Bruselas estudia que se persiga a los clientes de prostitutas que han sido víctimas del tráfico de personas

La Comisión propone un plan a cinco años para luchar contra el crimen organizado ante la escalada de su actividad

Un grupo de prostitutas, manifestándose este mes de abril en París para pedir una mejora de la ley contra la prostitución francesa
Un grupo de prostitutas, manifestándose este mes de abril en París para pedir una mejora de la ley contra la prostitución francesaYOAN VALAT (EFE)

El crimen organizado no ha aflojado ni en época de pandemia. Al contrario: Bruselas ve cómo se torna más violento y adopta la forma de blanqueo de capitales, corrupción y tráfico de seres humanos. La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una estrategia para los próximos cinco años durante los cuales desplegará una batería de iniciativas y propuestas legislativas para golpear a las bandas criminales. Entre ellas, el Ejecutivo comunitario evaluará que los países persigan a quienes contraten servicios derivados del tráfico de seres humanos. En plata: la Comisión quiere estudiar que se castigue a los clientes de prostitutas que han sido forzadas a ejercer al ser víctimas de la trata de personas.

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Bruselas se propone dar un golpe al crimen organizado y, en especial, al tráfico de personas. Solo los ingresos que generan las nueve actividades que resultan más lucrativas para las bandas criminales –entre ellas, el tráfico de drogas, de seres humanos, el contrabando de inmigrantes, el fraude y los ciberdelitos– ascendieron en 2019 a 139.000 millones de euros. Eso supone el 1% del PIB. Y la Comisión es consciente de que probablemente esa cifra se queda corta. La pandemia de covid-19, además, ha destapado una multitud de intermediarios de presuntas transacciones fraudulentas de vacunas o material médico.

En vídeo, la comisaria de Interior y Migraciones de la UE, Ylva Johansson, presenta la nueva estrategia contra la explotación de víctimas de trata.

El Ejecutivo comunitario ha decidido diseñar una hoja de ruta a cinco años. Entre las medidas que configuran ese paquete está la de evaluar “la posibilidad de convertir en delito el uso de servicios en los que se ha explotado a víctimas del tráfico de personas”. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, fue muy clara al ser preguntada en qué tipo de “servicios” piensa Bruselas. “Por ejemplo, una chica usada para la prostitución. Su traficante está vendiendo su cuerpo. Ella no está empleada por los hombres (normalmente hombres) que usarán su cuerpo, comprarán su cuerpo, explotarán su cuerpo… No está empleada por ellos, sino usada por ellos”, aseguró la titular europea de Interior. El 92% de las víctimas, de hecho, son forzadas a ejercer la prostitución.

La comisaria señaló que la actual directiva europea, aprobada hace 10 años, obliga a los países a castigar a quienes empleen a personas con las que se ha traficado. Ahora la Comisión se propone ir más allá y analizará si deben tipificar como delito la contratación de servicios que se deriven de esa actividad. “En mi opinión, esto debe ser un delito si se sabe que [la persona prostituida] es víctima, de la misma manera que se castiga a quienes la emplean. Esta es una evaluación que deberemos hacer antes de proponer una nueva legislación, pero yo sí veo una gran necesidad para este tipo de cambio”, sostuvo la comisaria sueca.

Junto a esa medida, la Comisión propone también hacer un balance sobre la efectividad que tuvo la directiva que obligaba a los Veintisiete a castigar a quienes empleaban a personas que habían sido tratadas como mercancías. Además, Bruselas se dispone a dar orientaciones para que las empresas puedan hacer auditorías en profundidad sobre su cadena de suministros para conocer si en algún eslabón se han producido trabajos forzados.

Bruselas también quiere mano dura con las organizaciones criminales. Después de constatar que el 43% de las bandas están creadas en torno a un núcleo central y que el 40% están estructuradas jerárquicamente, la Comisión considera que para acabar con ellas hay que intensificar el hostigamiento a los “actores” y “redes” que suponen un mayor riesgo para la UE. Además, ya no se trata de bandas locales que comercien de forma ilícita con personas o mercancías importadas de fuera de la Unión Europea. En los documentos adoptados este miércoles, Bruselas señala con inquietud que el 70% de esas organizaciones opera en cuatro o más países de la Unión y que cerca de la mitad de las personas que son objeto de trata son nacionales de la UE.

Colectivos vulnerables

Europol, la agencia donde cooperan las policías europeas, también ha señalado que el crimen organizado ha adaptado su “modelo de negocio” al entorno online. “La pandemia probablemente ha creado las condiciones para una mayor explotación por parte de los traficantes de seres humanos”, ha señalado recientemente la Europol en un informe. “Estamos decididos a dar la batalla contra los criminales dándoles allí donde más duele. Este es el principio de una lucha, y esa lucha dura cinco años”, sostuvo el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas. Para ello, el Ejecutivo comunitario ha pedido a los países que le den el mandato para poder negociar con la Interpol (agencia donde coopera la policía internacional) un acuerdo de intercambio de información actualizada que sea intercambiada con las agencias policiales europeas.

Según los últimos datos disponibles, en el conjunto de los años 2017 y 2018 se informó de 14.145 víctimas de la trata de personas, aunque Bruselas también cree que son muchas más porque no se detectan todas. Según la Comisión, cerca de la mitad son nacionales de la UE. Y un “número significativo” ha sido objeto de esa práctica ilegal dentro de su propio país. Las mujeres constituyen el 72% de todas las personas con las que se trafica, y un 22% son menores. El Ejecutivo comunitario señala que las bandas se aprovechan sobre todo de “las desigualdades sociales y la debilidad económica y social de la población”. “Los menores migrantes y, en especial los no acompañados, son particularmente vulnerables”, añade la Comisión, quien también apunta al colectivo LGTBIQ+, a personas discapacitadas y a minorías étnicas como el blanco de esas organizaciones criminales. La comisaria Johansson consideró que la próxima directiva debe incorporar una mayor atención a las víctimas.

Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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