venta de una de las empresas clave del ‘caso iDental’

De la Mata da luz verde a la adjudicación de Institutos Odontológicos al fondo Ares por 12,5 millones pese a la oposición de la defensa, que ya consiguió pararla una primera vez

Registro de la sede de iDental en Rivas (Madrid) en septiembre de 2018.
Registro de la sede de iDental en Rivas (Madrid) en septiembre de 2018.Rodrigo Jiménez (EFE)

El juez José de la Mata, instructor de la Audiencia Nacional, acaba de autorizar la venta de una de las empresas clave del caso iDental, que investiga a la red de clínicas odontológicas que cerró sus puertas en verano de 2018. A través de un auto fechado el 19 de febrero, al que tuvo acceso EL PAÍS, el magistrado da luz verde a que el administrador judicial (Deloitte) adjudique la compañía Institutos Odontológicos Asociados (IOA) al fondo de inversión Ares. Una medida adoptada para garantizar su "continuidad", ya que "los acreedores tienen contra la pared a la sociedad", dice el magistrado en su escrito, que ratifica así una decisión que ya tomó el pasado diciembre, pero que anuló la Sala de lo Penal al considerar que se había tomado sin escuchar a los actuales propietarios, imputados en la causa. La defensa se opone drásticamente.

Tras valorar ahora las alegaciones de Luis Sans —dueño de la compañía y uno de los principales señalados en la trama—, De la Mata confirma la venta. Según subraya el juez, que hace suyos las valoraciones de los peritos de la Agencia Tributaria, "de no producirse la transacción propuesta, esta se verá irremediablemente abocada a una situación concursal, que además supondrá la casi segura liquidación de la compañía". "Esto afectaría, sin duda, a multitud de puestos de trabajo y a acreedores ordinarios que no recuperarían los créditos y que supondría un grave perjuicio del crédito público", prosigue el magistrado.

La instrucción del caso iDental concluyó la existencia de dos "organizaciones criminales" dentro de la trama. La primera, compuesta por los fundadores Antonio García Pellicer y Vicente Castañer, se encargó supuestamente de poner en marcha "toda la estructura societaria" que se utilizaría posteriormente en la estafa. La segunda, liderada por Sans, se hizo con el control del grupo tras su colapso —con el objetivo de desviar fondos de acreedores, según el juez— y trató entonces de repetir presuntamente la estafa de iDental bajo la marca de IOA.

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Una tesis que rechaza Sans, que defiende su inocencia y se opone a la venta de esta empresa clave. Según el imputado, la intervención judicial ha resultado nefasta para IOA: ha incrementado su deuda financiera en 10 millones y también su deuda con la Seguridad Social y Hacienda, que "ha pasado de 1,2 a 2 millones". "Y el coste del administrador judicial asciende a 250.000 euros al mes. Es decir, en estos 15 meses sus servicios han costado 3.750.000 euros", argumentó en su recurso, desestimado por De la Mata, quien autoriza la adjudicación de la sociedad a Ares por 12,5 millones de euros

"¿Quién devolverá a Luis Sans sus activos de resultar inocente tras un juicio que ni siquiera tiene fecha a día de hoy?", se quejó el investigado a través de un comunicado hecho público hace unos días. "Es un acto de dudoso fundamento y que conlleva el expolio de los bienes en pleno proceso previo a su juicio", apostilló, antes de arremeter también contra la celeridad con la que el magistrado ha tomado esta decisión. Apenas ha tardado unos días. El entorno de Sans argumentó también que IOA se va a vender a una compañía con raíces en un paraíso fiscal y ha aportado documentación de los registros mercantiles, pero De la Mata insiste en su auto del 19 de febrero que la adquiriente es Ares Management y que la compra a través de una empresa con sede en España (Apollonia Topco S. L. U.).

Según el escrito del magistrado, entre los activos autorizados a traspasar se encuentran "la totalidad de las clínicas", incluido el mobiliario y equipamiento médico; las licencias de actividad; las marcas y logos registrados; las bases de datos de pacientes; y los saldos de tesorería. "El importe íntegro del precio de venta irá destinado al repago de deuda financiera", concluye el juez. 

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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