El Gobierno crea un mecanismo de urgencia para el reconocimiento de la discapacidad para enfermos de ELA y refugiados

El Consejo de Ministros actualiza el baremo nacional, que llevaba dos décadas sin sufrir cambios

Protesta el pasado mayor contra la larga espera para disponer de una valoración de discapacidad, este martes frente al Ministerio de Derechos Sociales, en Madrid.
Protesta el pasado mayor contra la larga espera para disponer de una valoración de discapacidad, este martes frente al Ministerio de Derechos Sociales, en Madrid.KIKE PARA

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. “Este nuevo baremo de la valoración de la discapacidad sustituye al que estaba en vigor desde 1999″, ha explicado el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado. Este departamento asegura que con el real decreto “se da respuesta a una demanda de las personas con discapacidad que llevaba bloqueada 10 años”. Además, con la norma se pone en marcha de un trámite de urgencia para calificar el grado de discapacidad “en causas humanitarias o de especial necesidad social, de salud o de esperanza de vida, ya que hay personas como los y las pacientes de ELA que no pueden esperar”, prosigue el comunicado.

Ese trámite de urgencia por causas humanitarias o de especial necesidad social o de salud y de esperanza de vida incluye a las víctimas de zonas en guerra y personas con enfermedades degenerativas, como la ELA, según explica el ministerio. También se incluye en esta reducción de plazos a las mujeres víctimas de violencia de género, ya que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, “el 17,5% tienen una discapacidad ocasionada por esta violencia”, afirma Derechos Sociales. “Los menores con discapacidad ejercerán sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de edad o discapacidad, recibirán asistencia y apoyos adaptados a sus circunstancias y tendrán el mismo derecho que los adultos a ser informados y escuchados”, añade este departamento.

En España, 4,32 millones de personas afirmaban tener alguna discapacidad en 2020, según una encuesta del INE. Según datos del Imserso de ese mismo año, 3,25 millones tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%, umbral a partir del cual se tiene derecho a determinadas ayudas. La diferencia es de más de un millón. Por ello, las organizaciones apremian a las comunidades autónomas, competentes en la gestión, a agilizar los trámites, y al Ministerio de Derechos Sociales a aprobar el nuevo baremo, que ha salido adelante este martes en el Consejo de Ministros.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) lamentaba hace unos meses, en una protesta organizada en 18 ciudades simultáneamente, que este baremo llevaba más de 20 años sin sufrir cambios y estaba desactualizado, dado que no se adaptaba a la Convención de la ONU de Derechos de las personas con Discapacidad, ratificada en España en 2008. El tiempo medio hasta que se resuelven los casos, según un estudio de Cocemfe, es de más de 11 meses, pero hay diferencias por autonomías y hay quien ha sufrido una demora de hasta tres años. Según resaltan tanto esta organización como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), hay disfunciones del baremo que ahora se actualiza, que no permite evaluar bien el estado de personas que sufren enfermedades que cursan con brotes, y es preciso pasar de una concepción puramente médica a una más social, que tenga en cuenta factores ambientales y del contexto de las personas que tienen una discapacidad.

El asunto llevaba desde 2012 encima de la mesa, según aclaró Derechos Sociales hace unos meses. La ministra ha insistido este martes, en un vídeo difundido en redes sociales, en que el nuevo baremo es “una demanda histórica”. “Por fin terminamos con esa situación aprobando un nuevo baremo con criterios más objetivos, más precisos y más humanos, los trámites van a ser más ágiles y flexibles”, ha añadido.

Este real decreto establece unos criterios objetivos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en todo el país, “garantizando con ello el acceso en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía”, añade la nota del ministerio. Además, “proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y de los componentes sociales y económicos que impactan en la persona, garantizando una descripción más precisa y completa del grado de discapacidad que redunda en una mayor eficiencia y transparencia”. A partir de ahora, según el comunicado, “este nuevo baremo permitirá realizar una valoración y calificación más certera de realidades que causan discapacidad como las discapacidades psicosociales, el autismo o las enfermedades raras”.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS