La reducción de penas por la ley del ‘solo sí es sí’ plantea otra sacudida en el movimiento feminista

En los últimos meses las legislaciones en marcha han provocado tensiones y agitación que han llegado hasta la ruptura en el caso de la llamada ‘ley trans’ y que ahora se agudizan tras las rebajas penales como fruto de la reforma del Código Penal

La marcha del 8M de 2022 en la capital vizcaína.
La marcha del 8M de 2022 en la capital vizcaína.Fernando Domingo-Aldama

Nunca han sido tiempos tranquilos para el feminismo, pero desde hace un tiempo la agitación es prácticamente constante. A veces esa agitación ha supuesto una lucha de dentro hacia fuera (La Manada, las amenazas al derecho al aborto), y otras hacia fuera y a la vez interna (la abolición de la prostitución, la llamada ley trans). Los debates abiertos giran sobre todo en torno a las legislaciones en marcha: la reforma de la normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de trata o el proxenetismo. Pero, entre todas ellas, ha sido la ley trans la que más ha zarandeado al movimiento —que fue capaz de ser epicentro global de la igualdad hace solo cuatro años, el 8-M de 2018, y que acabó caminando separado este año—; y por la que se ha llegado hasta la ruptura entre quienes están a favor de la legislación y creen que otorgar derechos al colectivo trans no merma derechos a las mujeres y quienes están en contra y opinan que sí lo hará y supondrá un borrado del sexo femenino. Ahora, con esta batalla activa desde hace meses y casi a diario, las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual están alimentando el fuego encendido.

Las cuestiones no son las mismas. Una es un proyecto de ley aún en trámite con un claro componente político que se ha reflejado no solo en las aristas que ha provocado en el Parlamento, sino en el Gobierno de coalición y también dentro del propio partido socialista. Y la otra es una normativa aprobada el pasado 25 de agosto que el Congreso apoyó con una amplia mayoría —con 205 votos a favor, 141 en contra y tres abstenciones—, y que ha sido el resultado final de una petición social, de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, tras las primeras decisiones judiciales que hubo en el caso de La Manada.

Irene Montero durante una entrevista en Cadena SERVídeo: EPV

Es ahora una de sus consecuencias, las rebajas en las penas como consecuencia de la reforma del Código Penal que conllevó esa normativa —los reos tienen derecho a que sus penas se revisen cuando una nueva ley las rebaja si resulta más favorable para su caso—, la que ha provocado en las últimas 48 horas cruces de acusaciones, recordatorios de advertencias pasadas y algunos posicionamientos estrictos relacionados con cuestiones técnicas y también políticas, estas últimas coincidentes en parte con la división creada alrededor de la ley trans.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, una organización que se formó contra el proyecto para el colectivo trans, opina que “se han ignorado las alarmas del movimiento de mujeres y despreciado las advertencias de las juristas”, han publicado en su cuenta de Twitter. “En la ley trans aún hay tiempo. Haría bien el Gobierno en rectificar antes de volver a equivocarse”, añadían en ese mismo post. Y Laura Freixas, miembro de la Alianza y en la misma plataforma, ha escrito en ese sentido: “Vaya chapuza. Y encima quieren echarle la culpa a terceros. ¿A quién se la echarán cuando, amparándose en la ley trans, hombres ocupen puestos de mujeres en listas paritarias, ganen premios deportivos destinados a mujeres...? Porque mira que las feministas hemos advertido...”.

Ese aviso también lo ha recordado la socialista Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres, que respondió este miércoles sobre esta cuestión en una jornada en A Coruña sobre mujeres emprendedoras. A preguntas de los periodistas, ha asegurado que cuando se conoció el texto “muchas mujeres”, sobre todo expertas juristas, advirtieron “de que esto podía suceder”.

Las ‘grietas’ de la norma

Uno de esos colectivos fueron Mujeres Juristas Themis. Afirma Pino de la Nuez, su presidenta, que “la ley se podía haber redactado de otra forma y evitar este problema”. “En puridad jurídica, tendría que haberse contemplado una cuestión que ya se había planteado por nuestra parte, que algo podía pasar con esta rebaja en las penas básicas en los casos de [delitos sexuales contra] menores de 16″, añade este miércoles por la tarde. Para la agresión con penetración, las condenas se han rebajado tanto para cuando no exista violencia, intimidación, abuso de superioridad o vulnerabilidad de la víctima (de entre seis y 12 años de cárcel ahora, frente a la de entre ocho y 12 años de prisión con el modelo anterior), como para cuando sí existan esas circunstancias (de 12 a 15 años antes, a una horquilla de 10 a 15).

Además, añade De la Nuez, “tampoco se contempló una disposición transitoria [habitual cuando se hace una reforma penal] que dijera cómo iba a ser aplicable” la revisión de esas condenas. Eso, según la experta, ha provocado que se “abra la puerta” a esas reducciones, que ya se cifran en al menos tres excarcelaciones y 11 rebajas en España.

