Cinco leyes para blindar derechos de más de 24 millones de mujeres antes del fin de la legislatura

Aprobada la ley del ‘solo sí es sí’, el Gobierno quiere dejar cerradas antes de las elecciones las normativas para las personas trans, el aborto, contra la trata, el proxenetismo, además del Plan Corresponsables y contra el racismo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros el pasado 30 de agosto.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros el pasado 30 de agosto.Alberto Ortega - Europa Press (Europa Press)

Poder interrumpir el embarazo en un hospital público si esa es la decisión que se ha tomado; que ningún tribunal pueda preguntar a ninguna mujer si está segura de haberse resistido lo suficiente en una violación; que el consentimiento, la voluntad de las mujeres y los buenos tratos sean el centro de las relaciones sexuales y también afectivas; que las personas transexuales tengan protegidos sus derechos; que la regla deje de ser un tabú y que cuando lleguen tan dolorosas que sean incapacitantes se reconozca y se ampare esa incapacidad; acabar con el negocio de la trata con fines de explotación sexual que esclaviza a miles de mujeres; perseguir a prostituidores y puteros, a los dueños de los locales donde se da y proteger a las víctimas; o que la corresponsabilidad en las familias tenga un respaldo y una estructura de Estado.

Las anteriores son, condensadas, algunas de las cuestiones que rigen las cinco leyes feministas que el Gobierno tiene sobre la mesa y quiere dejar cerradas antes de acabar la legislatura, a finales de 2023. En distintos puntos de tramitación están las normativas para las personas transexuales, el aborto, contra la trata, el proxenetismo. Hasta ahora, ha sido ya aprobada y entrará en vigor en las próximas semanas la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Lo hizo el pasado jueves el Congreso de los Diputados con 205 votos a favor, 141 en contra (84 del PP, 52 de Vox, uno del PNV y cuatro del grupo mixto) y tres abstenciones (dos de la CUP y una de PRC).

La llamada ley del solo sí es sí consagra el consentimiento libre de las mujeres como eje, pone en marcha un itinerario de asistencia integral para las víctimas de violencia sexual e incorpora agravantes como la sumisión química o las agresiones sexuales dentro de la pareja.

La Ley de Libertad Sexual es una de las normas estrella de esta legislatura, pero no la única. El conjunto de todas las que el Ejecutivo tiene en trámite, de aprobarse, posicionará a España como uno de los países con más amparo de derechos, tanto para las mujeres como para colectivos como el LGTBIQ+.

Aquí, un breve repaso a las normativas pendientes.

Ley del aborto

¿En qué estado se encuentra? La reforma de la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo salió la semana pasada del Consejo de Ministros en segunda vuelta y fue remitida el Congreso de los Diputados, donde tendrá que darse el debate parlamentario. De ahí tendrá que pasar al Senado y si la aprueba, quedará la sanción del Rey y su entrada en vigor con la publicación en el Boletín Oficial del Estado. De no aprobarse en la Cámara Alta, tendrá que volver al Congreso.

La esencia de la norma. Esta reforma devuelve la capacidad de decisión autónoma para abortar a las mujeres de 16 y 17 años y aquellas con alguna discapacidad, va encaminada a garantizar el acceso desde la sanidad pública, introduce como derecho la salud menstrual y la educación sexual integral en todas las etapas educativas.

‘Ley trans’

¿En qué estado se encuentra? El pasado 27 de junio, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI fue remitida al Congreso. Al igual que la ley del aborto, tendrá que tener el correspondiente debate en el Parlamento, pasar después al Senado y, si la Cámara Alta la aprueba, quedará la sanción del Rey y su entrada en vigor con la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si no, tendrá que volver al Congreso.

La esencia de la norma. Incluye la autodeterminación de género (que una persona pueda cambiar de nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad), que ha sido el quid de todas las tensiones que se han producido alrededor de esta ley: generó los primeros debates entre los socios de Gobierno, abrió una brecha en parte del movimiento feminista, la objetaron el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también el Consejo de Estado —los órganos consultivos por los que deben pasar los anteproyectos de ley—. Aun así, el Ejecutivo la ha mantenido intacta, con supuestos por edad. Es decir, se permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, por tramos de edad: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.

Ley contra la trata

¿En qué estado se encuentra? El borrador sigue en negociaciones entre los socios de Gobierno. El Ministerio de Igualdad confirma que el texto de la Ley Integral contra la trata con fines de explotación sexual sigue en manos del Ministerio de Justicia: “Tiene la propuesta de Igualdad desde enero de 2022″, explicaban fuentes de Igualdad la semana pasada.

La esencia de la norma. Lo que se conoce hasta ahora es que la normativa tendrá en el centro a las víctimas, sus circunstancias y contará con las herramientas para protegerlas. Prevención, persecución del delito, protección de las víctimas y su reparación y reinserción son los ejes que explican siempre desde el departamento de Irene Montero.

Ley contra el proxenetismo

¿En qué estado se encuentra? El pasado 7 de junio, el Congreso dio luz verde a la proposición de ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas con el apoyo del Partido Popular y el mayoritario, pero roto, de Unidas Podemos. Con 232 votos a favor, 38 en contra (entre ellos ERC y la CUP) y 69 abstenciones (entre las que han estado los diputados de EH Bildu, PNV y Vox). Así, se aprobó el primer paso del trámite que se requiere para avanzar en esta proposición. Desde el Ministerio de Igualdad explican que este texto está en el periodo de presentación de enmiendas, que concluye este miércoles.

La esencia de la norma. Perseguir penalmente el proxenetismo, a los prostituidores, a los dueños de los locales donde se da, y proteger a las víctimas a través de una reforma del Código Penal.

Un plan y una ley más

Además de las cinco normativas anteriores, Igualdad recuerda que desde sus competencias está también en marcha otra normativa, la Ley contra el racismo —Ley orgánica contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia—; “se ha iniciado el trámite y ha finalizado ya la consulta pública previa”, explica una portavoz del ministerio. Y el Plan Corresponsables. ”La primera política pública en materia de conciliación”, describe la misma portavoz, “que está en marcha y en negociación en los Presupuestos Generales del Estado para su ampliación”. 

Ese plan tiene consignados 200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para este 2022, 10 más que el pasado año, el primero de su implantación, y su objetivo es ir “hacia la garantía del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres y desde un enfoque de garantía de derechos universales, al margen de la condición laboral de las personas beneficiarias”.

Para eso, las autonomías son las que ostentan competencias en tres de los cinco ejes en los que el Gobierno estructuró este plan: en la creación de bolsas de cuidado profesional que faciliten la conciliación de familias con hijas e hijos menores de 16 años, en el fomento del empleo y en la certificación de la experiencia profesional de cuidado no formal. Los otros dos, “la sensibilización en materia de corresponsabilidad y la elaboración de un mapa estatal de cuidados que facilite el acceso a la información en materia de cuidados y un banco de buenas prácticas que facilite la orientación de la política pública y el intercambio de experiencias”, queda en manos del Gobierno. 


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Sobre la firma

Isabel Valdés

Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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