La ley que amplía la prescripción de los delitos sexuales contra menores, a un paso de su aprobación en el Congreso

El tiempo empezará a correr cuando la víctima cumpla 30 años, y no 18 como hasta ahora. La Comisión de Derechos Sociales da luz verde al dictamen que pasará a pleno previsiblemente la semana que viene

Una joven se tapa la cara, en una imagen de archivo.
Una joven se tapa la cara, en una imagen de archivo.Luis Sevillano Arribas

La ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia está un paso más cerca de su aprobación. La comisión de Derechos Sociales del Congreso ha dado luz verde este miércoles, por 27 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, al dictamen que pasará a pleno previsiblemente la próxima semana, tras lo cual llegará al Senado. Los grupos registraron 576 enmiendas y, según ha destacado la mayoría de portavoces durante sus intervenciones, se han incluido sustanciales mejoras durante el trámite parlamentario. Entre ellas, dotar al texto legal de perspectiva de género, con medidas que refuerzan la protección de los menores en caso de violencia machista en el ámbito familiar o la prohibición de que se aluda al llamado síndrome de alienación parental —que no tiene aval científico y por el que se considera que un progenitor, normalmente la madre, manipula a sus hijos en contra del otro, al que terminan por rechazar—, el refuerzo del niño a ser informado en procesos administrativos y judiciales, o el veto a que un funcionario público desestime la denuncia de un menor porque entienda que le falta madurez.

Tanto el Comité de Derechos del Niño de la ONU como las organizaciones de infancia reclaman desde hace años la aprobación por parte de España de una ley integral que proteja al menor de situaciones de violencia. Fue una de las primeras promesas de Pedro Sánchez al llegar al poder, y en el Gobierno de coalición el texto pasó a depender de la cartera de Pablo Iglesias. La normativa tiene como fin prevenir, identificar y reparar la violencia que sufren los menores de edad. En junio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó en segunda lectura el anteproyecto de la norma, que ampliará el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores, entre ellos, los delitos sexuales. El tiempo no empezará a correr hasta que la víctima cumpla los 30 años, y no los 18 actuales, algo que reivindicaban las organizaciones de infancia debido a que quienes han sufrido abusos tardan normalmente muchos años en procesar lo sucedido y atreverse a denunciar. También se crearán unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad y se instaurarán protocolos contra la violencia en los centros educativos, deportivos y de ocio.

El dictamen ha sido aprobado en comisión con los votos a favor de los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, además del Partido Popular, Ciudadanos y el Grupo Plural. Vox y PNV han votado en contra, el primero por opinar que es “el colmo de la insensatez en la batalla de la cultura antifamilia” y el segundo por considerar que invade competencias autonómicas. ERC y EH Bildu se han abstenido. Los grupos parlamentarios se han reunido en ocho ocasiones en la fase de ponencia y han debatido los centenares de enmiendas recibidas. Según ha destacado la portavoz socialista, María Luisa Carcedo, más de 200 se han incorporado y 75 se han transaccionado entre los grupos políticos, de ahí que la mayoría de diputados que han intervenido hayan destacado que se trata de una ley de consenso. Carcedo ha criticado que “solo el 15% de los casos de violencia contra la infancia son conocidos” y que sobre estos asuntos existe “una espesa capa de silencio”. Según ha dicho, la ley refuerza la creación de “espacios seguros” en los ámbitos en los que los niños desarrollan su vida.

Lucía Muñoz, portavoz de Unidas Podemos, ha destacado que los cambios introducidos durante la fase de enmiendas se dividen en bloques, el primero refuerza los mecanismos de protección y participación de los niños, que incluyen medidas como el desarrollo de los protocolos que deberán instaurarse en los centros de protección de menores o las mejoras de las funciones del coordinador de bienestar de los centros educativos (la figura a la que deberán recurrir los alumnos en caso de violencia y que deberá velar por la aplicación del protocolo, en cuya elaboración además participarán los estudiantes). “El segundo, formado por las que van a permitir dotar a la ley de una marcada perspectiva de género de la que carecía anteriormente”.

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Entre las enmiendas pactadas, se evitará que “planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración”. Además, se incluye un nuevo artículo para proteger a la infancia en situaciones de violencia de género en el ámbito familiar y se establece la garantía de una atención integral para la recuperación de los menores de delitos violentos de naturaleza sexual o de género y se elimina la posibilidad de guarda conjunta en caso de que existan indicios de violencia de género, ha destacado Muñoz. En el texto también se da un mandato al Gobierno para que apruebe un reglamento para establecer un procedimiento común para determinar la edad de los menores no acompañados y de regular el régimen aplicable a las medidas de contención en los centros de internamiento de menores.

Pese al consenso en torno a la norma, se han evidenciado discrepancias durante la jornada. Dos de ellas atañen a los socios de gobierno. La primera de ellas, debido a una enmienda que ha sido rechazada y en la que los dos partidos que forman el Ejecutivo han tenido votos contrapuestos. Mientras Unidas Podemos quería regular en esta norma la prohibición de desahucios de familias con menores a cargo, fuentes parlamentarias socialistas explican que han votado en contra de esta enmienda porque es un asunto que ya se está negociando en la ley de vivienda. La segunda ha llegado con la intención de Unidas Podemos de prohibir la asistencia de menores a espectáculos taurinos o en los que se lesione o mate animales, una enmienda pactada con BNG, Más País-Compromís y ERC y que ha sido rechazada por el resto de grupos, entre ellos, el PSOE, con la abstención de EH Bildu y PNV. Fuentes socialistas apuntan que las competencias son autonómicas y que incluir esta prohibición en la ley supondría exponerse a que la tumbe el Tribunal Constitucional.

Elevar la prescripción de los delitos graves

María de la O Redondo, portavoz del PP, ha afeado el “enfoque partidista” de la ley, dado que “el Gobierno ha tenido una voluntad de consenso diferente dependiendo de qué grupo se tratase”. “Se han presentado 600 enmiendas. El 70% son suyas [los socios de Gobierno], de Ciudadanos o Más País”, ha dicho.

Sara Giménez, portavoz de Ciudadanos, ha elogiado la “disposición a llegar a acuerdos”. Ha explicado, no obstante, que en su opinión debería “adaptarse la nueva legislación a las necesidades de las víctimas” y elevar la edad a partir de la cual prescriben los delitos graves contra menores de los 30 años fijados actualmente en el texto a 40, una reivindicación de las organizaciones de infancia. Finalmente, la enmienda no ha obtenido los apoyos suficientes. La diputada ha destacado que sí se ha logrado aumentar “de seis a 12 meses el tiempo en el que la Administración mantiene la tutela sobre menores fugados [de centros de protección]” y ha considerado que “ha faltado trabajo” con el artículo que confiere a los trabajadores sociales la condición de agentes de autoridad, algo sobre lo que algunas organizaciones de infancia han manifestado su preocupación, por la posibilidad de que genere indefensión entre familias a las que se retira la tutela de sus hijos.

Este punto es precisamente uno de los que más ha destacado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien lo ha descrito como un “error flagrante” dado que los trabajadores “podrán saltarse procedimientos en caso de urgencia”. En este aspecto también ha insistido María Carvalho, de ERC, quien ha asegurado que hay aspectos “mejorables” en el texto, como el hecho de que no se hable de “violencia institucional”, en referencia a la que sufren menores tutelados en centros.

Sobre la firma

María Sosa Troya

Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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