No vuelca sin embargo la responsabilidad completa en el Ministerio de Igualdad, que se ha convertido en las últimas horas en el centro casi único de las críticas, y que a su vez ha responsabilizado de esas reducciones a una “justicia machista” y “una interpretación de la ley” sin perspectiva de género. “Ahora mismo hay una crítica por parte del Gobierno en uno y otro sentido y creo que ambas tienen parte de razón”, dice en relación al cruce de afirmaciones que ha habido entre Irene Montero, ministra de Igualdad, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda. “Cierto es que la autocrítica tiene que hacerse por parte de judicatura y magistratura siempre, pero en el código jurídico nos tenemos que ceñir a los textos legales, y nuestra Constitución y nuestro Código Penal da la posibilidad de esas revisiones de condenas”, concluye la jurista.

Elisa Martínez, coordinara del equipo jurídico de Feministes de Cataluña, suma “el enfoque electoralista” que cree que se le ha dado a la ley. “No se ha ido a hacer buena técnica jurídica. Esto no se trata de que los jueces hagan una revisión machista, es que no hay interpretación posible. Si se impone la pena mínima para un delito concreto, esa pena mínima automáticamente se rebaja con la revisión”, afirma.

Y en este agujero que se ha abierto en torno a la ley del solo sí es sí, hay también quien hace una panorámica de toda la normativa, sin obviar las rebajas, pero enfocando también hacia el resto de aspectos que cubre. “La ley es mucho más que la rebaja de la condena derivada de la unificación de los delitos de agresión y abuso sexual. La aplicación de esos dos tipos desdoblados perjudicaba seriamente a las mujeres en relación a los hombres”, asegura Gloria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, recordando que con la legislación anterior la diferencia entre abuso o agresión radicaba en si había existido violencia o intimidación.

“Ellas están socializadas en la sumisión y la dependencia, por lo que la mayoría de las veces no era necesaria la violencia para agredirlas sexualmente. Esta ley ya no discrimina a las mujeres, reconoce el hecho delictivo, haya o no violencia, basado solo en el consentimiento de las mujeres”, ahonda. E insiste en que “esta grieta no anula todo lo positivo y el avance de la ley”.

La cuestión del punitivismo

Y la jueza toca también algo que reconoce delicado de explicar y de asumir socialmente: la cuestión de cuándo es alta o baja una condena de cárcel. El punitivismo. Este martes, Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y vocal permanente de la Comisión General de Codificación que estudia los cambios del Código Penal, recordaba que “las penas, en general, de los delitos sexuales en España son desde el siglo XIX muy elevadas respecto a los países de nuestro entorno, y también de forma interna, y eso es una anomalía que ha persistido”. Y ponía el ejemplo del homicidio y la violación, con penas de 15 años. En ese sentido, Poyatos cree que “hay que abordar la violencia sexual desde la prevención para evitar este tipo de delincuencia, y no tanto desde la punición”.

El mismo argumento que defiende parte del movimiento feminista. Entre ellas, Clara Serra, que recordaba la noche de este miércoles en un hilo de Twitter que “la reforma de esta ley ha sido criticada por numerosas feministas porque consideramos que implica un aumento del punitivismo y supone una ampliación de las conductas delictivas: endurece penas anteriores e introduce castigos que antes no existían”. Por ejemplo, el acoso callejero.

La reducción de las condenas, que es algo en lo que todas coinciden que no es lo que se pretendía, es para Serra “el resultado de la improvisación, las prisas y la falta de escucha de los informes expertos, que siempre, aunque vinieran de la judicatura progresista, se han calificado como machistas por parte del Ministerio [de Igualdad]”. Cree que “si hay errores es una buena ocasión para parar, recapacitar, enmendar y mejorar” y que lo que está sucediendo no ha de tratarse como un “estás conmigo o contra mí, sino de qué políticas no benefician a las mujeres y a la sociedad en su conjunto. El debate sobre las penas nos mete de lleno en el marco de la derecha, lo hizo en su momento y lo hace ahora. Entrar en ello es una trampa mortal”.

A todas ahora les preocupa una misma cuestión: el dolor que puede generar a las víctimas estas rebajas en las condenas, la revictimización que pueden suponer para ellas y cómo puede darse solución a todo lo anterior. “La situación que se quiere legislar unificando esos dos tipos [abuso y agresión] es un paso adelante, pero ahora estudiemos sentencia por sentencia y caso por caso. Es un panorama poco deseable para las víctimas, a las que ya les cuesta de primeras denunciar y meterse en un proceso judicial”, cierra Pino de la Nuez.


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Sobre la firma

Isabel Valdés

Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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