Un juzgado da 10 días a la expresidenta de Infancia Libre para su entrada en prisión

María Sevilla está condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de sustracción de menores

María Sevilla, en una imagen de 2019.
María Sevilla, en una imagen de 2019.EUROPA PRESS (EL PAÍS)

El juzgado de lo penal número dos de Madrid, encargado de ejecutar sentencias, ha citado a María Sevilla, quien fuera la presidenta de la asociación Infancia Libre, para entregarle un requerimiento de ingreso en prisión voluntaria, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A partir de este martes, dispondrá de 10 días para entrar en prisión. Sevilla está condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores, al haberse ocultado con su hijo para evitar que fuera con su padre, a quien le había sido otorgada la custodia y a quien ella acusa de abusar sexualmente del niño, unos abusos que no han sido probados judicialmente y que el padre siempre ha negado. La mujer había solicitado que se suspendiera su entrada en la cárcel hasta que el Gobierno decida si le concede el indulto, pero el juzgado lo ha desestimado. La decisión puede ser recurrida, algo que Sevilla tiene intención de hacer.

La noticia, adelantada por Público, se conoce unos meses después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación de Sevilla contra la sentencia de la Audiencia Provincial que ratificaba la decisión del juzgado de primera instancia que, además de condenarla a una pena de prisión, también la sentenció a cuatro años de retirada de la patria potestad de su hijo, que ahora tiene 14 años. Sevilla pidió un indulto a final del año pasado, pero el juzgado ha decidido no esperar a conocer la decisión del Gobierno al respecto. Fuentes del Ministerio de Justicia confirman que, efectivamente, la petición se registró a finales de diciembre y que han iniciado su tramitación, solicitando los informes preceptivos que, por el momento, no han recibido.

En un auto fechado el 25 de enero, la jueza señala que el Tribunal Constitucional mantiene que “la suspensión de la pena se configura como una medida provisional de carácter excepcional”, y considera que no se dan las razones de “justicia y equidad” que justifiquen su concesión. “No se aprecia que concurra un perjuicio irreparable para el menor, quien cuenta con su otro progenitor para cuidar del mismo, velar por sus intereses y adoptar las decisiones en protección del mismo”, se lee en el escrito respecto a la retirada de la patria potestad. Por último, la jueza señala que los hechos son “singularmente graves, prolongados en el tiempo” y que Sevilla no ha mostrado arrepentimiento, sino que “sigue justificando su actuar respecto a la sustracción del menor, persistiendo en acudir a la vía judicial reproduciendo pretensiones de un supuesto abuso sexual que ya han sido desestimadas, encontrándose inmersa en otro procedimiento penal como consecuencia de su persistencia en incriminar al otro progenitor en su afán de conseguir la custodia del menor, que le ha sido denegada por los tribunales en varias ocasiones”.

Actualmente, Sevilla está pendiente de un recurso de amparo ante el Constitucional por una denuncia interpuesta en 2020 y asegura que el niño sigue en riesgo. En un audio difundido por redes sociales describe lo vivido en estos años como un “horror y calvario” y afirma que en lugar de protección en el sistema judicial encontró una “persecución”.

El pasado diciembre, la ONU lanzó un duro reproche a España al considerar que el sistema judicial no protege lo suficiente a los menores “de padres abusivos”. Ocho expertos y expertas independientes que conforman un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos afirmaron en una nota en la que no hacen alusión al caso de Sevilla que Ejecutivo “debe hacer más” para proteger a los menores en los casos de violencia de género y en los que se detecten abusos sexuales, y “garantizar” que los tribunales “superen los prejuicios contra las mujeres” que denuncian estos casos y aplicar “un enfoque centrado en los niños y de género”.

La expareja de Sevilla, Rafael Marcos, niega que haya cometido abusos, asegura que su hijo se encuentra bien y explica que se opone al indulto: “El sistema judicial me ha dado la razón siempre, no han visto indicios de nada. Que pida un indulto y que esté en trámite me parece totalmente injusto”.

El caso de Sevilla estalló en marzo de 2019, cuando fue detenida en el municipio conquense de Villar de Cañas, lugar al que se mudó sin comunicárselo al padre del niño. Allí se ocultó con el menor junto a su actual pareja y la hija en común de ambos. En marzo de 2017, Marcos, el padre, denunció la desaparición del menor, cuya custodia le había sido otorgada ese mismo año y con quien el crío no mantuvo ningún contacto hasta que Sevilla fue arrestada. Desde entonces, el niño vive con Marcos y su madre lo ve los fines de semana alternos en un punto de encuentro familiar, primero en Madrid y actualmente en Marbella.

Sevilla fue la primera de las cuatro madres ligadas a la organización Infancia Libre, que afirmaba trabajar en defensa de los menores, cuyo nombre trascendió a raíz de una investigación de la unidad adscrita de la Policía Nacional a los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid). Las pesquisas se iniciaron tras las denuncias de los padres, que aseguraban que las madres estaban reteniendo a sus hijos y que los acusaban de unos abusos sexuales que no habían cometido y que tampoco habían sido probados judicialmente. Las cuatro mujeres fueron o bien arrestadas o bien llamadas a declarar en el marco de esta investigación.

La policía acusó en un informe a Infancia Libre de actuar como una “organización criminal”, dado que las madres acudían a los mismos profesionales, que apoyaban las acusaciones de abusos sexuales. Los padres aseguran que la única intención de las madres era perjudicarles. Ellas defienden que acudían a profesionales de referencia, sin haberlo orquestado conjuntamente, y que el sistema judicial no protege correctamente a los menores. La Fiscalía Provincial de Madrid archivó finalmente la causa al no apreciar datos objetivos que aseguren que funcionaba como una organización ilícita y al estimar que no se había podido establecer una conexión directa entre la entidad y las mujeres denunciantes. Pese a ello, los procesos individuales de cada una de las mujeres han seguido su curso individualmente.

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Sobre la firma

María Sosa Troya

Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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