Qué pasa si la violencia machista vuelve a ser lo que era antes de Ana Orantes

España avanzó en igualdad cuando identificó y dio nombre a la violencia de género. Diluirla como algo que ocurre dentro de la familia mina la evolución legislativa, política y jurídica de 25 años

Entierro de Ana Orantes Ruiz en Granada, asesinada por su ex marido, José Parejo, que la ató a una silla y le prendio fuego, después de haberla maltratado durante 40 años. En la foto, familiares de la víctima lloran durante el traslado del féretro. 18/12/1997
Entierro de Ana Orantes Ruiz en Granada, asesinada por su ex marido, José Parejo, que la ató a una silla y le prendio fuego, después de haberla maltratado durante 40 años. En la foto, familiares de la víctima lloran durante el traslado del féretro. 18/12/1997 Charo Valenzuela

Primero fue invisible y normal: las palizas y los gritos de los hombres a sus mujeres eran una cuestión privada, de puertas para adentro. En 1997, Ana Orantes se sentó en un plató de televisión, abrió esas puertas y dejó salir los puñetazos, los escupitajos, las amenazas, las órdenes, los abusos, los empujones y el pánico que había sufrido durante 40 años. Ella, sus tres hijas y sus cinco hijos. José Parejo, su ya exmarido, la quemó viva 13 días después de aquel relato y por aquel relato. Y también aquel relato fue lo que despertó la conciencia social y el debate público. Solo entonces, cuando cientos de miles de mujeres se vieron reconocidas en Orantes y en su historia, aquello comenzó a tener un nombre —violencia— y un apellido —doméstica—, o dos —doméstica y familiar—. Fue el primer paso de un recorrido que ya dura 25 años. En solo un cuarto de siglo, España se ha transformado en uno de los países más igualitarios del mundo, con algunas de las leyes más avanzadas y algunos de los mejores recursos para la prevención de la violencia y la protección de mujeres y menores. Intentar ahora volver a meterla en las casas y diluirla como algo que ocurre en la familia es revertir la evolución legislativa, política y jurídica de más de dos décadas.

Hace diez días, el Partido Popular cerró con Vox en Castilla y León el primer Gobierno de coalición en España que incluye a la extrema derecha. Entre los puntos de ese acuerdo está la creación de una ley de violencia intrafamiliar que actualizará “la normativa vigente en materia de protección para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables”. Ese día, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente popular de esa autonomía, habló de “mimar a quienes sufren violencia, todo tipo de violencia”.

Alberto Nuñez Feijóo, en la rueda de prensa, el viernes.

Seis días más tarde, el pasado miércoles, otro cargo del PP, el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, aludió a esa posible normativa: “La violencia de género es nada más que la del hombre contra la de la mujer, mientras que la intrafamiliar enfoca hombre, mujer, hacia los mayores, hacia niños, de mujer hacia el hombre… Es más demostrativa de la realidad de la sociedad”. Y el jueves, fue Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia y único candidato a la presidencia del PP, quien refiriéndose a las palabras de Aguirre negó la violencia vicaria, la que ejercen los padres sobre los hijos para hacer daño a las madres: “Hace un tiempo sufrimos un asesinato producido por un padre que, por un problema con su pareja, asesinó a sus dos hijas. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar”. Rectificó a las pocas horas en un tuit, pero ya lo había verbalizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de la Xunta.

Así es como en una semana el Partido Popular ha hecho suyo el discurso negacionista de Vox sobre la violencia machista. Aunque hayan pasado 27 años desde que la ONU, tras la Conferencia de Pekín, estableció una violencia específica llamada “contra las mujeres” y llamó a todos los países a tomar medidas para erradicarla; y casi dos décadas desde que se aprobara en España la Ley contra la Violencia de Género, en 2004 y entre aplausos, por unanimidad: en el panel luminoso de aquel día en el Congreso había 320 síes y 320 votos emitidos, ningún no, ninguna abstención.

“Ahora algo cuestiona lo que damos por válido porque lo es. Lo dicen los estudios, los datos y los análisis no solo en España sino en todo el mundo, es un hecho. En esa idea contraria a la realidad no hay ninguna intención de construir, sino de destruir”, declara Miguel Lorente, forense, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, miembro ahora del Observatorio contra la violencia doméstica y de género y autor, entre otras publicaciones, de Mi marido me pega lo normal. Pero, ¿qué construyó la conceptualización de esa realidad y qué puede destruir la negación de la misma?

“Si te contagias de covid hoy, ¿irías a un médico que niega la existencia del virus?”

Cuenta Lorente que cuando “el conocimiento científico y las aportaciones feministas” hicieron a los expertos mirar hacia las características específicas de la violencia contra la mujer, fue cuando descubrieron las diferencias, “y eso permitió identificarla como lo que es”, explica, el resultado de una estructura que sostiene y alimenta la desigualdad, el patriarcado. Pero “las violencias no se pueden estudiar por el resultado”, añade el profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada: “Todas terminan en lesión física o psicológica y, en última instancia, en el asesinato. Para estudiarlas, lo importante es conocer el porqué y el para qué se usan, las motivaciones y los objetivos de los agresores”. En la violencia machista, el porqué es la creencia de superioridad y por tanto de posesión, el para qué es la sumisión, la motivación es el deseo de control. Y el objetivo, la dominación.

Olvidar eso, añade el experto, haría “peligrar la respuesta en general que institucionalmente se le da a la violencia de género”. La respuesta institucional, en la práctica, es lo que ha permitido la evolución frente a ella: desde el propio nombre, el reconocimiento oficial, a todos los medios legales, jurídicos, humanos y económicos destinados a erradicarla. “Si con todo ello solo denuncian un 25% de las mujeres y el 80% de las asesinadas nunca lo hizo, imaginemos perder esa especificidad y la confianza que poco a poco hemos ido ganando para que las mujeres se sientan seguras. Ha costado y cuesta mucho todavía”, explica.

