Los contagios de coronavirus enfilan una clara caída, pero persiste la presión asistencial

La incidencia acumulada cae a 202 casos por 100.000 habitantes en España, aunque hay seis comunidades en riesgo extremo y los enfermos de covid ocupan el 20% de las camas en UCI

Varias personas en la playa del Bogatell de Barcelona, este jueves.
Varias personas en la playa del Bogatell de Barcelona, este jueves.David Zorrakino (Europa Press)

La curva epidémica en España enfila por fin un claro descenso tras dos semanas instalada en una meseta. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada baja a los 202 casos por 100.000 habitantes por primera vez en un mes, pero sigue en riesgo alto, según el semáforo de alerta del Gobierno. Así, si bien la tendencia es positiva, el control desigual de la transmisión entre comunidades autónomas —hay seis que están en riesgo extremo, por encima de 250 casos por 100.000— y la fuerte presión asistencial que arrastra el sistema sanitario, con una de cada cinco camas de UCI ocupadas por enfermos con covid, mantienen en alerta a los expertos. A dos días de que decaiga el estado de alarma y, con él, las restricciones que garantizaba este paraguas jurídico, como el toque de queda o los confinamientos autonómicos, los epidemiólogos consultados alertan de que “la pandemia no ha terminado” y si se baja la guardia con las medidas de control, avisan, puede haber repuntes peligrosos.

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“La epidemia va bien, pero tenemos todavía un peso de fallecidos y casos en UCI. Seguimos con ocupaciones muy altas”, ha resumido este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. El mando sanitario es optimista y señala que, aunque tras el fin del estado de alarma “no se puede descartar un incremento de movilidad que vaya asociado a un aumento de la transmisión”, lo ve poco probable. A propósito del escenario que se abre a partir del 9 de mayo, Simón rechaza implantar líneas rojas comunes y pide evaluar los riesgos y actuar de forma específica en situaciones epidemiológicas concretas. “Yo no plantearía medidas iguales para todos”, ha dicho.

El caso es que la situación epidemiológica en España se mueve entre dos aguas. Si bien la vacunación avanza ya a velocidad de crucero —el 12% de la población ha completado la pauta vacunal— y buena parte de los grupos etarios más vulnerables están protegidos contra las formas graves de la covid y la muerte asociada a esta dolencia infecciosa (el 81% de los mayores de 60 tienen, al menos, una dosis puesta), la transmisión comunitaria es elevada en la inmensa mayoría de las comunidades y las UCI siguen altamente tensionadas. Solo hay seis comunidades (Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y Murcia) por debajo de 100 casos por 100.000. El País Vasco tiene 478.

“Es evidente que no estamos en una situación uniforme”, señalaDaniel López-Acuña, exdirector general de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Hay algunas comunidades con problemas altos y no podemos infravalorar incidencias altas porque sea en personas más jóvenes. Puede que no haya tanta mortalidad, pero sí severidad y ocupación en las UCI”, sostiene. De hecho, si bien la incidencia media de España ha experimentado una caída, la ocupación de pacientes con covid en las unidades de críticos no termina de encarar un descenso claro y lleva semanas bailando por encima del 20% de todas las plazas de UCI disponibles. Simón ha señalado, no obstante, que ya se ha superado el pico de ocupación y empieza a descender.

Alberto Infante, profesor emérito de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, destaca que las personas contagiadas con síntomas graves pasan más días hospitalizados. “Los tratamientos que aplicamos sacan adelante a una proporción de gente mayor, o sea, que se ha reducido la letalidad. Pero salen vivos a costa de estar más tiempo. Así, aunque hay menos ingresos porque la población vulnerable ya está protegida, la estancia del paciente en la UCI es más larga. Hay menos rotación de camas y la ocupación no baja”, explica. Según los últimos datos de Sanidad, 2.212 personas están hospitalizadas en la UCI a causa de la covid. Esto es, en España, el 22% de las camas de críticos están ocupadas por pacientes con coronavirus, aunque en algunas comunidades, como en Madrid, asciende al 42%. En Cataluña, Ceuta, País Vasco y La Rioja supera el 35%. “Esto significa que hay un porcentaje de camas de UCI que no se están usando para otras patologías. Y esto lo podremos pagar más adelante con la sobremortalidad por otras causas al no evitar los ingresos por covid”, concluye Infante.

