Un empresario de Almería mantuvo contacto con niños durante dos años pese a su condena por abusos sexuales a un menor

El Supremo ratifica la sentencia por pederastia continuada al director de una escuela de verano, que tenía convenios con 33 colegios

S., madre del menor abusado en Almería, en su casa el pasado 20 de julio.
S., madre del menor abusado en Almería, en su casa el pasado 20 de julio.FRANCISCO BONILLA

El empresario Antonio Tortosa López fue condenado a cinco años de cárcel en 2019 por abuso sexual continuado a un niño de 12 años por la Audiencia de Almería, pero durante dos años ha mantenido contacto estrecho con alumnos de decenas de escuelas de verano y actividades extraescolares de colegios, según denuncian varias familias. Durante ese tiempo, tras la condena, el pederasta ha proseguido con ese contacto regular con menores a la entrada de los centros educativos. El Tribunal Supremo ratificó el pasado junio esa condena de la Audiencia y Tortosa ingresará en prisión previsiblemente este otoño.

“Este mismo verano este señor estaba en la puerta del colegio Lope de Vega, recibiendo a los niños, riéndose de todos nosotros”, denuncia la madre del menor abusado, de iniciales S. A. Tortosa es un empresario muy popular en la ciudad andaluza y antiguo hermano mayor de la Hermandad del Encuentro, cofradía donde tutelaba el grupo de niños recién ingresados como director de la vocalía de Educación y Cultura. Hace cuatro años, como director de la escuela de verano del colegio Lope de Vega, el empresario sentó a un menor “en sus piernas, metiéndole la mano por debajo de la ropa y tocándole sus órganos genitales con ánimo libidinoso, lo que hizo en al menos tres ocasiones”, detalla la sentencia del alto tribunal sobre la pederastia continuada.

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A pesar de que el fallo de la Audiencia almeriense se dictó en 2019, la familia del menor abusado censura que algunos colegios hayan permitido el contacto continuo de Tortosa con alumnos. Otra madre, Herminia Solvez, ratifica estas relaciones: “A mi hijo autista le besaba la mano y le daba chucherías a través de la reja. Hace dos años me propuso que le diera el consentimiento para recogerlo y darle clase por las tardes, pero esa solidaridad tan grande no me cuadraba y lo rechacé”, explica Solvez, cuyo hijo acudía al colegio público de educación especial Princesa Sofía. Este centro prohibió al empresario que accediera al recinto tras la primera sentencia, pero otros colegios almerienses no fueron tan diligentes, denuncian las familias. “Lleva cuatro años en contacto con menores a diario, excepto los domingos. Nos sentimos impotentes porque hay más víctimas, pero nadie ha dado el paso. Lo peor de todo es que el mundo no sepa quién es”, critica la madre del niño abusado.

La Junta alega que Tortosa, con una plantilla antaño de casi 100 empleados y 29 cargos en 22 sociedades según el portal Informa.es, fue alejado de los colegios, aunque el Ejecutivo andaluz no ha verificado que mantuviera o eludiera el contacto con menores en los centros, tal y como censuran las familias. “La empresa adquirió el compromiso de que en tanto no existiera una sentencia firme, dicho trabajador no haría acto de presencia en ningún centro educativo, evitando así el contacto con cualquier menor”, asegura una portavoz de la Delegación almeriense de la Consejería andaluza de Educación y Deportes. Tras su primera condena, la asociación de padres y madres (Ampa) del colegio Lope de Vega remitió un escrito a dicha Delegación que no obtuvo respuesta: “Le exigimos [a Tortosa] la entrega de las llaves que posee del centro y que no pueda disponer del aula que le fue cedida por el centro”, rezaba el documento del Ampa.

Tortosa niega los hechos: “Es un marrón gordo y ya está, la justicia es cada vez más injusta, pero recurriré al Constitucional. Se me ha puesto en el paredón”. El empresario asegura que hace dos años se desvinculó de su principal firma, Junior Informática. Pero Tortosa responde en persona al teléfono de contacto de esta firma, cuyo administrador único pasó a ser su hermano Javier en 2019. El empresario y su familia tienen un gran arraigo en la ciudad andaluza y en 2015 la Junta nombró a Miguel Ángel Tortosa, hermano del empresario, delegado de la Consejería de Conocimiento y Empleo para Almería.

Los jueces de la Audiencia almeriense calificaron el testimonio del menor como “persistente” y no dudaron de su veracidad, al igual que la Fiscalía, que pidió seis años de cárcel para Tortosa. “En una acampada en Lucainena de las Torres, en fecha no determinada, estando en la misma cama, le tocó con mismo ánimo libidinoso el trasero, lo que hizo que el menor la abandonase inmediatamente”, abundaba la sentencia, que le impuso una multa de 10.000 euros y la obligación de alejarse del menor 200 metros durante ocho años. Manuel Cerejido, hermano mayor de la Hermandad del Encuentro, califica los hechos como “muy graves y totalmente deplorables”, y asegura que propondrá la expulsión de Tortosa en el próximo cabildo general de hermanos, que se celebrará en enero de 2022.

Además del abuso sexual continuado, la Audiencia condenó a Tortosa por usurpar la identidad de la madre del menor al acceder al correo de su hijo y cambiar el número de teléfono de recuperación, para que él fuera contactado en vez de su madre. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA) no estimó este delito de descubrimiento y revelación de secretos porque otra persona con acceso a una red wifi pudo cambiar los datos, pese a que el nuevo número de teléfono suministrado era el de Tortosa, decisión que ratificó el Supremo.

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Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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