En 19 años de seguimiento desde el Observatorio contra la violencia de género y doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —del que Lorente forma parte como especialista—, “los homicidios han disminuido un 21,7%, hay 14 menos al año que cuando empezó la ley integral”. Se va a la pandemia para poner un ejemplo: “Si te contagias de covid hoy, ¿irías a un médico que niega la existencia del virus? Si de repente tienes que denunciar violencia machista y te dicen que las instituciones que tienen que protegerte están gestionadas por gente que no cree en ella, lo más probable es que no vayas”.

Ángeles Carmona, la actual presidenta de ese observatorio, recuerda que el concepto de violencia de género está “plasmado en el Convenio de Estambul (2011) que fue ratificado por España (en 2014) y que tiene su reflejo en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista firmado en 2017″. Fue un acuerdo histórico entre todos los grupos políticos, durante el penúltimo año de gobierno de Mariano Rajoy. Desde el punto de vista jurídico, sigue Carmona, la introducción de ese concepto recogido en la legislación “es visible y se aplica por los órganos judiciales”.

Se refiere Carmona a la perspectiva de género con la que se insta a proceder a los miembros de la justicia y en la que se ha avanzado, sobre todo, en los últimos siete años. Pone ejemplos concretos del Tribunal Supremo: “En el ámbito de la violencia machista, han definido como`escenario del miedo` la situación que viven las mujeres y sus hijos e hijas en los casos de maltrato habitual y han constatado la especial crueldad de las acciones perpetradas por el maltratador. Y se ha acordado la aplicación de la agravante de género a los casos de violencia sobre la mujer fuera de la pareja”. Y los progresos no se han limitado al reconocimiento de la violencia contra las mujeres dentro y fuera de las relaciones. Llegó a los menores, a sus hijos e hijas.

La especial protección de los menores que conllevó la especial protección de las mujeres

“La introducción en el año 2015, en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de los menores como víctimas directas de la violencia género, así como la aprobación de la Ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia, ha implicado una mayor protección de los menores frente a la violencia machista que sufren sus madres. De hecho, la última estadística elaborada por el CGPJ refleja un incremento de las medidas de protección de los menores en un 137% en 2021″, añade Carmona.

Recoge la “importancia” de ese cambio Marisa Soleto, jurista, directora de la Fundación Mujeres desde 2001 y miembro del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género desde hace 16 años: “Lo que se dice en ese contexto de guerra cultural que ha iniciado la ultraderecha contra los derechos de las mujeres, que la violencia contra las mujeres funciona en demérito de la protección de otros miembros de la familia, en realidad ha sido al revés”. Explica que “gracias a la denuncia de la violencia de género y a medir cómo la justicia no sabía responder y proteger a las mujeres que estaban sufriendo”, se dieron cuenta de que no solo eran ellas quienes necesitan una protección reforzada.

A todo lo anterior dio respuesta el articulo 173 del Código Penal, “que hace que el delito de maltrato habitual tenga para las mujeres una especial protección, y para cualquier miembro de la familia que sufra violencia en un contexto de abuso de autoridad en las relaciones familiares, eso incluye personas mayores y niños”. Y recuerda Soleto que “quien está poniendo en duda que la violencia contra las madres sea un factor de riesgo contra los hijos acaba provocando que se pongan en duda las medidas de protección respecto de la violencia vicaria para los menores”.

Dice también la jurista que “poner a competir estos dos conceptos a lo único que puede llevar es a valorar casos desde un punto de vista confuso que solo va a perjudicar a la protección de las víctimas”. En ese caos de conceptos que pretende la ultraderecha, y al que ahora parece sumarse la derecha, Miguel Lorente cree que hay una única finalidad: “No quieren que se hable de violencia intrafamiliar, sino que no se hable de violencia de género, porque lo que está en cuestión no es la violencia en sí, sino la estructura que la produce y la sostiene”.

La violencia “no se puede cuestionar”. El forense se refiere a lo palpable —los juzgados y las fiscalías especializadas, las leyes y la jurisprudencia, el sistema VioGén para seguimiento de las víctimas, las Unidades de Valoración Forense Integral—, y a las cifras, y solo son las oficiales.

1.133 asesinadas desde 2003, por ser mujeres; 342 huérfanos desde 2013 y 46 asesinados por violencia vicaria; 120.813 denuncias por violencia machista el pasado año, con la perspectiva de que solo denuncia una de cada cuatro; o los 45 ataques sexuales que se calculan por hora, cada día, en España. “Está ahí”, concluye Lorente, “¿quién la puede negar?, habla sola”.

Violencia de género, vicaria e intrafamiliar o doméstica

La violencia machista es la que se ejerce sobre la mujer por serlo. Tiene unas características específicas que tienen que ver con el rol de dominación del hombre sobre la mujer y el deseo de control sobre esta, su sumisión. Todo su desarrollo está recogido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La violencia vicaria es la que los padres ejercen contra los hijos e hijas con el propósito de hacer el daño más extremo que pueden ejercer sobre la mujer: herir o asesinar a sus hijos e hijas. La Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, de 2021, introdujo un cambio a la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, recogiendo esta violencia de forma explícita: "La violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de los que sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad". 

La violencia doméstica, la intrafamiliar de la que habla Vox como única violencia, es la que se da en las casas, en el hogar. E incluye todas las violencias que se ejercen sobre cualquier miembro de la familia o conviviente, aunque no les unan lazos familiares. Lo recoge y lo engloba todo el Código Penal en dos artículos, el 153 y 173.

 


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Sobre la firma

Isabel Valdés

Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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