Andalucía refuerza la vigilancia en las residencias de mayores

Se incrementan las pruebas PCR en empleados tanto vacunados como no y los controles en el caso de ser considerados contactos estrechos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante la reunión del comité de expertos que asesora sobre la pandemia.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante la reunión del comité de expertos que asesora sobre la pandemia.. (EFE)

La Junta de Andalucía ha decidido reforzar la vigilancia en las residencias de mayores ante el repunte de brotes en este tipo de centros en el último mes. Las nuevas medidas, que entrarán en vigor este jueves, prevén más pruebas PCR entre los trabajadores, tanto los que no se han puesto ninguna dosis como los que ya están vacunados, los residentes que regresan a los geriátricos tras un periodo fuera y los contactos estrechos. Aunque el Gobierno andaluz ha optado por mantener el resto de restricciones vigentes en cuanto a horarios ―cierre de locales de ocio nocturno a las dos y del resto la hostelería hasta la medianoche y a la una en exteriores sin atender nuevas comandas― y aforos, sí ha ampliado el número de comensales de cuatro a seis en el interior de los locales de restauración en los municipios en nivel 1 y 2 de alerta.

Aunque los datos de incidencia semanal en las residencias facilitados por la Consejería de Salud son muy similares en los últimos siete días, en la comparativa con los recabados el 3 de agosto se aprecia un incremento considerable de los contagios entre los residentes. Así, a comienzos de mes había 382 casos confirmados y 15 días después ascienden a 618. Entonces eran 45 los centros con positivos entre los ancianos y el 17 del mismo mes ascienden a 73. Ante el incremento de las cifras, la Junta decidió someter a los trabajadores sin vacunar —el 27% del total (1009)— a una prueba PCR semanal. A partir de este jueves serán dos.

El director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud, José Repiso, ya se mostró favorable la semana pasada a duplicar los controles semanales, siguiendo las recomendaciones propuestas por el Ministerio de Sanidad. La Junta ha ido un paso más allá y ha establecido que los empleados vacunados se sometan a pruebas PCR cada dos semanas. Hasta ahora se hacían cribados a un tercio del personal cada 21 días.

Los residentes que vayan a reincorporarse a los centros de mayores tras haber estado un período de tiempo fuera también deberán realizarse un test en las 72 horas previas a la entrada, aun cuando estén vacunados. La vigilancia y la realización de test se extiende además a los residentes o trabajadores que se consideren contacto estrecho con un positivo. Deberán hacerse PCR el mismo día que se detecte el caso y cada cuatro y ocho, de acuerdo con las nuevas instrucciones de la Junta.

La Consejería también ha incluido la recomendación de que en estos casos se proponga que no se realicen visitas al centro o suspender las salidas del usuario si ha sido declarado contacto estrecho. Esta última propuesta supone una novedad respecto de la Orden de 14 de julio que es la última disposición del Gobierno regional que regula las medidas contra el coronavirus en residencias —e incorporaba relajaciones de las mismas— y un cambio en las directrices defendidas por Salud, más proclive a mantener cierta libertad de movimientos y visitas para no perjudicar a los mayores, que eran quienes, sostenían desde la consejería, más habían sufrido las limitaciones de la pandemia. “Las residencias no son islas. El personal entra a trabajar y luego se relaciona con familia y amigos”, indicaba Repiso.

La Junta es partidaria de que se obligue a vacunar a los sanitarios y personal de las residencias que no lo haya hecho ya, pero no va a adoptar ninguna iniciativa individual y espera que la respuesta sea coordinada con todas las comunidades, como ha ocurrido con el plan de vacunación. La patronal de las residencias andaluzas también ha reclamado al Gobierno andaluz la vacunación obligatoria, pero va más allá en la adopción de medidas de prevención y pide que los visitantes tengan también la pauta completa, que empiece a inocularse la tercera dosis en los centros de mayores, que se restrinjan las visitas y las salidas en los lugares con alta incidencia y que se evacúe a todos los contagiados. “Ha costado mucho esfuerzo conseguir convertir las residencias de mayores en lugares seguros ante la covid. Hemos dejado mucho en el camino, por ello no debemos descuidarnos, siempre hay que adelantarse al virus”, advierte el presidente de FOAM, Martín Durán.

El Supremo avala el rechazo al pasaporte covid para entrar en discotecas

La Junta de Andalucía ha solicitado, además, que se prorrogue el toque de queda entre las dos y las siete de la mañana en Bailén, Mengíbar (Jaén) y Villaverde del Río (Sevilla), al mantenerse por encima de los 1000 casos por cada 100.000 habitantes y que se adopte esa misma limitación en el municipio jiennense de Villanueva del Río. El TSJA deberá avalar ese tipo de confinamiento, algo que ya ha venido ocurriendo en los últimos casos.

El alto tribunal, sin embargo, se pronunció en contra de la exigencia de certificado covid o test de antígenos negativo para el acceso a las discotecas que la Junta quiso imponer a principios de agosto. Este miércoles, el Tribunal Supremo ha avalado las tesis del TSJA frente al recurso de casación interpuesto por el Gobierno andaluz.

El Supremo comparte con el TSJA la falta de justificación apropiada de la medida, que quería aplicarse en la totalidad del territorio andaluz con independencia de la tasa de incidencia, y sostiene que es una iniciativa que por su “severidad y por afectar a toda la población andaluza, incide restrictivamente en elementos básicos de la libertad de circulación y del derecho de reunión”. Los magistrados también respaldan los argumentos sobre la falta de idoneidad y necesidad de la exigencia del pasaporte covid. “Lejos de evitar los contagios en el interior de los locales de ocio, puede posibilitarlos, razón por la cual no puede ser ratificada”, sostienen. También entienden que atenta contra el principio de no discriminación al “establecer un trato diferenciado para el acceso a tales locales, basado en la posesión o no del mencionado certificado”.

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Sobre la firma

Eva Saiz

Redactora jefa en Andalucía. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario como responsable de la edición impresa y de contenidos y producción digital. Formó parte de la corresponsalía en Washington y ha estado en las secciones de España y Deportes. Licenciada en Derecho por Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE y Máster de EL PAÍS.

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