Momento clave

España encara el descenso de la incidencia en un momento clave para el control de la epidemia. El 9 de mayo decae el estado de alarma, el paraguas jurídico que facilitaba medidas de restricción de derechos fundamentales, como el de libre circulación o el de reunión. Sin él, las limitaciones más duras tienen que contar con un aval judicial y los epidemiólogos temen que los tiempos administrativos interfieran en el control epidemiológico de la pandemia. López-Acuña opina: “No podemos en modo alguno levantar restricciones de la noche a la mañana en esas comunidades que están por encima de 250 casos por 100.000 y tienen una transmisión comunitaria intensa. Al desaparecer el paraguas jurídico, hay riesgo de que tengamos repuntes a partir de la finalización del estado de alarma porque habrá más movilidad e interacción”. Los expertos avisan que, a mayor circulación del virus, mayor es el riesgo de que aparezcan nuevas variantes.

Las comunidades han empezado a mover ficha para mantener algunas restricciones, como los toques de queda o la limitación de reuniones. Al menos siete comunidades aspiran a mantener alguna de las restricciones del estado de alarma, pero, por ahora, solo Baleares ha logrado que su Tribunal Superior de Justicia dé el visto bueno a mantener el toque de queda y la limitación de reuniones a seis personas más allá del 9 de mayo. “Mi temor es que a partir del 9 de mayo interpretemos como que se acaba el estado de alarma y se acaban las precauciones. Es importante hacer un esfuerzo para explicar a la ciudadanía que la pandemia no ha terminado”, apunta Infante. El epidemiólogo Salvador Peiró, de la Fundación para Fomento de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, coincide en la “amenaza de repunte” que puede suponer “la reducción de restricciones, el menor soporte social a las medidas, el optimismo y la pérdida del miedo a reunirse con personas mayores ya vacunadas”, aunque matiza que es “bastante improbable” que se produzcan brotes con el mismo nivel de mortalidad que en otras olas.

Las comunidades pidieron este miércoles en el Consejo Interterritorial pautas comunes para afrontar la gestión de la pandemia cuando decaiga el estado de alarma, pues temen que se repita el caos jurídico del año pasado, cuando se produjeron resoluciones judiciales (tanto favorables como desfavorables) distintas ante medidas similares incluso dentro de la misma autonomía. El Gobierno defiende que el ordenamiento jurídico actual da herramientas suficientes para controlar la pandemia y se ofreció a revisar el último semáforo de riesgo aprobado por las autonomías y las actuaciones coordinadas asociadas a este indicador. Este umbral, que fija la situación actual de España en riesgo alto, y las medidas que lo acompañan solo funcionan a modo de recomendación, pero no son obligatorios.

Rastreo de casos

Los expertos reclaman, además, no dejar de lado el rastreo y búsqueda activa de casos y contactos. Peiró considera que “vamos hacia un eje de actuación de tres patas: vacunar todo lo que podamos, forzar el testeo y control de brotes, y girar las políticas para reducir los episodios infecciosos en jóvenes. No nos podemos permitir brotes como el del Colegio Mayor Ausiàs March de Valencia, con 120 afectados, porque si no le detectas, te crea un repunte en jóvenes y puede dificultarte mucho otras estrategias, como la vacunación”.

Según Sanidad, en España se hacen unas 1.850 pruebas diagnósticas por 100.000 habitantes y la positividad es del 6,68%, por encima del 5% que estipulan las autoridades sanitarias para poder controlar la transmisión. “El rastreo ha pasado a un segundo plano mediático y sanitario”, apunta López-Acuña. “Si bien es cierto que al bajar la incidencia se hacen menos pruebas, habría que aprovechar ahora para testear más y concentrarse con lupa en la búsqueda de contagios”.

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Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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