Condenadas dos hermanas que criaban ilegalmente 52 yorkshires hacinados en Valladolid

La Policía detectó que los perros se encontraban en pésimas condiciones de salubridad y que las mujeres no tenían licencia

Los yorkshires incautados por la Policía Local de Valladolid en abril de 2020.
Los yorkshires incautados por la Policía Local de Valladolid en abril de 2020.@PoliciaVLL

La vida de 52 perros yorkshire cambió el 23 de abril de 2020. Los cánidos sufrían, hacinados entre excrementos y suciedad, en un local de Valladolid que dos hermanas tenían alquilado. El hedor y los ladridos eran tan recurrentes que los vecinos avisaron a la Policía que, tras sortear los intentos de las mujeres por obstaculizar su trabajo, encontraron a los animales “con aspecto descuidado” escondidos en cajas, jaulas y cubos. Los ejemplares recibieron atención veterinaria y han ido siendo adoptados, mientras que las acusadas han sido condenadas a nueve y 11 meses de cárcel, inhabilitación de varios años para el cuidado animal y el pago de 14.500 euros al Ayuntamiento, que asumió el pago de los cuidados y la estancia en el centro de atención municipal.

La sentencia del juzgado de lo penal 3 de Valladolid recoge un proceso que evidenció la desatención que sufrían los yorkshires, de los cuales 17 eran cachorros. Este dato desmontó la defensa de las dos hermanas, de iniciales A.I.G.C. y M.G.C., que sostenían que las mascotas las habían heredado de su padre, que sí tenía permiso para criarlos, cuando este murió en 2016.

Él tenía las camadas en Ciguñuela, una localidad vallisoletana, pero al fallecer ellas asumieron la custodia y defendieron ante el magistrado que sí había ventilación suficiente y que no criaban a los yorkshires, algo que se desestimó al detectar a los ejemplares jóvenes. Los agentes personados en el local, ubicado en la calle de Santa Clara y donde se amontonaban los 52 perros en 60 metros cuadrados, explicaron así lo que se encontraron: “Se advirtió un fuerte hedor a excrementos, suciedad generalizada, falta de luz natural y ruidos compatibles con la existencia de animales en el interior en alguna de las dependencias existentes”.

A su paso, tras esperar más de dos horas a que las dueñas del lugar les abrieran la puerta, localizaron a los canes “completamente descuidados, hacinados uno encima de otro en una de las dependencias, la inmensa mayoría de ellos tapados para ocultar su presencia, en pequeñas jaulas y transportines y algunos en cubos de plástico y cajas de cartón, estas deshechas en su parte inferior por la acumulación de heces y orín”.

Los análisis médicos a los que se expusieron los yorkshires revelaron que tenían “nudos y excrementos” en el pelo, por lo que fueron rasurados, deformidades en sus extremidades por la escasez de espacio para moverse y el casi nulo contacto con la calle y falta de paseos, dermatitis derivada de “falta de aseo”, daños en los ojos, sarro y dolencias en los dientes por no ser higienizados, hipersensibilidad luminosa por habitar un espacio umbrío y dificultades motrices por falta de “hábito de movimiento”.

Tanto la veterinaria municipal como una con la que el Consistorio mantiene un convenio detectaron graves lesiones en los 52 perros, incluso con una hembra de ocho años sin apenas dientes, lo que revelaba que el estado del grupo no era circunstancial.

El pronunciamiento judicial insta a comparar las pésimas condiciones que padecían los animales con cómo estaría un humano en ese caso: “Imaginemos a una persona a la que se proporciona agua y comida pero, al menos durante mes y medio reconocido por las acusadas, se le deja encerrada en un espacio en el que no puede moverse, sin posibilidad de hacer uso de instalaciones sanitarias, sin poder asearse durante ese periodo de tiempo, sin salir a la calle, sin luz natural, sin ventilación, sin asistencia médica. Nadie dudaría de calificar de inhumanas, o subhumanas, las condiciones del encierro sufrido”. Las dos hermanas, según el propietario del inmueble arrendado, llevaban meses sin pagar la renta, lo cual ratifica que esta actividad irregular acontecía desde mucho antes que lo sostenido por ellas ante el tribunal.

Las condenadas insistieron en que los yorkshires recibían observación veterinaria, aunque no revelaron la identidad de ese supuesto especialista. Ambas presentaron ante el juez “meros cuadernillos personales” con un “hipotético control de animales sin identificar y sin nombre, lo que hace inviable imaginar el control de 50 animales a simple vista para saber a cuál de ellos había que administrarle vacunas o no”. Este registro casero apenas recibió credibilidad, si bien el magistrado sí ha considerado que A.I.G.C. acusaba el conocido como “síndrome de Noé”, que propicia la obsesión y acumulación de animales, como en este caso.

Por eso, a ella le impone nueve meses de prisión y dos años y cinco meses de inhabilitación, contra 11 meses de cárcel y dos años y nueve meses de inhabilitación para la otra hermana por la comisión del artículo 337 del Código Penal, que alude al maltrato animal. Ambas deberán pagar al Ayuntamiento de Valladolid 14.559,67 euros por el pago veterinario y la atención posterior. Los perros finalmente fueron requisados y, tras sanarlos y cuidarlos en el centro de atención municipal, fueron encontrando hogares adoptivos. Los primeros movimientos que hacían, una vez recuperada la libertad, eran circulares: se habían acostumbrado a no poder caminar.

Sobre la firma

Juan Navarro

Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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