Igualdad se enroca en la defensa de la ley del ‘solo sí es sí': “No hay ninguna brecha ni laguna”

Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, urge a los poderes a buscar una solución “rápida” ante el “grave problema” derivado de la aplicación de la norma

La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en el Ministerio de Igualdad, este viernes.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en el Ministerio de Igualdad, este viernes.Carlos Luján (Europa Press)

Igualdad se mantiene. Después de tres días de marejada en los que se han empezado a conocer las primeras reducciones de penas y excarcelaciones de agresores sexuales tras las revisiones de sus condenas por la ley del solo sí es sí, el argumento del Ministerio, aunque se ha calmado en el tono, no ha cambiado. “No hay brecha. Si hubiera brecha, soy la primera que la reconozco, y la cambiamos. Pero no hay ninguna brecha y ninguna laguna”, ha dicho la mañana de este viernes Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Desde que este martes se conoció la primera resolución que bajaba la pena de ocho a seis años de cárcel a un padrastro que había “abusado” de la hija de su pareja, de 13 años, con tocamientos e introduciéndole el pene en la boca, el goteo ha sido continuado. Tres excarcelaciones y más de una docena de rebajas en las condenas y un debate social, jurídico y político en el que se han cruzado acusaciones entre Igualdad, el ámbito judicial, el bloque de derechas y asociaciones de jueces y juezas.

Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso y exvicepresidenta del Gobierno, ha urgido este viernes a todos los poderes del Estado a buscar una solución “rápida” ante el “grave problema” derivado de la aplicación de la ley del solo sí es sí, informa Efe. En declaraciones a los periodistas en Granada, se ha referido al “problema evidente” que supone que la entrada en vigor de la ley implique la rebaja de penas y la excarcelación de delincuentes que han agredido a mujeres y menores. “Si una sociedad no considera que esto es gravísimo y se dispone rápidamente entre todos a encontrar soluciones, es que estamos errando definitivamente el tiro”, ha advertido Calvo.

El Ministerio de Igualdad asegura que no existe ningún agujero en la ley y que todo se debe a una aplicación sin perspectiva de género de los jueces. La judicatura reaccionó ante las acusaciones de la ministra, Irene Montero, sobre el machismo generalizado en su ámbito. Diversos penalistas y especialistas sí creen que existe esa grieta que rechaza Igualdad, y aluden a que se habría solucionado con una disposición transitoria, habitual en las reformas del Código Penal, que sirve para limitar efectos no deseados producto de la retroactividad de la norma cuando favorece al reo.

“Dichos jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable esta ley cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del Código”, dice esa disposición.

Rosell ha insistido en que esa disposición “no falta”. Argumenta que “desde hace años” el derecho transitorio español ya tiene disposiciones que cubren esta cuestión. En concreto, la quinta del Código Penal, que incluye: “En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código”.

“En este caso no era conveniente que cambiara [las disposiciones transitorias] para que no diera lugar a distintas interpretaciones, para que no diera la inseguridad jurídica que dan distintas sentencias, y que es igual en todo el territorio, tanto en La Rioja como en Madrid”, ha afirmado Rosell en referencia a la disparidad de las revisiones a las que las audiencias provinciales han procedido esta semana. Mientras que en Madrid se han rebajado las penas al menos a cuatro condenados, en La Rioja la Audiencia se ha acogido hasta ahora a la citada disposición quinta del Código Penal para no modificar las condenas.

“En la Audiencia Provincial tenemos cinco magistrados, pero solo una sala. Nuestro presidente en funciones adoptó la decisión de que se revisaran todas de oficio. Las va distribuyendo a los magistrados y se oye a las partes, se recaba informe fiscal y se resuelve. Ya se han revisado 54 y aún no ha habido ninguna rebaja de pena, pero no quiere decir que en las que quedan no se vaya a producir”, ha explicado Javier Marca, el presidente del TSJ de La Rioja en una entrevista a este diario. “En mi opinión, las que entren dentro de la horquilla [de la nueva ley] no son revisables porque ha de aplicarse la disposición transitoria quinta del Código Penal que dice que no se revisa la pena cuando también sea imponible conforme al nuevo código”, ha añadido.

En los casos en los que la condena se ha rebajado, Rosell ha insistido que son lo que ellas [Igualdad] consideran “errores judiciales claros” debidos a una aplicación “sin calma, precipitada, sin reflexión y sin una buena lectura de la ley, hecha de forma automática”.

Sobre cómo se corrige esto, el Gobierno no es ahora “quien tiene que hablar”, según Rosell. “Los errores que creemos que ha habido, no pidan por favor que los corrija el Gobierno. Dejemos hablar al Poder Judicial, que se pronuncie el Tribunal Supremo, que supongo que responderá a la necesidad de unas normas claras y que seguirá su doctrina, y a la Fiscalía, que ayer [por el jueves] dijo que lo haría poniendo en el centro a las víctimas”. Decenas de mujeres que ya han visto con confusión e inquietud que la nueva ley, nacida con el objetivo de protegerlas, ha rebajado las penas a sus agresores y las vuelve a colocar en un escenario que las expertas llaman de reexperimentación y revictimización.



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Sobre la firma

Isabel Valdés

Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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