Sanidad financiará la reproducción asistida a las “personas trans con capacidad gestante”

La ministra firma una orden para ampliar el servicio a mujeres lesbianas, bisexuales y solteras, algo que ya hacían la mayoría de comunidades

La ministra de Sanidad, Carolina Darias (sentada), firma la orden que actualiza el acceso a la Reproducción Humana Asistida (RHA) en el sistema sanitario público, rodeada de representantes de diferentes colectivos, este viernes en Madrid.Foto: FERNANDO VILLAR (EFE)

El Ministerio de Sanidad ha aprobado este viernes una orden para que el Sistema Nacional de Salud sufrague la gestación asistida a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual y de su estado civil, así como a las personas trans con capacidad gestante, es decir hombres que nacieron oficialmente mujeres y cambiaron de sexo registral. A efectos prácticos, esta última es la mayor ampliación que se produce tras la orden que ha firmado este viernes la ministra Carolina Darias, ya que la mayoría de las comunidades autónomas ya incluían en su cartera de servicios los tratamientos de fertilidad a lesbianas, bisexuales y mujeres solteras.

La orden revierte otra aprobada por la ministra Ana Mato en 2014 que excluía de estos tratamientos a todas las mujeres sin pareja heterosexual. Presentar problemas de fertilidad tras “12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos” era un requisito imprescindible para acceder a este servicio público. “La falta de varón no es un problema médico”, argumentó la dirigente popular entonces para limitar el derecho a la inseminación en la sanidad pública.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en un encuentro en el Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), en septiembre.Foto: A. Pérez Meca (EUROPA PRESS)

A pesar de ello, la mayoría de las comunidades autónomas continuaron prestando este servicio, ampliando la cobertura que marcaba entonces el Ministerio de Sanidad. Solo Murcia y Asturias (que ya lo ha incorporado) no lo estaban sufragando el 6 de julio 2018, cuando uno de los primeros consejos de ministros de Pedro Sánchez puso en marcha el procedimiento para la normativa que se aprueba ahora. La orden hace que no sea discrecionalidad de las comunidades prestar o no el servicio: todas las ciudadanas que cumplan los requisitos pueden exigir ahora este derecho.

“Hoy es un día de restitución de derechos que nunca debían de haberse suprimido”, ha dicho Darias tras firmar la orden arropada por activistas del colectivo LGTBI. “Se trata de blindar y ampliar derechos, de nuestros valores y una apuesta clara por la solidaridad. Nuestra intención es continuar la recuperación de derechos a través de la salud pública, universal: a la salud mental, a la no discriminación por VIH, al acceso a los medicamentos sin copagos, al aborto libre y seguro, a que las personas trans dejen de ser consideradas enfermas. El horizonte nos espera”, ha añadido.

La orden llega con dos años y medio de retraso. La idea inicial era que en el primer trimestre de 2019 entrara en vigor esta norma (que ha pasado por cuatro ministros y una pandemia), que ahora desarrolla una medida incluida en el anteproyecto de la ley trans aprobado por el Gobierno en junio: por primera vez, explicita entre las beneficiarias de estas técnicas a las “personas trans con capacidad de gestar”. Este añadido despierta recelos de parte del feminismo, en un debate de fondo y calado que ha tensionado las costuras del movimiento en los últimos tiempos.

Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), ha dado la bienvenida a esta nueva regulación en el acto de la firma: “Cuando salga por esa puerta lo haré sabiendo que mi novia Cristina y yo quizás nos planteemos quedarnos embarazadas, porque tendremos acceso a la sanidad pública, porque cuando salga por esa puerta sabré que cualquier mujer soltera, lesbiana, bisexual y transexual recuperará un derecho arrebatado por el PP. Somos partícipes de un cambio fundamental. Y lo hacemos de la mano activistas y autoridades públicas”.

La medida está incluida en el anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la conocida como ley trans, que pasó en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio. Esta ley permite la llamada libre determinación de género, que supone que basta la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de informes médicos ni de años de hormonación, como ocurre ahora.

Parte del movimiento feminista ve una amenaza en esta normativa porque considera que el sexo no es algo que se elija. Presentarlo así, argumentan, supondría que todas las leyes que evitan específicamente la discriminación de las mujeres estarían en riesgo. Este desencuentro es una de las disputas más agrias que se han vivido dentro del movimiento feminista, acostumbrado a debates apasionados, y se ha visto además amplificado por las redes sociales.

Algunas de estas organizaciones se han manifestado periódicamente contra esta ley, la última vez el 23 de octubre en Madrid. Plataformas como Contra el Borrado de Mujeres alertan también del uso de este nuevo lenguaje —“personas con capacidad de gestar”, “personas menstruantes”—, tras el que ven la misma amenaza. Desde que comenzó la tramitación de la ley trans han pedido que se abandone esa futura normativa y se aborden en su lugar temas de la agenda feminista como la brecha de género, la desigualdad en el trabajo o las pensiones o una ley para abolir la prostitución.

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