Un juez ordena la libertad de una mujer condenada a 30 años tras un aborto involuntario en El Salvador

La Fiscalía recurre el fallo a favor de Sara Rogel, que ya ha cumplido 10 años de la pena. Con ella, son 18 las mujeres condenadas por casos similares en el país centroamericano

Una manifestación feminista, el 28 de mayo en San Salvador.
Una manifestación feminista, el 28 de mayo en San Salvador.JOSE CABEZAS (Reuters)

Los padres de Sara Rogel esperaban emocionados la libertad de su hija, condenada a 30 años de cárcel en El Salvador tras sufrir un accidente doméstico que le causó la pérdida del feto. Las autoridades salvadoreñas la condenaron por homicidio agravado cuando Sara tenía 20 años, pero este lunes un juez de Cojutepeque, en el centro del país, ordenó su libertad al considerar que ha cumplido la mayor parte de su pena y que la mujer, ahora de 30 años, “no representa peligro para la sociedad”. La alegría fue momentánea, porque la fiscalía ha anunciado que recurrirá el fallo. “Llevamos diez años esperando, diez años sin ella”, dijo, muy conmovido su padre, Ángel Rogel, en las afueras del juzgado, donde un grupo de manifestantes se apostaron para seguir el fallo judicial a favor de Sara.

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La mujer nació en Santa Cruz Analquito, un pequeño municipio del departamento de Cuscatlán que no supera los 3.000 habitantes. En octubre de 2012, lavaba ropa cuando resbaló y el accidente hizo que perdiera a su hija. “Era un embarazo en etapa avanzada. Era un embarazo esperado. Por el accidente sufrió la pérdida del embarazo, con una fuerte hemorragia, por la que la llevaron al hospital. Allí la acusaron de aborto y después cambiaron el tipo de delito y la condenaron por homicidio agravado a 30 años de cárcel”, explica Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. La autopsia realizada reveló que el feto sufrió un trauma craneoencefálico, por lo que un juez determinó que fue un golpe intencionado.

Agrupaciones feministas y de derechos humanos han mantenido una batalla legal de una década para lograr la libertad de Sara, en uno de los países que cuenta con uno de los códigos penales más intransigentes en cuanto a la prohibición del aborto. Junto con Sara, 18 mujeres han sido condenadas por delitos relacionadas a emergencias obstétricas, mientras que hasta 2019 eran 181 las que han sido acusadas por causas relacionadas al aborto. “Durante 2020 y en lo que va de 2021 más de diez mujeres han sido acusadas, pero hemos logrado que no las condenen”, afirma Morena.

La fiscalía salvadoreña, que ha anunciado que recurrirá el fallo judicial de este lunes, tiene cinco días para hacerlo. Y luego la defensa de Sara contará con otros cinco para responder al recurso. “El proceso tendría que ir otra vez a una instancia judicial más alta y puede tardar un mes más. Ella podría haber salido hoy. Estábamos preparando una fiesta de celebración por su libertad”, cuenta Morena por teléfono desde la sede del juzgado donde se ordenó la liberación de Sara. “Vamos a presionar a la fiscalía, porque no tiene sentido que recurra”, agrega la activista.

El Salvador es uno de los países en la mira de organizaciones internacionales por sus duras leyes contra las mujeres que abortan. Un grupo de expertos de Naciones Unidas pidió el año pasado al Gobierno del polémico presidente Bukele que pusiera en libertad a tres mujeres que fueron encarceladas por sufrir durante el embarazo emergencias obstétricas que concluyeron en abortos involuntarios. El organismo las consideraba como “detenciones arbitrarias” y reclamaba a las autoridades salvadoreñas que las indemnizara por los daños ocasionados y que ordenara una investigación exhaustiva e independiente de las detenciones para castigar a los responsables. Uno de esos casos es el de Evelyn Hernández, quien en 2016 fue detenida tras sufrir un parto extrahospitalario en la letrina de su casa. El bebé murió. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. La sentenciaron a 30 años de cárcel por homicidio agravado, pero fue absuelta el año pasado tras varios años de presiones internacionales.

A inicios de mes las feministas salvadoreñas sufrieron un duro revés cuando la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Bukele, acordó archivar una propuesta de reforma al Código Penal presentada por colectivos feministas en 2016, que proponía la despenalización cuando la vida de la mujer está en riesgo, por violación o cuando se registren malformaciones del feto “que hagan inviable la vida fuera del útero”.

A pesar de ese retroceso, las feministas salvadoreñas siguen presionando para que se reforme el draconiano código penal. “Tenemos esperanzas”, afirma Morena Herrera. “El viernes presentamos cartas a diputados para que establezcan una mesa de diálogo para retomar las iniciativas de ley. Además, tenemos dos procesos abiertos en el sistema interamericano de derechos humanos”, explica la feminista.

Tras los retrocesos sufridos en un país muy conservador como El Salvador, el fallo de este lunes a favor de Sara era una esperanza para las agrupaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el país centroamericano. A pesar de habérsele entregado su libertad, Sara seguirá en prisión. La fiesta organizada para ella no pudo ser este lunes y sus padres no podrán llevársela a su pequeño pueblo del centro del país. “El fallo es una esperanza muy grande, pero por la falta de voluntad de la representación de la fiscalía ha impedido que se cumpla”, se lamenta la feminista Morena Herrera.

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Carlos Salinas Maldonado

Redactor de la edición América del diario EL PAÍS. Durante once años se encargó de la cobertura de Nicaragua, desde Managua. Ahora, en la redacción de Ciudad de México, cubre la actualidad de Centroamérica y temas de educación y medio ambiente.

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