La Fundación Amancio Ortega destinará 280 millones a la compra de equipos contra el cáncer en 10 hospitales públicos

Los nuevos equipamientos utilizan los protones para la radioterapia, una técnica más precisa y segura que la utilizada actualmente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Flora Ortega (derecha), vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la firma del plan de colaboración, este martes en La Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Flora Ortega (derecha), vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la firma del plan de colaboración, este martes en La Moncloa.Rodrigo Jiménez (EFE)

La Fundación Amancio Ortega donará 280 millones de euros para la adquisición de 10 equipos de protonterapia, un tratamiento contra el cáncer, que serán destinados a hospitales públicos de Barcelona y Madrid (dos en cada ciudad), y también de A Coruña, Málaga, Sevilla, Valencia, Bizkaia y Gran Canaria, según el convenio firmado la tarde de este martes en el palacio de la Moncloa por la entidad, el Gobierno central y las comunidades autónomas beneficiadas.

La donación permitirá atender “necesidades presentes y futuras” de la sanidad pública y también acelerará la “investigación clínica con este tratamiento”, ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Será el Ministerio de Sanidad el que ejecutará la compra de los equipos, que se realizará en cuatro anualidades. “Gracias al compromiso de la Fundación”, ha seguido Sánchez, el coste de los equipos para las arcas públicas será de “cero euros”.

José Arnau Sierra, vicepresidente de la Fundación Amancio Ortega, ha señalado que el nuevo convenio complementará un programa anterior, también financiado por la entidad del dueño de Inditex —cuya fortuna asciende a 77.000 millones de euros, según la revista Forbes—, que ha permitido adquirir “450 equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer en hospitales públicos de toda España y que se encuentra en estos momentos en su última fase”.

“El objetivo es implantar en el sistema público sanitario español el tratamiento del cáncer mediante aceleradores de protones. Esta tecnología de vanguardia se encontraba entre los objetivos de los profesionales sanitarios y de los gestores públicos”, ha añadido Arnau Sierra, que ha destacado el compromiso de la entidad “con la sanidad pública, uno de los pilares del Estado de bienestar y uno de los grandes logros de nuestro país”.

Manel Algara, jefe de servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital del Mar (Barcelona), explica que “la protonterapia es un tipo de radioterapia que en lugar de administrar fotones o electrones, como lo hace la ya instalada en muchos hospitales, administra protones, lo que requiere de unos equipos mucho más complejos y caros que los que tenemos actualmente”.

La ventaja de la protonterapia es que administra la radiación de “una forma más precisa” y “con una dosis integral más baja”, lo que reduce la radiación total que recibe el paciente. “Esto es muy importante para los casos de cáncer en niños, ya que disminuye mucho el riesgo de que desarrollen un segundo cáncer pasados 20 o 30 años. Por este motivo, hoy en día la indicación principal de la protonterapia es para niños, aunque también se han demostrado mejores resultados en tumores del sistema nervioso central en adultos y es previsible que en los próximos años esto se extienda a otros tumores”, añade Algara.

Las donaciones a la sanidad pública como las realizadas por la Fundación Amancio Ortega han sido motivo de controversia en los últimos años, en un debate cuya base teórica contrapone un modelo vinculado al Estado del bienestar de la Europa continental, en el que los servicios públicos se financian en su práctica totalidad con la recaudación fiscal, con otro más liberal de tradición anglosajona, donde este tipo de convenios están mucho más arraigados.

José Félix Lobo, catedrático especializado en Economía de la Salud en la Universidad Carlos III (Madrid), considera que estas donaciones son compatibles con un sistema de sanidad público como el español y que deben ser “bienvenidas”. “Son ayudas que en algunos puntos contribuyen a aliviar la financiación pública. La base que sostiene el sistema son los impuestos y la obligación de las administraciones es dotarlo de medios suficientes. También fijar de forma clara las prioridades de planificación y subordinar a ellas estas aportaciones, porque no podemos ni debemos pensar que la filantropía nos va a solucionar los problemas. Dentro de este esquema, esto es un plus, un regalo añadido que bienvenido sea. Ojalá muchas personas ricas y grandes empresas hagan campañas de imagen mediante este tipo de convenios”, explica.

Ildefonso Hernández, catedrático en Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, se muestra algo más cauto. “Lo deseable sería que los importes donados no fueran para un fin determinado, sino que se incorporaran al fondo común para que los gobiernos los destinen a lo más prioritario, que por ejemplo ahora sería la atención primaria o los servicios de salud pública”.

Uno de los argumentos utilizados para que las donaciones sean orientadas es que estas se ven incentivadas si van a un fin concreto, lo que permite a quien las hace ver el resultado de su esfuerzo económico. “Esto se puede conseguir igualmente”, afirma Hernández, “informando del destino que va a tener o ha tenido el dinero, pero se pueden producir disfunciones si es el donante el que lo elige. Una es que cuando los fondos se destinan a medios tecnológicos, que requieren un importante mantenimiento, esto compromete a medio y largo plazo recursos públicos que llegado el momento pueden tener que detraerse de otras áreas más prioritarias”.

Otras entidades, como la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), rechazan en cambio de plano este tipo de donaciones. “El mantenimiento del Sistema Nacional de Salud y sus equipamientos no deben depender de la buena o mala voluntad de una persona. Es conveniente afianzar entre la sociedad la idea de que un sistema universal se financia con los impuestos que las personas y empresas pagan según sus obligaciones y no con caridad o actos dadivosos”, remacha su portavoz, Marciano Sánchez-Bayle.

Las donaciones privadas a políticas públicas han ganado peso en los últimos años también en el ámbito internacional. El caso más conocido es el de la Fundación Bill y Melinda Gates, que ha hecho aportaciones milmillonarias a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que han llevado al creador de Microsoft a convertirse en el segundo mayor financiador de este organismo.

En España, 3,6 millones de ciudadanos y un número de empresas sin determinar realizaron donaciones a entidades sin ánimo de lucro en 2019, el último año con datos disponibles. La Agencia Tributaria no da cifras detalladas de estas aportaciones altruistas ni qué parte de ellas van destinadas a fines sanitarios, solo de la cuantía de las deducciones fiscales asociadas: 557,17 millones a particulares y 189,2 millones aportados por las empresas.

Sobre la firma

Oriol Güell

Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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