Un nuevo acuerdo acelera la resolución del proceso contra Purdue Pharma por la crisis de los opiáceos

15 Estados dan su conformidad al plan de quiebra de la compañía, que se compromete a pagar 4.500 millones de dólares

Un farmacéutico muestra un bote de OxyContin en una farmacia de Provo (Utah), en mayo de 2019.
Un farmacéutico muestra un bote de OxyContin en una farmacia de Provo (Utah), en mayo de 2019.GEORGE FREY (Reuters)

El macrocaso judicial contra Purdue Pharma, el gigante farmacéutico responsable de la crisis de los opiáceos por la epidemia de adicciones que originó su analgésico OxyContin, va camino de resolverse. Quince Estados que bloqueaban el plan de bancarrota de la empresa -presentado en 2019 para evitar un torrente de demandas milmillonarias- han desistido de su empeño, según los datos hechos públicos esta medianoche del procedimiento federal de quiebra que se instruye en White Plains (Nueva York).

Entre los Estados que más se oponían a la declaración de quiebra -considerada por algunos analistas como un intento de reestructuración al estilo del de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas inglesas)- están los de Nueva York y Massachusetts, cuyos fiscales generales habían manifestado una férrea oposición legal al pacto. Ahora, de los 24 Estados contrarios, junto con el distrito de Columbia, sólo nueve persisten en el rechazo.

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El nombramiento en mayo de un nuevo juez para convencer a los Estados más reticentes ha propiciado el consenso, resultado de “negociaciones difíciles y reñidas, con resultado incierto” hasta última hora, según fuentes cercanas al proceso citadas por NPR, la radio pública. El plan de conciliación, que previsiblemente concluirá el próximo mes, ofrece garantías a los miembros de la familia Sackler, propietaria de la farmacéutica, y a muchos de sus socios frente a futuras demandas por comercialización de opioides. La compañía afrontaba 3.000 demandas por parte de Estados, ayuntamientos, tribus y particulares en todo el país por el devastador reguero de adicciones que dejó el OxyContin, su fármaco estrella. En conjunto, la crisis ha provocado más de medio millón de muertos en dos décadas en EE UU.

A cambio de ese blindaje ante demandas adicionales, los Sackler han acordado ceder la propiedad de la compañía. También pagarán unos 4.500 millones de dólares durante la próxima década. El acuerdo también incluye una “ampliación material” del fondo de más de 13 millones de documentos previsto en el plan de liquidación para aclarar el papel de Purdue Pharma en la epidemia de opioides, el nombre que reciben los derivados sintéticos del opio como OxyContin. Purdue Pharma se declaró culpable en 2007 y el año pasado de cargos penales federales relacionados con la comercialización del fármaco, como ocultar su dependencia y pagar incentivos a médicos para favorecer su prescripción.

Purdue Pharma no es la única compañía responsable de la peor crisis de salud pública vivida en EE UU entre la del sida y la pandemia de coronavirus. Recientemente, la farmacéutica Johnson & Johnson evitó el juicio con el pago de 230 millones al Estado de Nueva York, mediante un acuerdo con la fiscalía que implica también dejar de producir y vender sus analgésicos en el país.

No obstante, el protagonismo ha recaído en Purdue Pharma. La introducción en el mercado del potente analgésico OxyContin a finales de la década de los noventa multiplicó exponencialmente la prevalencia y la gravedad del fenómeno. Más del 70% de las muertes por sobredosis registradas en el país en 2019 se produjeron por consumo de opioides, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas inglesas), la agencia federal de salud.

Los Sackler nunca han enfrentado cargos. Según este acuerdo, no admitirán ninguna irregularidad y seguirán siendo una de las familias más ricas de EE UU. Las dos ramas Sackler se felicitaron mediante un comunicado del acuerdo, que permitirá “destinar recursos fundamentales a las personas y comunidades” afectadas. La fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, admitió que el arreglo “no es perfecto”, pero subrayó el “importante paso” que supone para las comunidades arrasadas por la crisis. “Seremos capaces de invertir más rápidamente en prevención, educación y en programas de tratamiento, y de poner fin a las demoras y a maniobras legales que podrían eternizarse”, ha dicho en un comunicado.

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