Enfrentamiento entre la Junta de Castilla y León y una residencia que vacunó al alcalde y al cura del pueblo

El centro de Villavicencio, un pueblo vallisoletano de 200 habitantes, argumenta que el Gobierno autonómico autorizó que los miembros del patronato se inmunizaran

A la derecha, la residencia Santo Domingo y Santa Eloísa de Villavicencio.
A la derecha, la residencia Santo Domingo y Santa Eloísa de Villavicencio.

La vacunación contra el coronavirus del alcalde y el párroco de Villavicencio (Valladolid, 200 habitantes), entre otros cargos locales, ha enfrentado a la residencia del pueblo, que les suministró las dosis, con la Junta de Castilla y León. El delegado territorial de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos, ha acusado a los responsables del geriátrico Santo Domingo y Santa Eloísa de mentir al asegurar que las autoridades autorizaron la inmunización de varios miembros del patronato del centro junto a los ancianos y a los trabajadores, colectivos que según los protocolos deben recibir la dosis prioritariamente. La directora del centro, Gloria Vázquez de Prada, asegura que ella informó pertinentemente a la Junta y que estos validaron verbalmente su petición e incluyeron estos nombres en la lista.

El alcalde, Alberto del Paz (PSOE), fue vacunado junto a un edil y al párroco de la localidad, según confirma Cobos, quien añade que ahora mismo están tratando de corroborar si los cinco vacunados “no son trabajadores del centro”, tal y como sospechan. Cobos recalca que “desde la gerencia nadie les autorizó” y que el argumento de que esas personas acudían frecuentemente a la residencia “es falso”, pues las normas sobre los pinchazos están claras y deben seguirse con rotundidad. El delegado considera que el caso puede tratarse de una “infracción administrativa”, pues se habrían falseado datos para incluir a esos integrantes del patronato entre aquellos legitimados para obtener la vacuna.

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La directora de esta residencia, con 58 plazas, no da crédito. Gloria Vázquez de Prada insiste en que la Consejería de Sanidad contactó con ellos para establecer un listado y que fue entonces cuando ella les comentó una situación particular: los residentes reclamaban poder ver al párroco que les presta “asistencia espiritual” y con el que no coinciden desde marzo. Asimismo, añade, los demás miembros del patronato acudían habitualmente a la residencia y así informó a Sanidad. Entonces, según su versión, se aprobó su solicitud durante una llamada telefónica que ahora le hace “dudar de la palabra de un funcionario público”. Los nombres que se consideran irregulares figuraban en un documento del que disponía la Junta y, asevera Vázquez de Prada, las autoridades “podrían haberlo mirado antes” en busca de fallos.

“No entiendo nada, no entiendo nada. Se ha hecho todo según lo estipulado. No se han dirigido a mí en ningún momento”, reitera la directora de esta fundación sin ánimo de lucro. “Es un pueblo en medio de la nada, en la España vaciada, y hace falta esta asistencia emocional”, indica. El párroco al que se refiere se llama Jesús Casas Motrel y cumple casi cinco años de atención en la residencia Santo Domingo y Santa Eloísa. Antes de la pandemia, relata, acudía semanalmente a estas instalaciones para dar misa y visitaba regularmente a los ancianos para ofrecerles compañía y “atención religiosa o espiritual”, incluso para darles la extremaunción si era preciso. Por eso pensaba que se seguían “los protocolos correspondientes” y aceptó la propuesta que les realizó la directora.

Casas, de 58 años y sacerdote desde 2009 en la comarca vallisoletana de Tierra de Campos, lamenta el “revuelo” y subraya que su intención era buena y que solo pretendía poder continuar con su labor parroquial cerca de sus fieles. Él recibió el pinchazo junto a sus compañeros del patronato el día 12 de enero, a las 12 del mediodía, sin apreciar ningún problema en esta circunstancia. El religioso se dice “con la conciencia tranquila” y el pensamiento de haber “obrado bien” por haber seguido estas instrucciones, aunque las pautas de Sanidad indican que los primeros beneficiarios de la vacuna deben ser los residentes y los trabajadores sociosanitarios que cuidan de ellos.

El alcalde, que no se ha pronunciado sobre esta polémica, ha recibido las críticas de los responsables provinciales de su partido. Manuel Escarda, secretario general vallisoletano del PSOE, entiende que lo ocurrido con Alberto del Paz y los otros empleados públicos vacunados “no está justificado”. Escarda expresa una “condena firme” y considera que puede haber habido un error de comunicación, pero censura que pese a posibles fallos no es de recibo “saltarse el protocolo” y pensar que por acudir de vez en cuando a la residencia se es merecedor de la dosis. “Un ciudadano debe saber, más aún un cargo público, quién puede vacunarse”, apunta. El también médico informa de que el alcalde no es afiliado socialista y que no puede someterse a la disciplina del partido, sino que la forma de actuar en el futuro depende de su posición individual. Escarda aprecia que la firmeza contra este tipo de casos, sumados al de otros representantes públicos que han maniobrado irregularmente para recibir la vacuna, debe servir como “aviso” para que otros alcaldes o autoridades eviten la tentación de aprovechar su cargo para inmunizarse contra el virus.

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Juan Navarro

Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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